Sumando Voces
Cuatro relatores de Naciones Unidas enviaron una contundente comunicación al gobierno de Nicolás Maduro, en la que alertan que el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y afines, pone contra la pared a estas organizaciones, vulnera los derechos humanos y pasa por alto la normativa internacional sobre la materia.
“Estimamos que, de aprobarse este proyecto de ley, las ONGs tendrían dificultades para seguir funcionando libre y eficazmente”, indican en su comunicación fechada el 21 de septiembre de este año, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
El citado proyecto fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 25 de enero de 2023. “De aprobarse como ley en su versión actual, este proyecto podría afectar al ejercicio de los derechos humanos, principalmente el derecho a la libertad de asociación, así como los derechos de las personas que participan y se benefician de las actividades de organizaciones constituidas como diferentes tipos de asociaciones”, indica la carta.
Los cuatro relatores indican que “el proyecto de ley parece plantear restricciones incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de asociación, la libertad de participar en los asuntos públicos, la libertad de expresión y el pleno acceso a los derechos económicos y sociales de las personas que trabajan en las ONGs o que se benefician de su actividad en ámbitos tan variados como la defensa legal, la salud, la educación o la alimentación”.
En ese marco, instan al gobierno de Maduro a reexaminar la regulación relativa al registro, control y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales “a fin de considerar la necesidad de adoptar un nuevo marco legal, y en caso de ser necesario, desarrollar una norma que facilite el desarrollo de sus actividades, en un contexto de transparencia y legalidad, valorando al aporte que efectúan a la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho y el sistema democrático”.
Agregan que la protección del derecho a la libertad de asociación es clave para dar una respuesta efectiva a los múltiples retos que enfrenta Venezuela. “Este derecho, es un instrumento valioso que puede utilizarse, y se han utilizado, para reconocer y hacer realidad una amplia gama de otros derechos, incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido, en particular, el derecho a la libertad de opinión y de expresión. “Junto con los derechos a la libertad de expresión y a la participación en los asuntos públicos, estos derechos son componentes esenciales de las sociedades democráticas, ya que les permiten responder a las necesidades, los derechos y los deseos de sus poblaciones”.
El tratamiento de este proyecto de ley ocurre en momentos en que diversos gobiernos se han dado a la tarea de restringir el espacio cívico de sus respectivos países, como Nicaragua, donde más de 3 mil organizaciones de la sociedad civil fueron clausuradas, o la misma Bolivia, donde las ONGs tienen dificultades para renovar sus personerías jurídicas.
En enero de este año, la Misión de investigación de la ONU para Venezuela, alertó que la citada ley puede ser un punto de no retorno para el cierre del espacio cívico. “De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
Entre tanto, Francisco Cox, experto de la Misión, agregó que “la regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas. La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación”.
Según una nota de prensa de la Misión, “las investigaciones en curso de la Misión de la ONU evidencian que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, tanto jurídicas como operativas, incluyendo en el aspecto clave de la financiación. Sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”.
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