Las organizaciones indígenas que marcharon hacia La Paz en demanda de la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras buscan articularse con otros pueblos del Beni y del resto del país para diseñar una estrategia nacional que evite la regresión de sus derechos y un nuevo intento de afectar el carácter inembargable de la pequeña propiedad y la propiedad colectiva.
Entre abril y mayo, subcentrales indígenas de los territorios Multiétnico (TIM) y Mojeño Ignaciano (TIMI) marcharon hacia la sede de gobierno junto a organizaciones campesinas de Pando y Beni, bajo la dirección de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB).
Pese a haber logrado la anulación de la norma en cuestión, las organizaciones advierten que las disposiciones previstas en la Ley 1731 (que anula la Ley 1720) insisten en “afectar el carácter inembargable de la pequeña propiedad”, lo que podría abrir la puerta a una eventual modificación de los principios constitucionales de la propiedad colectiva indígena.
La Ley 1731 dispone un plazo de 60 días, desde el 13 de mayo, para generar otra normativa que defina las condiciones, procedimientos y salvaguardas para que la pequeña propiedad agraria acceda a determinados beneficios posterior a su conversión, «preservando la protección de las tierras comunitarias de origen». Sin embargo, los movilizados temen que sus alcances pongan una vez más en riesgo sus derechos constitucionales.
A la vez, la norma establece que este proceso se desarrollará en el marco de las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD), pero los indígenas observan que jurídicamente, el tema agrario y de tierras es de competencia nacional, por tanto, su tratamiento no puede darse a nivel regional.
Diversos encuentros con un mismo fin
En el Encuentro de Corregidores del TIM, desarrollado el 4 de junio, organizado para evaluar la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígenas”, las autoridades locales se plantearon “exigir al gobierno reconducir sus políticas antipopulistas, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas como logros de las luchas históricas de nuestros ancestros”.
Por su parte, el 9 de junio, la Subcentral Indígena Mixta y la Subcentral Indígena de Mujeres del TIM emitieron un mandato que, en su segundo punto, establece: “Fortalecer la coordinación con organizaciones indígenas y campesinas de otros departamentos, a iniciativa de la CPEMB, para enfrentar el tratamiento de la Ley 1731 y otras normativas que pretenden aprobar el Ejecutivo y el Legislativo, construyendo una estrategia conjunta de alcance departamental y nacional orientada a impedir la aprobación de normas que afecten los derechos territoriales de los pueblos indígenas y campesinos”.
En ambos casos, los territorios buscarán articularse, a través de la CPEMB, con organizaciones de la Amazonía sur como el Gran Consejo Tsimane, la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB).
Las autoridades del Territorio Mojeño Ignaciano emitieron también una “llamada de atención severa” a los diputados Pablo Maito Moye y Hortensia Masapaija Noza, “por no representar ante la Asamblea los intereses ni hacer respetar los derechos indígenas”.
Este 12 y 13 de junio, la CPEMB se reunió con los directorios de las Subcentrales mixtas y de mujeres, cabildos indigenales, organizaciones y territorios afiliados para evaluar este mismo tema.
