Hablar de las elecciones subnacionales en Bolivia, después de un proceso de elecciones judiciales y elecciones generales aumenta la denominada “fatiga electoral” y exige poner sobre la mesa al menos dos constataciones: el complicado trabajo con plazos apretados que está realizando el Órgano Electoral Plurinacional —sobre todo los Tribunales Electorales Departamentales— para cumplir con las exigencias de un proceso descentralizado y complejo, y las debilidades institucionales que aún amenazan con restarle transparencia, independencia y confianza a un proceso por el que deben trabajar todos los bolivianos.
Si empezamos por los desafíos técnicos, la producción de más de 500 tipos de papeletas no es un detalle menor porque implica diseño, verificación, control de seguridad, impresión escalonada y distribución oportuna y precisa a miles de mesas en todo el país, considerando las particularidades de cada región. Cada formato responde a combinaciones distintas de circunscripciones, tipos de autoridad y tipos de elección; cualquier error podría ocasionar retrasos o cuestionamientos. Este esfuerzo logístico, que revela el compromiso de grandes contingentes de personas contratadas y capacitadas para este proceso (porque el número de funcionarios permanentes de los TED es solo de 28 o 29 personas), también muestra que el OEP depende de procesos manuales y cadenas de custodia que, en época de lluvias o contextos de alta presión, pueden volverse vulnerables. Estas son realidades que el ciudadano, los medios de comunicación y las organizaciones políticas están obligados a conocer.
A ello se suma la implementación del SIREPRE, un avance importante para transparentar la información preliminar pero que, en elecciones subnacionales, implica un desafío enorme en un momento de alta polarización y débil institucionalidad. En este difícil contexto, además de encarar la complejidad de multiplicar al menos por nueve el trabajo y diseño tecnológico, el OEP debe considerar la necesidad de informar a la ciudadanía, llegando a regiones de todo el país para explicar el alcance de los resultados, tratando de no alimentar la incertidumbre que intenta combatir.
El desafío continúa con los cómputos oficiales. Aquí el OEP tiene experiencia, pero no está exento de enfrentar dificultades. Las Elecciones Subnacionales incluyen múltiples niveles y cargos (gobernadores, asambleístas, alcaldes, concejales, etc.), cada uno con reglas distintas de escrutinio y asignación (mayoría simple, proporcional, segunda vuelta). Esto aumenta la complejidad del cómputo comparado con elecciones nacionales, que son más sencillas. Con este panorama, el trabajo en las mesas de votación (según el mismo TSE) podría prolongarse por cerca de cuatro horas más por el escrutinio y conteo de votos de varias papeletas. Lo mismo podría suceder en las salas departamentales, donde se manejará una gran cantidad de actas diferentes por las múltiples categorías de cargos, amplificando su trabajo hasta consolidar finalmente los resultados. Este deberá ser un trabajo que evite errores y reclamos posteriores —aunque las organizaciones políticas se hayan comprometido a respetar los resultados— que, ojalá sea realizado por equipos técnicos que ya tienen experiencia bajo la supervisión de los nuevos vocales.
Mientras tanto, otro gran desafío es contrarrestar la desinformación, que se mueve más rápido que cualquier declaración del presidente del TSE o publicación en la web institucional. Aunque el Tribunal Supremo Electoral ha emprendido esfuerzos en convertir su página web en un sitio accesible e intuitivo, así como en el trabajo de verificación de noticias falsas o desinformantes, su capacidad comunicacional sigue siendo débil frente a redes saturadas de rumores, contenidos manipulados y actores que buscan erosionar la confianza electoral sobre todo en una elección como la de ahora, que exige la difusión de información oficial a gran escala.
Frente a esta realidad —dura, pero objetiva— hay un hecho que no debemos perder de vista: las subnacionales no son solo del OEP; son del país entero y requieren un compromiso colectivo. Los medios deben reforzar la verificación y abandonar la lógica del impacto fácil para convertirse en orientadores responsables. Las organizaciones políticas y los candidatos deben dejar de solapar sus deficiencias con las debilidades del organismo electoral y comprometerse a superar la idea de los “taxi partidos” para someterse a una competencia leal, con derechos, pero también con obligaciones. Por su parte, la sociedad civil —incluida la observación ciudadana y las universidades— debe acompañar con rigor, con aportes y no sólo con crítica. La ciudadanía necesita información clara sobre las subnacionales, información accesible y constante sobre los candidatos, sobre sus programas, las papeletas y sobre la forma de votar para enfrentar la avalancha de rumores, pero su deber es no contribuir a la desinformación y a la desconfianza.
El OEP está trabajando duro, pero debe pensar en lo prioritario: la información y la transparencia. Seguramente no será fácil superar todos los desafíos que implica contar con un sistema electoral actualizado a las necesidades de la Bolivia de hoy, pero hay temas que deben ser asumidos con premura. Por eso, más que un acto administrativo, y a pesar de estar sometidos a procesos electorales sin descanso desde 2024, las elecciones subnacionales deben ser un ejercicio compartido de responsabilidad para que sean más íntegras y respeten el voto ciudadano. Y esa responsabilidad —crítica, exigente, pero también colaborativa— es la base de una democracia que puede llegar a ser realmente efectiva. Estamos en un nuevo escenario, debemos trabajar para apuntalar la transparencia, la independencia y la corresponsabilidad en los procesos electorales.
Sandra Verduguez es comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
