El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como a instituciones públicas y la sociedad civil, a coordinar esfuerzos para cumplir las 254 recomendaciones asumidas por Bolivia en el Examen Periódico Universal (EPU).
La autoridad presentó una estrategia basada en ocho ejes orientados a generar compromisos concretos y alianzas estratégicas, durante el seminario “Mecanismos internacionales de Derechos Humanos: Oportunidades y desafíos para la gestión pública”, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Son 254 recomendaciones que el Estado boliviano ha asumido; ahora corresponde al Órgano Ejecutivo, al Legislativo, a la Defensoría del Pueblo y a la sociedad civil coordinar acciones para su cumplimiento y avanzar en la realización de la dignidad humana, pese a las limitaciones derivadas de la crisis”, afirmó Callisaya.
La propuesta defensorial incluye la implementación de mecanismos de monitoreo del EPU, procesos de capacitación para servidores públicos, la elaboración participativa de un informe de medio término y la incidencia para priorizar el cumplimiento de las recomendaciones. Asimismo, plantea fortalecer la relación con instancias internacionales y comités especializados en derechos humanos.
Callisaya calificó como “vital” el rol de la Defensoría del Pueblo en este proceso, en el que se busca garantizar avances efectivos en materia de derechos humanos mediante una acción coordinada entre el Estado y la sociedad civil.
Por su parte, la asesora regional del EPU del ACNUDH, Paula Berrutti, subrayó la necesidad de consolidar mecanismos que permitan sistematizar, coordinar y dar seguimiento a las recomendaciones internacionales.
“En este proceso, tanto el Órgano Legislativo como el Órgano Ejecutivo cumplen un rol esencial para garantizar la implementación de las recomendaciones, ya sea mediante la adopción de legislación, la formulación de políticas públicas o la asignación de recursos adecuados”, señaló.
En enero de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinó al Estado boliviano en el marco del cuarto ciclo del EPU. Como resultado, Bolivia aceptó 254 de las 275 recomendaciones formuladas.
Entre las principales sugerencias asumidas se encuentran el fortalecimiento de la cooperación con mecanismos internacionales, la garantía de independencia de la Defensoría del Pueblo, la protección de la libertad de expresión, la adopción de un plan nacional de derechos humanos y el refuerzo de la institucionalidad encargada de implementar estas recomendaciones.
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