Representantes de la Plataforma durante la entrega de las cartas, en el Legislativo. Foto: PBFCC.
La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), una red que articula a más de 55 organizaciones, instituciones y colectivos de la sociedad civil, formalizó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) su rechazo al proyecto de ley Nº 157, por ser incoherente con la política climática del Estado y poner en riesgo los territorios campesinos e indígenas.
La propuesta de ley —que ya fue aprobada en primera instancia en la Cámara Alta— autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) convertir pequeñas propiedades agrarias en medianas, mediante un procedimiento excepcional y expedito de solo 10 días, con la finalidad, entre otros, de facilitar el acceso a créditos bancarios para la productividad.
En dos notas dirigidas a la presidencia de la Cámara Baja y a la Comisión de Tierra y Territorio, las entidades y organizaciones firmantes alertan que, de aprobarse, la norma debilitará la función social y ambiental de la tierra, facilitará la expansión de la frontera agrícola y elevará la presión sobre los bosques y comunidades.
“Este proyecto de ley, que daría la posibilidad a los pequeños productores de acceder a créditos para potenciar su producción, va a significar la ampliación de las hectáreas productivas y, en consecuencia, habrá deforestación. En el fondo, la ambición de este proyecto de ley es que los grandes productores, que ya no tienen más tierras disponibles, las obtengan comprándoselas a los pequeños productores, que juntos hacen como 10 millones de hectárea en el país”, expone Juan Carlos Alarcón, secretario técnico de la PBFCC.
En entrevista con Sumando Voces, el experto dice que no se debe perder de vista que la agroindustria propugna la libre importación, la introducción de semillas transgénicas y la seguridad jurídica bajo la lógica de producir más para exportar más y, por tanto, necesitan más tierras. “Eso es, en gran parte, bosque y va a representar deforestar y elevar las emisiones de dióxido de carbono (Co2)”.
Por eso —sostiene— esta iniciativa es incompatible con los compromisos climáticos asumidos por el Estado boliviano en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), presentada en 2025, que reconoce el cambio de uso de suelos y la deforestación como las principales fuentes de emisiones (de CO2) del país.
“Mientras la ND 3.0 plantea reducir la deforestación y proteger los bosques, esta iniciativa legislativa facilita la expansión de la frontera agrícola y la concentración de tierras promoviendo un modelo productivo que incrementará las emisiones y la presión sobre los territorios”, se lee en las misivas entregadas a la ALP.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil rechazan la aprobación de la norma y reclaman que no se haya abierto un proceso de información, de debate y consulta con organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil, “sin priorizar una política agraria que garantice la función social de la tierra, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad ambiental y climática”.
Demandan consulta previa
En el documento entregado a la Cámara de Diputados, los miembros de la plataforma demandan que cualquier iniciativa de este tipo pase por una consulta previa, libre e informada.
Alarcón argumenta el porqué este mecanismo también se podría aplicar en este caso. «El tema de la consulta previa libre informada está sobre todo vinculada a los territorios indígena originario campesinos, pero en el tema que nos ocupa hay un elemento muy importante a considerar: Para muchos indígenas que se organizan como campesinos, figura que puede darse en este caso, la tierra no solo es tierra, sino territorio. Y por tanto, también se debería aplicar la consulta previa, libre e informada porque el impacto también será al territorio», afirma.
Cuando se habla de tierra y territorio, la primera hace referencia a la superficie terrestre y su uso, mientras que el segundo abarca la tierra más las estructuras sociales, políticas y económicas que la ocupan.
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