Bloqueos en Bolivia. Foto: Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que los recientes 53 días de conflictividad dejaron como una de sus principales consecuencias la profundización de la fractura social, reflejada en el incremento de discursos de odio, racismo, discriminación y una creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado.
En ese contexto, la autoridad exhortó a la institucionalidad estatal a activar el Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, con el propósito de diseñar e implementar una política integral que priorice la educación y la prevención como herramientas para enfrentar estas problemáticas.
«Durante este periodo de conflictividad hemos elaborado un reporte en el que identificamos diversos hechos relacionados con discursos de odio e incitación a la violencia. Este informe fue remitido a las instancias competentes, solicitando y recomendando la adopción de acciones. El punto central es la activación del Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, porque es el espacio donde confluyen ministerios y sociedad civil para planificar acciones que permitan prevenir estas situaciones», afirmó Callisaya durante una entrevista en un medio de comunicación.
El Defensor del Pueblo también señaló que en el conflicto se evidenció una peligrosa escalada de la polarización, que llevó a la sociedad a escenarios cercanos al enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos. Asimismo, recordó que la propia Defensoría del Pueblo fue objeto de ataques y presiones por parte de distintos sectores. Entre estos hechos se registraron daños a sus instalaciones en la ciudad de El Alto y la ocupación de oficinas por un grupo que instaló una medida de protesta, circunstancias que reflejan el complejo contexto en el que la institución desarrolló su labor de defensa y protección de los derechos humanos.
Frente a estos escenarios, el Defensor del Pueblo anunció el inicio de una agenda de postconflicto orientada a reconstruir la cohesión social y fortalecer una cultura de paz basada en el reconocimiento mutuo, el diálogo y la convivencia democrática. En ese marco, Callisaya informó que “en las próximas semanas la institución pondrá en marcha procesos territoriales de escucha, reflexión y diálogo, inicialmente en comunidades del altiplano paceño”.
La autoridad puntualizó que la promoción de una cultura de paz constituye uno de los pilares del mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo. No obstante, advirtió que la institución enfrenta importantes limitaciones presupuestarias. Para la gestión 2026 cuenta con un presupuesto de Bs 36,1 millones, tras la reducción del 30 % de su masa salarial y del 10 % de sus gastos corrientes, situación que obligó a la desvinculación de 44 servidores públicos y al cierre progresivo de cinco oficinas defensoriales, principalmente en zonas fronterizas.
Pese a estas restricciones, Callisaya reafirmó que la Defensoría del Pueblo continuará desarrollando acciones destinadas a fortalecer la convivencia pacífica, prevenir la conflictividad y garantizar la protección y defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
