El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, informó que la institución defensorial realizará acciones permanentes de monitoreo, verificación y seguimiento al respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales durante la vigencia del estado de excepción, en cumplimiento de las atribuciones conferidas por los artículos 218 y 222 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley N° 870.
A través de un pronunciamiento, la autoridad remarcó que la CPE reconoce el carácter extraordinario de este medida, cuya aplicación debe cumplir de manera irrestricta los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, temporalidad y control constitucional y legislativo, garantizando en todo momento la plena vigencia de los derechos humanos y las garantías fundamentales.
Asimismo, recordó que el artículo 139 de la CPE establece que la declaratoria debe ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su consideración y aprobación en un plazo de 72 horas, constituyéndose este procedimiento en una garantía esencial del orden democrático.
“Se exhorta a todas las autoridades e instituciones del Estado, particularmente a las entidades encargadas de la seguridad y el orden público, a brindar las facilidades necesarias para el ejercicio de la labor defensorial, permitiendo el acceso oportuno a información, instalaciones, operativos y demás actuaciones vinculadas a la aplicación de las medidas excepcionales”, puntualizó Callisaya.
Declaratoria y análisis legislativo
La madrugada de este sábado —cuando se cumplen 51 días de protestas y 46 de bloqueos que han golpeado la economía nacional—, el presidente Rodrigo Paz declaró estado de excepción en todo el territorio nacional, por un periodo de 90 días. La ola de movilizaciones deja, hasta el momento, un saldo trágico de al menos 14 fallecidos, además de 120 personas detenidas y procesadas.
Ante esta determinación, el vicepresidente y presidente nato de la ALP, Edmand Lara, convocó a una sesión conjunta de diputados y senadores para este sábado a las 23.00, con el objetivo de evaluar el decreto puesto en vigor por el Ejecutivo.
Finalmente, el Defensor del Pueblo convocó a los órganos del poder público y a la sociedad en su conjunto a actuar en estricto apego a la CPE, privilegiando el diálogo democrático, la paz social y la protección integral de los derechos humanos.
La Institución defensorial tiene habilitada la línea gratuita: 800-10-80-04, el WhatsApp: 72006607 y 21 oficinas a nivel nacional para la atención a denuncias sobre la vulneración de derechos humanos.
Acá puede acceder al documento emitido por la oficina defensorial:
