“Sí, soy gay, soy humano”.
La dignidad humana suele aparecer en la normativa y en el derecho como una verdad indiscutible, casi sagrada. Se invoca en constituciones, sentencias y discursos oficiales, pero rara vez se pregunta quién la define, quién la administra. Lejos de ser un concepto de una sola vertiente, unívoco, la dignidad ingresa en un ámbito de territorios en disputa, que evidencia cómo una sociedad concibe al ser humano y qué vidas considera plenamente valiosas.
Desde una mirada positivista, la dignidad se expresa en la norma. Es el derecho vigente el que la reconoce, la organiza jerárquicamente y determina cuándo ha sido vulnerada. Cada sociedad traza así sus propias fronteras entre lo digno y lo indigno. En Bolivia, esas fronteras no han sido neutras: históricamente han excluido a los pueblos indígenas, han naturalizado el clasismo y han tolerado violencias estructurales contra mujeres, personas con discapacidad y diversidades sexuales y de género. El problema es evidente: lo que el derecho concede también puede restringirlo, y la dignidad corre el riesgo de depender de coyunturas políticas, mayorías circunstanciales o marcos culturales dominantes. Este relativismo explica por qué ciertas prácticas discriminatorias persisten bajo la apariencia de legalidad.
El iusnaturalismo ofrece una respuesta distinta. La dignidad no nace de la ley, sino de la condición humana misma. Es inherente, irrenunciable y anterior a cualquier orden jurídico. Desde esta perspectiva —profundamente influida por Kant— ningún ser humano puede ser reducido a objeto, medio o carga social. Esta idea resulta especialmente potente en contextos donde ciertos cuerpos siguen siendo instrumentalizados: mujeres obligadas a soportar violencias normalizadas, personas con discapacidad tratadas como sujetos de asistencia y no de derechos, poblaciones LGBTI forzadas a justificar su existencia, o personas migrantes vistas como problema y no como sujetos de dignidad. Allí donde la vida se administra en función de su utilidad, la dignidad se rompe.
El enfoque discursivo desplaza la pregunta hacia el reconocimiento. La dignidad se reafirma cuando las personas pueden participar en el espacio público sin tener que negar su identidad, su origen o su historia. No basta con declarar derechos en abstracto si, en la práctica, pueblos indígenas siguen siendo excluidos de las decisiones que afectan a sus territorios (¿nos suena Tarquía?), si las mujeres son silenciadas cuando denuncian violencias, o si las diversidades sexuales y de género solo son toleradas mientras permanezcan invisibles. La exclusión, incluso cuando es simbólica o institucional, también y desde luego afecta la dignidad. Desde esta mirada, la dignidad exige inclusión real y diálogo legítimo, no simple tolerancia.
La teoría sistémica, por su parte, permite observar cómo las exclusiones se reproducen estructuralmente. En sociedades complejas como la boliviana, la dignidad se pone en juego en el acceso efectivo al derecho, la salud, la educación, el trabajo y la justicia. Cuando estos sistemas fallan —o funcionan selectivamente— la exclusión deja de ser una excepción y se convierte en norma. Esto es particularmente visible en las trayectorias de personas migrantes internas y externas, en comunidades indígenas alejadas de los centros de poder, o en personas LGBTI que enfrentan barreras constantes para acceder a servicios básicos sin discriminación.
Pensar la dignidad humana desde estos enfoques no es un ejercicio teórico. La dignidad no se agota en su proclamación constitucional ni en el lenguaje solemne del derecho. Se disputa todos los días en los cuerpos que incomodan, en las voces que reclaman, en las vidas que el sistema intenta ordenar o descartar. En una sociedad marcada por desigualdades históricas, defender la dignidad es, inevitablemente, tomar posición.
J. Alex Bernabé Colque, es defensor de derechos humanos
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