Portada del informe de CIVICUS Monitor
La sociedad civil en América atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Según la más reciente evaluación regional sobre espacio cívico en 2025 de CÍVICUS Monitor, seis de cada diez personas viven en países donde las libertades de expresión, asociación y protesta están obstruidas, mientras que un 30% adicional enfrenta condiciones aún más severas: espacios reprimidos o cerrados.
“La sociedad civil en América fue duramente puesta a prueba en 2025, ya que la región está experimentando un retroceso generalizado de las libertades cívicas. La mayoría de la gente vive ahora en entornos de espacios cívicos obstruidos (alrededor del 60 por ciento), mientras que un 30 por ciento adicional de la población está expuesta a las peores condiciones, espacios cívicos cerrados o reprimidos”, dice el informe.
El espacio cívico es el conjunto de condiciones que permiten a las personas participar libremente en la vida pública sin miedo a represalias. Incluye derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Cuando el espacio cívico es abierto, la gente puede protestar, organizarse y opinar con seguridad; cuando está reducido, obstruido o reprimido, el Estado o actores poderosos imponen restricciones, intimidan, censuran o castigan a quienes ejercen esos derechos.
De los 35 países analizados, el panorama es el siguiente:
- 3 tienen espacio cívico cerrado
- 7 reprimido
- 6 obstruido
- 9 reducido
- 10 abierto
La tendencia general es de deterioro, incluso en democracias consideradas históricamente sólidas. Por ejemplo, Estados Unidos fue incluido dos veces en 2025 en la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor, que alerta sobre declives rápidos en libertades cívicas. Tras el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025, el país fue degradado de “restringido” a “limitado”.
La administración emitió órdenes ejecutivas para reestructurar instituciones federales y modificó políticas migratorias que derivaron en respuestas militarizadas frente a protestas, especialmente aquellas vinculadas a operativos contra comunidades migrantes. La presión también alcanzó a universidades y movimientos solidarios con Palestina. Estudiantes extranjeros fueron detenidos y sometidos a procesos migratorios bajo disposiciones controversiales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Entre los casos emblemáticos figura el de Mahmoud Khalil, trasladado a un centro de detención en Luisiana sin notificación previa a su familia.
Argentina descendió de “reducido” a “obstruido” tras la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Las reformas estatales y medidas de austeridad provocaron movilizaciones masivas sostenidas. En marzo de 2025, una protesta de pensionistas en Buenos Aires terminó con alrededor de 700 personas heridas y más de 100 detenciones arbitrarias. Durante esa jornada, el fotoperiodista Pablo Grillo sufrió una grave lesión cerebral tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado horizontalmente por fuerzas de seguridad. Organizaciones indígenas, activistas ambientales y periodistas reportan un aumento de represalias, intimidación y uso excesivo de la fuerza.
El Salvador fue degradado de “obstruido” a “reprimido” en 2025. El informe de CÍVICUS señala que desde 2019, el presidente Nayib Bukele gobierna bajo un régimen de excepción continuo que ha suspendido garantías constitucionales y concentrado poder en el Ejecutivo. La adopción de una amplia Ley de Agentes Extranjeros —que impone un impuesto del 30% a fondos internacionales y multas de hasta 250.000 dólares— ha asfixiado a organizaciones de la sociedad civil. Al menos 53 periodistas se encontraban en el exilio hasta octubre de 2025.
En el ranking 2025 sobre espacio cívico en América, Bolivia obtiene 60 puntos, ubicándose en una categoría intermedia que refleja un entorno con restricciones relevantes, pero no en los niveles más extremos de la región. El país muestra una estabilidad relativa frente a años anteriores, aunque el puntaje evidencia que persisten limitaciones estructurales para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, la protesta y la labor de organizaciones civiles.
Defensores y periodistas en riesgo
La libertad de expresión sigue siendo la más vulnerada en la región. En 2025 se documentaron ataques contra periodistas en al menos 9 países, intimidaciones en 14, y amenazas en 12. El 40% de las agresiones ocurrió en contextos de protesta. En varios casos, las fuerzas de seguridad fueron señaladas como responsables. “Los periodistas estuvieron especialmente en riesgo durante las elecciones. En Bolivia, durante las elecciones generales de agosto de 2025, al menos 20 periodistas fueron agredidos o acosados por agresores desconocidos, y al menos uno fue seguido e interrogado por la policía durante toda su cobertura del día de las elecciones”, señala el informe.
Países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Perú continúan entre los más peligrosos para la prensa. México, en particular, se mantiene como el país más mortífero para periodistas fuera de zonas de guerra, con al menos cuatro asesinatos entre enero y marzo de 2025. Además de la violencia física, crecen el acoso digital y la instrumentalización de leyes —incluso normas de protección contra la violencia de género— para silenciar investigaciones periodísticas.
Por primera vez, las detenciones de defensores de derechos humanos ingresaron al grupo de las cinco violaciones más comunes en la región, con casos en al menos 12 países, incluyendo Argentina, Dominica, Ecuador, El Salvador, México y Paraguay. “Las autoridades están abusando cada vez más de la ley penal para etiquetar a los activistas como criminales, enemigos y terroristas, utilizando difamaciones públicas, cargos vagos y detención preventiva prolongada para silenciarlos”, añade el informe.
En Venezuela, activistas fueron detenidos bajo cargos vagos de terrorismo y seguridad nacional tras la crisis electoral de 2024. En Nicaragua, continúan las desapariciones forzadas y la privación de nacionalidad. En Guatemala, fiscales y jueces aliados han profundizado la criminalización de líderes indígenas y operadores de justicia.
América sigue siendo la región más letal del mundo para defensores. Solo en Colombia se registraron cerca de 200 asesinatos entre enero y octubre de 2025, según organizaciones especializadas.
Pero los países con mayor riesgo son Ecuador y Perú. El primero enfrenta un rápido deterioro del espacio cívico con estados de excepción recurrentes, uso excesivo de la fuerza contra protestas indígenas y más de 200 detenciones en 2025 han encendido alarmas internacionales. Perú mantiene la categoría de “reprimido” tras años de erosión institucional: el Congreso aprobó en 2025 leyes que amplían el control sobre organizaciones que reciben cooperación internacional y conceden amplias amnistías a fuerzas de seguridad involucradas en violaciones de derechos humanos.
Incluso en países con tradición democrática como Canadá, Chile, República Dominicana y Panamá se registraron incidentes de uso excesivo de la fuerza durante protestas. El retroceso no es aislado ni coyuntural: la combinación de reformas legales restrictivas, criminalización de la protesta, ataques a la prensa y asesinatos de defensores configura un escenario regional de alta fragilidad democrática.
Año tras año, —dice el estudio— la tendencia confirma una conclusión preocupante: el espacio cívico en América se está cerrando, y con él, las garantías básicas para la participación ciudadana y la defensa de derechos.
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