Defensor del Pueblo en conferencia de prensa. Foto: Sumando Voces
Luego de 51 días de conflicto y 46 de bloqueos, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó este hecho como el episodio «más nocivo» de la historia democrática reciente de Bolivia. Y advirtió que, para evitar nuevos ciclos de conflictividad social, Bolivia debe atender de manera urgente los problemas estructurales que afectan a la población, como la crisis económica, el abastecimiento de combustibles y las dificultades en el sistema de salud.
La autoridad defensorial señaló que la prevención debe centrarse en la atención oportuna de estas problemáticas, muchas de las cuales se arrastran desde anteriores gestiones y continúan afectando a la ciudadanía.
“Hay que trabajar los problemas estructurales que estamos viviendo en estos momentos. El tema económico, combustible y salud son situaciones que se vienen arrastrando y permanecen en el tiempo. La labor preventiva en estas temáticas permitirá evitar que enfrentemos otro ciclo de conflictividad”, afirmó.
En el balance realizado tras las movilizaciones y bloqueos registrados en el país, la Defensoría del Pueblo informó que recopiló y remitió a las instancias competentes información relacionada con afectaciones a derechos fundamentales como el impedimento de acceder a los alimentos de la canasta básica familiar, acceso a la salud, la educación, trabajo y la libertad de circulación.
La institución también puso especial énfasis en la situación de los transportistas que quedaron varados en carreteras durante los conflictos, así como en los casos de las 14 personas que perecieron debido a que no pudieron trasladarse por los bloqueos. En este último aspecto, la Defensoría presentó los antecedentes ante la Fiscalía General del Estado para que se desarrollen las investigaciones correspondientes.
“Corresponde al Ministerio Público y a la Policía realizar las investigaciones. Nosotros ya hemos hecho las gestiones ante la Fiscalía General del Estado para que se proceda con las investigaciones porque son las instancias competentes”, explicó.
Respecto a las consecuencias de las recientes protestas, el Defensor del Pueblo sostuvo que se trata de uno de los episodios más perjudiciales de la historia democrática reciente del país, debido a los impactos sociales y económicos generados a la población boliviana. “Creemos que este es el evento más nocivo de la reciente historia democrática, donde más daño nos hemos hecho entre bolivianos y bolivianas. Es una experiencia que no deberíamos volver a repetir”, manifestó.
La autoridad recordó que la Defensoría participó desde las etapas iniciales del conflicto, incluyendo acciones de mediación durante la marcha de sectores campesinos que partió desde Pando. Sin embargo, señaló que diversos factores impidieron que se consolidaran espacios de diálogo oportunos que permitieran evitar una escalada de la confrontación.
En ese sentido, enfatizó que la gestión de conflictos debe realizarse desde sus primeras etapas y no únicamente cuando las medidas de presión ya están en desarrollo. “El diálogo es la salida para evitar mayores problemas. Debemos escucharnos entre todos y aprender de esta experiencia para no volver a hacernos daño de esta manera”, afirmó.
Continúan las secuelas de la crisis
La Defensoría del Pueblo informó que, durante los primeros tres días de vigencia del estado de excepción, realizó 56 acciones de monitoreo y verificación en diferentes regiones del país, con especial atención en puntos de bloqueo, operativos de desbloqueo, terminales terrestres, estaciones de servicio, centros de salud y dependencias policiales.
La institución destacó una reducción sostenida de los bloqueos entre el 20 y el 22 de junio, pasando de 42 a 12 puntos a escala nacional. Según Callisaya, en La Paz las vías fueron habilitadas completamente y en Oruro la situación retornó casi a la normalidad, mientras que Cochabamba concentró los últimos focos de conflictividad, principalmente en la región del Trópico.
No obstante, la entidad advirtió que aún persisten dificultades que afectan a la población. Entre ellas figuran los problemas de abastecimiento de combustible, la provisión de medicamentos, las limitaciones en el transporte terrestre y las demoras en algunos servicios de salud. Ante este escenario, la Defensoría anunció que continuará realizando verificaciones y coordinando acciones con autoridades e instituciones para contribuir a la recuperación de las actividades económicas y sociales tras más de 50 días de conflicto.
