De tener una vida ancestral nómada y navegante, los ese ejjas de Eyiyoquibo viven en hacinamiento severo y pobreza extrema. Foto: Eddy Yobanny Velasco.
Tras la publicación de un reportaje que denuncia la manera en que el Estado confina y empuja a los ese ejjas a la desaparición, el periodista de Rurrenabaque Rafael Acuña recibió una serie de amenazas, por parte de una persona vinculada a los intereses aludidos.
Según narró Acuña a Sumando Voces, la persona que le profirió amenazas le exigió retirar la publicación, caso contrario le advirtió que autoridades de los municipios de Rurrenabaque, San Buenaventura y los gobiernos departamentales de Beni y La Paz interpondrían una acción legal en su contra.
“Parece que el reportaje tocó los intereses de una familia. Esta persona se quejó luego de que lo publicamos, pero yo busqué su versión y no me atendió. Me dijo: ‘Lamento que tú también vas a verte perjudicado’. Por estos lugares judicializan el trabajo de la prensa. Tienen poder económico y están usando eso para asustar al periodista desde hace rato. A mí no me asustan, pero hay que tener cuidado”, dijo Acuña, recordando que en el pasado también recibió una amenaza del exhombre fuerte del MAS, Juan Ramón Quintana.
¿Qué revela el reportaje?
El reportaje cuestiona decisiones que tomó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre territorios vinculados ancestralmente al pueblo ese ejja, una nación indígena de tradición navegante y recolectora asentada históricamente en la ribera del río Beni, particularmente en la zona de Bashatrao. De acuerdo con la investigación, el INRA otorgo y consolidó derechos propietarios sobre tierras que los indígenas consideran parte de su territorio, generando tensiones con avasalladores e intereses ganaderos e interculturales.
El pueblo indígena ese ejja es de reciente contacto y posee una identidad profundamente ligada al río y a la pesca. Según la denuncia recogida en el reportaje, el INRA les asignó tierras en zonas donde su modo de vida tradicional no puede desarrollarse plenamente, pues fueron confinados a kilómetros de las riberas. Además, están en una zona que los expone a dinámicas de explotación forestal y pérdida de bosque.
La controversia reabre el debate sobre el rol del INRA en la administración y saneamiento de tierras en territorios indígenas, así como sobre la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos colectivos de las naciones indígenas.
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