Cinco datos clave
- Un atlas realizado por la Fundación del Río expone el avance de las concesiones mineras en más de 680.000 hectáreas.
- La investigación también destaca las afectaciones a 163 ríos y 80 quebradas en territorios ancestrales que suman 1.894 kilómetros de redes hídricas.
- En algunos casos, las concesiones mineras ocupan más del 80 % de los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
- Este mapa formó parte de las denuncias presentadas el 3 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y confirma el avance de la minería china en le país.
Por Mongabay
La expansión de la minería en Nicaragua avanza no sólo sobre áreas naturales, sino también en al menos 18 territorios indígenas y afrodescendientes que en algunos casos incluso ven comprometidas la mayoría de sus tierras. Así surge de un atlas dado a conocer por la Fundación del Río que mapea 62 lotes mineros sobre más de 681 574 hectáreas de pueblos originarios.
Esta herramienta ubica en el mapa la concesión minera, su extensión y el origen del capital que se beneficia de ella. Además, muestra el posible impacto que estas licencias están generando en 163 ríos, 80 quebradas y más de 1894 kilómetros de redes hídricas, de las cuales poblaciones indígenas y afrodescendientes dependen para beber, pescar, navegar, cultivar y mantener sus medios de vida. La minería de oro está asociada a la contaminación de los cuerpos de agua por el uso de mercurio y cianuro.
Si bien el crecimiento de la minería en el país ha sido documentada por organizaciones civiles, autores del atlas y defensores de derechos humanos consultados por Mongabay Latam destacan que el mapa ha permitido a la comunidades dimensionar el impacto de las concesiones mineras en sus territorios.
Esta documentación también fue parte de las denuncias presentadas el 3 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia pública en la que Fundación del Río, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos alertaron sobre el aumento en las concesiones otorgadas bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua sin garantizar el proceso de consulta previa, libre e informada.
También han señalado cómo la expansión minera se ha dado ante el debilitamiento de los controles ambientales, invasiones de colonos a áreas protegidas, así como la violencia, desplazamiento forzado y la criminalización de liderazgos comunitarios que se resisten a esta dinámica de explotación territorial.
Desde mayo de 2025, el régimen político en Nicaragua impulsó reformas que modificaron las leyes de protección para las áreas naturales del país para facilitar el “aprovechamiento” de recursos naturales, incluyendo la minería. Entre esos cambios está un decreto presidencial que eliminó la consulta pública en el Sistema de Evaluación Ambiental de permisos y autorizaciones para el uso de los recursos naturales, incluso en territorios indígenas y afrodescendientes.
Concesiones mineras en territorios indígenas
El análisis de este mapa minero identifica que algunos de los 18 territorios indígenas y afrodescendientes son afectados en mayor proporción por concesiones mineras, principalmente originarias de China, Canadá, Colombia y de capitales nacionales.
De acuerdo con este mapeo, hay zonas que sufren mayores presiones de la industria minera. Un ejemplo es Tuahka Takaln Balna, un territorio del pueblo mayangna en el noreste de Nicaragua, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Más del 88 % de sus 54 556 hectáreas están concesionadas a mineras y empresas extranjeras.
Estas concesiones, señala el atlas minero, afectan de forma directa una quebrada y 12 ríos, para un total de 142.94 kilómetros de longitud de la red hídrica superficial. En estos territorios viven 14 comunidades indígenas, con una población estimada de 8716 habitantes.
En la misma región está Tasba Pri Matriz Indígena, donde habitan 29 comunidades del pueblo miskitu, con 8484 habitantes y donde se han otorgado siete lotes de concesiones mineras que cubren más del 83 % de su territorio. Además, se superponen a siete quebradas y 11 ríos, sumando cerca de 189 kilómetros red hídrica superficial impactados.
Esto también ocurre con comunidades chorotegas al norte del país, donde 10 concesiones mineras ocupan más de la mitad de su territorio. En otro caso, 75 comunidades del pueblo matagalpa tienen cuatro concesiones a empresas chinas y canadienses que abarcan 50.05 % de su territorio y afectan de forma directa a 24 quebradas y 30 ríos, según la investigación.
