Programa Sumando Voces en Directo. Arriba a la der., Franco Albarracín. Abajo, el diputado Manolo Rojas.
En las últimas dos décadas, Bolivia transita por un campo minado de tensiones político-sociales que en la mayoría de los casos se expresan en la presión callejera. Con un registro de al menos 180 bloqueos en 2025, según datos de la Defensoría del Pueblo, el debate sobre una ley que regule los excesos en las protestas se ha instalado en la agenda con posturas a favor y en contra. Sin embargo, una duda divide a la opinión pública: ¿Cómo sancionar el bloqueo sin criminalizar la protesta social?
En la emisión más reciente del programa Sumando Voces en Directo, el experto en Derechos Humanos, Franco Albarracín, y el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Manolo Rojas, analizaron los desafíos de un proyecto de ley que busque el equilibrio entre mantener el orden público y preservar las libertades fundamentales.
Para Albarracín, cualquier intento de regular la protesta debe someterse al denominado «test de proporcionalidad» o «test tripartito», una herramienta jurídica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Convención Americana de Derechos Humanos) que establece tres filtros obligatorios para que una restricción de este tipo sea legal:
- El fin de de la norma deber ser legítimo: El Estado «no puede invocar el orden público de forma abstracta», explica Albarracín. Debe demostrar que la restricción protege derechos específicos y superiores, como por ejemplo la vida o la salud.
- Debe existir una necesidad y conexión causal: La norma debe ser clara y lógica. Albarracín advierte que «las leyes no deben ser vagas ni ambiguas». Como ejemplo cita que si el objetivo es garantizar la fluidez del tráfico, no tendría sentido prohibir las protestas en los parques. Además, una ley restrictiva debería ser la última opción, obligando al Estado a preguntarse: «¿Existen otras formas de solucionar el conflicto antes de prohibir el derecho?»
- De haber un sanción, debería ser proporcional: Este es el punto más crítico, dice el especialista. «¿Realmente tenemos que sancionar penalmente a quienes bloqueen?», cuestiona. La proporcionalidad exige evaluar si una sanción administrativa sería suficiente antes de enviar a un manifestante a prisión junto a criminales de alta peligrosidad.
Como muestra esta imagen, el bloqueo fue la forma de protesta más usada en el último trimestre de 2025.
Apertura al debate ciudadano
Ante el temor de que esta ley se convierta en una «ley mordaza» —es decir que sus alcances limiten la libertad de expresión y el derecho a la protesta—, el diputado Manolo Rojas informó que la Comisión de Justicia Plural ha optado por un proceso de socialización amplio. Hasta el pasado viernes, 52 organizaciones de la sociedad civil se inscribieron para participar en el debate.
«Hemos convocado a las organizaciones porque hay temor de que se coarten libertades fundamentales», señaló Rojas, reconociendo la importancia de que la norma nazca del consenso para evitar que profundice la polarización en el país.
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