Imagen referencial tomada de alianzaporlasolidaridad.org.
Un monitoreo del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer identificó 665 publicaciones con contenido de acoso y violencia política digital dirigidas contra 17 candidatas que participan en las Elecciones Subnacionales 2026. El análisis revela que los ataques se concentran principalmente en mujeres que disputan cargos ejecutivos, donde la exposición pública y la competencia por espacios de poder son mayores.
El estudio, realizado en las redes sociales de Facebook, Instagram, X (Twitter) y TikTok entre el 30 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, evidencia que el 70% de las candidatas más afectadas postula a cargos ejecutivos —gobernaciones, vicegobernación, ejecutiva regional y alcaldías—, mientras que el resto corresponde a candidaturas legislativas.
Entre las candidatas con mayor volumen de publicaciones con contenido violento se encuentran Angélica Sosa, Paola Aguirre, Rosario Schamisseddine, Luisa Nayar y Priscila Segovia. No obstante, el Observatorio advierte que, aunque otras candidatas registren menor volumen de mensajes, enfrentan niveles similares de hostigamiento, insultos y descalificación, tal como la empresaria —y ahora candidata— Mayté Flores y la actual alcaldesa de Cobija, ahora candidata a la gobernación, Ana Lucía Reis.
Además, otras candidatas resaltan por la especificidad del acoso que enfrentan, como Rocío Molina (Unidos), a quien cuestionan sus opiniones y afiliaciones políticas, y Luciana Campero (Patria). En el caso de Toribia Lero (Patria Unidos), los insultos se centran en su autoidentificación indígena y su edad.
Tres patrones de violencia digital
El análisis cualitativo identificó tres patrones discursivos recurrentes en los ataques:
- Sexualización como mecanismo de deslegitimación: comentarios que reducen a las candidatas a su apariencia física, su vida privada o su moralidad, desplazando el debate programático hacia juicios personales.
- Cuestionamiento de capacidades basado en estereotipos de género, edad, clase o pertenencia étnica: expresiones que ponen en duda su liderazgo y competencia, o que refuerzan la idea de que la política no es un espacio para mujeres.
- Deslegitimación a través de la burla: uso reiterado del sarcasmo y la ridiculización para restar importancia a sus postulaciones. El monitoreo identificó más de 100 menciones a “chiste” o “burla” en publicaciones sobre candidaturas.
Según el monitoreo, el 56% de las candidatas afectadas tiene entre 30 y 40 años, lo que muestra una concentración de ataques hacia mujeres relativamente jóvenes, mientras que el 31% supera los 50 años y el 13% tiene entre 41 y 50 años.
Más allá de lo individual
El boletín también documenta seis casos emblemáticos que ilustran cómo la violencia digital combina insultos, cosificación, desinformación y discursos de odio. En varios casos, los ataques no solo se dirigen a una candidata específica, sino que comparan o enfrentan a mujeres entre sí para desacreditarlas colectivamente.
Para el Observatorio de Género, estos patrones no constituyen hechos aislados, sino parte de estrategias que buscan erosionar la legitimidad de las candidaturas femeninas, especialmente cuando disputan espacios de mayor poder político.
Marco normativo vigente
El Observatorio recuerda que la Ley Nº 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres protege a todas las mujeres candidatas y autoridades en el ejercicio de funciones político-públicas y establece sanciones frente a actos de acoso y violencia política. Asimismo, la Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas obliga a las organizaciones políticas a prevenir y sancionar estos hechos en su estructura interna.
En el marco de las Elecciones Subnacionales 2026, el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 586/2025, establece que la difusión de discursos de odio, contenido misógino o discriminatorio, desinformación electoral o campañas de guerra sucia constituye una infracción sancionable, incluso cuando es difundida por personas particulares.
Ante estos hallazgos, la Coordinadora de la Mujer exige al Órgano Electoral Plurinacional aplicar este marco normativo y sancionar la difusión de contenidos misóginos, discriminatorios o de desinformación electoral en el contexto de la campaña, así como a los tribunales electorales departamentales activar los mecanismos previstos para prevenir renuncias forzadas por acoso y violencia política.
“La violencia política digital no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta la calidad democrática en su conjunto. Garantizar campañas electorales libres de violencia es una condición para una democracia plena”, afirmó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, integrante del Movimiento Juntas Hacemos Historia.
El monitoreo y recopilación de datos en redes sociales fue realizado por la Fundación Aru y el análisis por el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer.