Para Amaru Ruíz, presidente de Fundación del Río, el mapa revela un reordenamiento de los derechos mineros en el país para presuntamente favorecer a compañías chinas, a partir de 2024.
“Han cancelado concesiones, han cambiado de empresas, han cerrado otros derechos, sobre todo para beneficiar la entrada de empresas mineras chinas. Había empresas que nunca desarrollaron actividad minera y estaban atrasando el proceso de otras empresas interesadas en extraer o desarrollar ese proceso en ese lote que ya había sido concesionado”, explica el directivo.
Mongabay Latam se comunicó con la embajada china en Nicaragua para conocer la posición de la oficina comercial con respecto a los señalamientos a mineras de su país pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
En abril pasado, este medio también consultó a la embajada de China en Nicaragua para tener su posicionamiento ante la expansión de mineras chinas en territorios indígenas que no habían sido consultados bajo estándares internacionales. En su momento, la representación del gobierno chino aseguro que las empresas estaban conformadas acorde a las leyes nicaragüenses, que su escala de producción dista mucho de otras empresas provenientes de Estados Unidos o Europa y que las empresas de origen chino han cumplido con las leyes y regulaciones locales.
“Antes de obtener las concesiones, han realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes y han conseguido la autorización de las autoridades nicaragüenses… el gobierno chino exige de manera constante a sus empresas y ciudadanos en el exterior que respeten estrictamente las leyes y regulaciones locales, así como las costumbres y culturas tradicionales, y que cumplan con su responsabilidad social. Al mismo tiempo, el gobierno chino se opone a cualquier práctica discriminatoria contra las empresas chinas”, respondió la oficina diplomática a Mongabay Latam y descartó presuntas irregularidades cometidas por mineras de este país.
Ruiz explica que la organización ha logrado documentar las entregas de concesiones mineras y mapearlas, pese a los vacíos de información oficial, al seguir los registros de la Gaceta oficial, lo que ha permitido armar una base de datos de los permisos otorgados que está en constante actualización.
Lo que ofrece el atlas, dice Ruiz, es una ubicación geográfica de las concesiones mineras en Nicaragua. “¿Hay más concesiones? Sí, pero lo que nos interesa en esta parte es determinar cuántas hectáreas hay dentro de territorios indígenas, qué empresas hay, qué lotes existen, etcétera”, agrega.
De los 62 lotes analizados sobre territorios indígenas y afrodescendientes, 24 son chinos; 15 canadienses; 11 colombianos; seis nicaragüenses; y otros seis de reserva minera, controlada por el Estado.
Esto coincide con la expansión de la minería china, como publicó Mongabay Latam en base a una investigación de la misma organización en Nicaragua, donde el régimen Ortega- Murillo ha facilitado la explotación de una superficie que representaba el 8.5 % del territorio nacional, hasta mayo de 2026, sin embargo las concesiones han aumentado. Actualmente, los números se incrementaron.
“Nosotros llevamos contabilizado, a la fecha, 84 concesiones mineras a 22 empresas chinas. Estamos hablando de 1.27 millones [de hectáreas], 10 % de la superficie territorial del país”, agrega el investigador.
Ruíz agrega que estas concesiones están siendo avaladas por gobiernos territoriales y no por las comunidades indígenas quienes, asegura, no son consultadas y tampoco son parte de los beneficios.
“El proceso de consulta basado en las normativas internacionales no fue cumplido. El derecho indígena reside en la asamblea comunal. Esos gobiernos territoriales han sido impuestos o les han creado gobiernos paralelos para permitir y avalar la actividad minera”, señala el defensor.
Agrega que al presentar el mapa a liderazgos indígenas de Nicaragua, varios de ellos desconocían la presencia y el impacto de las operaciones mineras en sus territorios. “[Las empresas] no les presentan cómo se va a desarrollar el proyecto y cuánta ganancia van a tener. No hablan de los beneficios económicos”, sostiene.
Por este motivo, el presidente de la Fundación del Río comenta que uno de los objetivos con este mapeo es que las comunidades tengan acceso a información sobre los impactos a los que son sometidos sus territorios.
