Foto referencial de archivo, tomada de Erbol
Redacción central con datos de Erbol.
El sector pesquero de la cuenca del río Beni ha alzado la voz. Representantes de los municipios de Rurrenabaque, San Buenaventura, Reyes y Apolo denunciaron el reciente ingreso ilegal de maquinaria pesada al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, una acción que no solo vulnera la soberanía del área protegida más biodiversa del mundo, sino que desacata directamente una orden judicial.
La hecho se produjo el pasado 17 de enero en el puesto de control de Santa Cruz del Valle Ameno. Según la denuncia, tres guardaparques y un técnico ambiental fueron rebasados por personas con actitud beligerante que introdujeron una excavadora hidráulica china (modelo Leesan LE260 8OC) destinada a la minería aurífera ilegal en la cabecera del río Tuichi.
Este hecho representa una violación flagrante al Auto Ambiental No. SP-TAA 012/2025, emitido por el Tribunal Agroambiental (TAA) a finales del año pasado. Dicha medida cautelar prohíbe estrictamente el ingreso de maquinaria pesada y cualquier innovación en el área.
“El sector pesquero no fue atendido. Esperamos que el nuevo gobierno tenga mano firme con las cooperativas clandestinas en el Madidi… pedimos que se apiaden de la gente humilde que vive de la pesca”, aseveró Osmider Bedregal, ejecutivo de la Federación de Pescadores del Río Beni, sector Rurrenabaque.
El mercurio y el impacto en la salud
La preocupación de los cerca de 300 afiliados a la Federación no es solo económica, sino de salud pública. La minería ilegal utiliza mercurio de forma indiscriminada para extraer oro, contaminando los sedimentos que bajan por el río Tuichi hacia el río Beni.
El impacto más devastador lo sufren los pueblos indígenas, especialmente el pueblo Esse Ejja, cuyos miembros presentan niveles de mercurio que superan hasta siete veces los límites permitidos por organismos internacionales. Esta contaminación pone en jaque la reputación del sector pesquero y la seguridad alimentaria de comunidades Tacanas, Lecos y Esse Ejja.
Pese a que el SERNAP se adhirió a la solicitud de medidas cautelares impulsada por el jurista Rodrigo Herrera, la ejecución de estas ha sido nula. Según la Comisión Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (COPDEAPBO), existen al menos 44 operaciones mineras ilegales en el curso del río Tuichi.
Los pescadores, que este 1 de febrero celebran su 27 aniversario de fundación, exigen a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a la Policía y a las Fuerzas Armadas que cumplan con su mandato de desalojo y paralización de actividades ilegales en los ríos Beni, Tuichi, Quiquibey y Kaka, amparados en la Acción Popular N° 05/2023.
Hasta el cierre de esta edición, el Tribunal Agroambiental no se ha pronunciado sobre el desacato ocurrido en enero, mientras las aguas del Madidi continúan enturbiándose bajo el avance de la maquinaria pesada.
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