Periodistas que fueron agredidos por policías. Foto: Unitel
Tras casi tres años de proceso, la Fiscalía de Santa Cruz cerró el caso por agresiones y delitos contra la libertad de prensa cometidos por efectivos policiales en contra de un equipo de prensa de la red televisiva Unitel, quienes cumplían su labor informativa tras la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, en 2023. El cierre del proceso pone una vez más en evidencia la impunidad frente a las agresiones contra periodistas, algo que no se constituye en un hecho aislado.
“Ratificar la resolución de sobreseimiento emitida a favor de Víctor Hugo S.J., por la comisión de los delitos de lesiones graves y leves y delitos contra la libertad de prensa”, señala un memorial remitido al Juzgado Décimo de Instrucción Anticorrupción de Santa Cruz, con fecha 24 de noviembre de 2025, pero que fue comunicado oficialmente hace unos días.
La agresión a los trabajadores de Unitel, Miguel Ángel Rivero, periodista, y Joel Orellana, camarógrafo, ocurrió el 1 de enero de 2023, durante los enfrentamientos registrados en la zona del Cristo Redentor, de la capital cruceña, tras la aprehensión de Camacho. Los reporteros cubrían una protesta ciudadana y al intentar registrar el hecho, varios policías reaccionaron de forma violenta: tumbaron al camarógrafo al suelo, le arrebataron sus equipos y le agredieron físicamente. El periodista intentó intervenir para frenar el ataque, pero también fue agredido. Ambos fueron despojados de sus herramientas de trabajo y de pertenencias personales, como sus teléfonos celulares.
Ante estos hechos, el ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, presentó una denuncia contra el policía Víctor Hugo S.J. —el único identificado debido a que no usaba pasamontañas— por el delito de atentado contra la libertad de prensa, tipificado en el artículo 296 del Código Penal.
Respecto de la decisión asumida por la Fiscalía, en contacto con Sumando Voces, Méndez manifestó que “en estos casos existe un sistema de protección a favor de los policías”. Explicó que, además de la denuncia penal, se inició un proceso disciplinario interno; sin embargo, la respuesta institucional de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) fue que no se logró identificar a los demás agresores. “Ni siquiera este policía identificado fue sancionado. Ahí también hay impunidad”, subrayó.
El dirigente recordó que existen otros casos similares que permanecen sin justicia, como el de Las Londras, que a más de cuatro años sigue en la impunidad.
Mediante resolución fiscal, el caso de los periodistas de Unitel agredidos fue sobreseído y dicha determinación fue ratificada por el Fiscal Departamental el 24 de noviembre de 2025. La ratificación fue comunicada oficialmente el 8 de enero de 2026 por el fiscal de materia Herlan Rodríguez Cuevas, quien informó a la autoridad judicial que la decisión se adoptó conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Desde una perspectiva de los derechos fundamentales, la ratificación del sobreseimiento genera preocupación en el gremio periodístico, ya que cierra el proceso en la vía penal sin que se haya establecido la existencia de actos de limitación, intimidación o condicionamiento al trabajo informativo, elementos que forman parte del contenido esencial de la libertad de prensa, protegida por la Constitución y por estándares internacionales de derechos humanos.
Al respecto, la abogada de los periodistas, Raquel Guerrero, lamentó que, pese al cambio de gobierno, la administración de justicia mantenga las mismas prácticas. “Esto es triste. Este caso demuestra que la injusticia y los favores a ciertas personas van a continuar. Cuando se agrede a un periodista, la impunidad persiste”, afirmó a Sumando Voces.
Guerrero recordó que durante ese periodo no solo los trabajadores de Unitel fueron víctimas de agresiones. Mencionó el caso del periodista Roger Ramos, quien perdió un ojo tras recibir impactos de balines disparados por policías y que tiempo después falleció, así como el de Harold Salvatierra Justiniano, cuyo vehículo fue incendiado tras dejarlo estacionado frente al Comando Departamental de Policía. En este último caso, la Didipi respondió que no pudo identificar a los responsables y rechazó su denuncia, según informó Guerrero.
La jurista sostuvo que, bajo el argumento del control del orden público en Santa Cruz, la Policía incurrió en excesos y abusos, atacando no solo a la población, sino también a la prensa. Dijo que pareciera que los periodistas son vistos como un estorbo para que las agresiones se ejecuten sin testigos.
La causa, registrada bajo el CUD y NUREJ 701102012300102, queda así cerrada en esta instancia, en un contexto en el que organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión han advertido reiteradamente que el archivo de este tipo de procesos sienta precedentes negativos y desalienta la denuncia de agresiones, presiones o restricciones al trabajo periodístico.
Méndez recordó además que, ante la magnitud de los hechos, se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se documentó que al menos 52 periodistas fueron agredidos durante ese periodo. “La CIDH abrió un proceso contra el Estado boliviano y nos pidió pruebas, pero hasta ahora no hay resultados. Incluso a nivel internacional enfrentamos impunidad”, lamentó.
En ese marco, el dirigente exigió que los policías realicen operativos debidamente identificados. “Si no portan gafetes, parecen vulgares delincuentes encapuchados que actúan con total impunidad”, afirmó.
Finalmente, Méndez informó que la Asociación de Periodistas solicitó una reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para exponerle esta situación recurrente, en la que las agresiones a la prensa se repiten sin que se alcance justicia.
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