“Apuntamos a que la gente tenga información que pueda cuestionar y que incluso tengan cierta información con la que logren negociar. La gente tiene miedo de protestar”, afirma Ruiz.
Mongabay Latam intentó contactar al Ministerio de Energía de Nicaragua para tener su versión sobre las afectaciones a pueblos indígenas y afrodescendientes por la concesiones mineras en sus territorios. Sin embargo no se ha tenido ninguna respuesta.
Impactos que van más allá de las comunidades
Durante los años de expansión minera en Nicaragua, especialmente para la extracción de oro, defensores de derechos humanos han alertado los riesgos que implica esta actividad para las comunidades indígenas y afrodescendientes por la posible contaminación de ríos y suelos si se utiliza mercurio y cianuro para procesar el metal.
Una defensora de pueblos indígenas de Nicaragua que vive en el exilio señala: “Es importante que con este atlas las comunidades tengan más información, porque no han habido consultas de ningún tipo, mucho menos libres, previas, informadas, como requiere la legislación nacional y los estándares internacionales”, sostiene la defensora que pide el anonimato por cuestiones de seguridad.
Un estudio realizado por la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN) en 2025 advierte que mujeres de las comunidades indígenas de Li Lamni y Li Auhbra que viven a lo largo del río Wangki, conocido como río Coco, en la frontera norte con Honduras, tienen niveles promedio de mercurio que exceden los límites de seguridad.
En el caso de Li Lamni, donde varias integrantes de sus comunidades se dedican a “lavar oro” con mercurio de la minería artesanal, 88 % de las participantes excedieron el nivel de referencia de una parte por millón (ppm).
El mapeo no registra la actividad de la minería artesanal, sin embargo las personas defensoras consultadas sostienen que está estrechamente vinculada con la minería industrial, debido a que quienes se dedican a ella venden el material a las industrias para su procesamiento.
“En el caso de los territorios indígenas, los mineros artesanales por lo general son invasores. Entonces hay una relación directa entre la invasión a esos territorios y las actividades de extracción minera. No está regularizada, pero, además, por las prácticas que genera, es ilegal, es decir, no hay seguro social, no pagan impuestos, hay trabajo infantil y contaminación”, explica Ruiz.
Una herramienta, ante la violencia y el despojo
La defensora de pueblos indígenas menciona que en diversos territorios, como el Mayangna Sauni As, ubicado en la Reserva de la Biosfera de Bosawás de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, se ha monitoreado el aumento de violencia junto con la incursión de minería ilegal de oro.
“Los líderes y las lideresas decían que la violencia en ese territorio coincide con la llegada de las empresas mineras. La violencia en las regiones autónomas con los colonos que invaden se exacerba en 2015”, advierte la defensora.
Sostiene que la violencia ejercida contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes va más allá de ocupar el territorio, pues implica afectaciones a sus medios de vida.
“La violencia que ejercen para invadir los territorios causa inseguridad alimentaria porque les usurpan sus siembras, los ríos donde pescan, los bosques donde cazan. Los presos que hay son líderes indígenas, guardabosques que se han opuesto a la invasión”, dice la defensora a Mongabay Latam.
Un monitoreo hecho por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) en el territorio Mayangna Sauni As detectó 30 asesinatos, 477 personas indígenas violentadas por colonos y 18 detenciones de personas indígenas entre 2013 y 2025.
Ruiz explica que el atlas minero también busca ser un instrumento que no solo se actualice sino que también ayude a eventualmente hacer una revisión de las concesiones mineras otorgadas en territorios que deberían estar protegidos.
“Para nosotros representa también un proceso de memoria y evidencia frente a un eventual cambio en el contexto político del país, que permita la revisión de esa de esas concesiones”, sostiene el defensor quien presentó los hallazgos de este mapa el pasado 3 de agosto en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
*Imagen principal: la expansión de la minería en Nicaragua se ha dado sobre al menos 18 territorios indígenas y afrodescendientes mediante la concesión de 62 lotes. Foto: cortesía Fundación del Río
