Después de años de repliegue y desencuentro, la participación de la sociedad civil organizada en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2026–2030) y del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES 2035) marca un punto de reencuentro en la relación entre el Estado y la ciudadanía organizada en Bolivia. No se trata de un gesto menor ni de una formalidad administrativa: es la reapertura —todavía en construcción— de un espacio de diálogo que había sido progresivamente clausurado en la planificación nacional.
Las mesas sectoriales y departamentales del denominado Plan Bolivia, convocadas por el Gobierno y desarrolladas entre enero y febrero en todo el país, permiten algo que no ocurría desde hace varios años: que organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), sectores productivos, la academia y el sector privado aporten con ideas, diagnósticos y propuestas en siete ejes temáticos (modelo económico, descentralización, comercio exterior y atracción de inversiones, transformación digital, lucha contra la corrupción, medio ambiente y bienestar para todos y todas) para orientar el desarrollo del país. Que esto suceda a invitación del propio Estado es, en sí mismo, un dato político relevante.
Durante la última década, distintos estudios y consultas nacionales —como la realizada anualmente por la red de organizaciones de la sociedad civil UNITAS— han evidenciado una constante: la exclusión de las OSC de los procesos de diseño, ejecución y monitoreo de las políticas públicas nacionales. La planificación del desarrollo se volvió un ejercicio cerrado, centralizado y poco permeable a las voces que trabajan cotidianamente con poblaciones en situación de vulnerabilidad, con territorios específicos y con problemáticas que no siempre llegan a las oficinas ministeriales. En ese contexto, el actual proceso abre una oportunidad que merece ser reconocida y, sobre todo, cuidada.
Las mesas departamentales del Plan Bolivia no solo descentralizan la discusión, sino que reconocen que el desarrollo no se piensa únicamente desde el nivel central. La posibilidad de trabajar por ejes temáticos, de recoger propuestas territoriales y de canalizar aportes a través de la plataforma digital Bolivia Participa amplía el abanico de voces y refuerza la idea de una planificación más cercana a la realidad. Que, además, estos espacios cuenten con el acompañamiento de organismos internacionales que han valorado positivamente el carácter abierto, transparente y colaborativo del proceso, refuerza su legitimidad y su potencial.
El valor central de este momento radica en el reconocimiento, aunque tardío, de que las organizaciones de la sociedad civil son actoras del desarrollo. No una invitada ocasional ni una mero ejecutora de proyectos, sino un sujeto político con conocimiento acumulado, capacidad técnica y una relación directa con las demandas sociales. Escuchar a la sociedad civil no es una concesión: es una condición para construir políticas públicas más eficaces, más justas y sostenibles.
Sin embargo, la participación no puede agotarse en la escucha. El desafío —y la expectativa legítima— es que las ideas, propuestas y alertas surgidas de estos encuentros sectoriales y departamentales sean efectivamente incorporadas en los lineamientos finales del PDES y del PGDES. De lo contrario, el riesgo es convertir un proceso valioso en un ejercicio testimonial o hasta funcional.
Las mesas aún están en curso y los documentos finales (a los que se podrá acceder en línea, según adelantó el Ministerio de Planificación) serán presentados en las próximas semanas. Allí se jugará la verdadera medida de este giro participativo. Que la planificación del desarrollo vuelva a construirse con la gente es una buena noticia. Que esa construcción incida realmente en las políticas públicas será la prueba definitiva. En esa vigilancia activa, las organizaciones de la sociedad civil —y también los medios— tenemos un rol indelegable.
