Miedo, enojo, ansiedad y enojo son algunas de las emociones que más afectan la calidad de vida de los defensores de derechos.
El impacto de las amenazas, las agresiones y la criminalización en la salud mental de los defensores de los derechos es una situación que viven en silencio y con poca o nula ayuda psicológica, que deriva en cuadros de depresión, ansiedad, desgaste emocional y estrés postraumático que afecta su cotidianidad. Es por eso que es un tema urgente el acceso a terapias especializadas y espacios de apoyo y contención emocional.
El defender los derechos de otras personas, del territorio, del medioambiente o de las diversidades sexuales hace, en varios casos, que los líderes se olviden de su propio bienestar y cargan con un peso invisible en su cotidianidad al sentir temor constante al ser amenazados, el estrés de seguir un proceso judicial porque están siendo criminalizados o sentir una constante ansiedad por el hostigamiento y callar esta situación.
“El bienestar emocional es una pieza clave en la sostenibilidad de la labor de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa”, señala una de las recomendaciones del estudio “Vulneraciones, discriminaciones, obstáculos y necesidades que enfrentan en la actualidad los defensores de derechos humanos en Bolivia” publicado en 2025 por el Comité Nacional de Defensores de Derechos Humanos.
Este documento fue realizado a partir de una encuesta realizada a 57 defensores de todo el país y entrevistas a profundidad, que revela que las principales consecuencias en la salud mental y emocional de los líderes son el miedo, el estrés, la ansiedad y el enojo.
Ante situaciones como el maltrato o la tortura los defensores sienten un 100% de enojo y ansiedad, cuando sufren violencia física presentan enojo y altos niveles de estrés, en caso de amenazas o lesiones físicas tienen un incremento en la ansiedad y estrés, al igual que cuando sufren ciberacoso. Los líderes cuando viven una situación de hostigamiento judicial viven con mucho enojo y estrés, además en casi todas las situaciones presentan problemas para concentrarse.
El 16,7% de los defensores encuestados recibió amenazas de muerte, el mismo porcentaje sufrió violencia física mientras que el 1,9% sufrió un secuestro, a esto se le suma que vivieron sucesos de amedrentamiento, hostigamiento y hubo una afectación psicológica.
El Observatorio de Derechos Humanos de UNITAS revela que las vulneraciones contra defensores de derechos humanos pasaron de 59 casos en 2022 a 93 en 2024. En 2025, entre enero y agosto se registraron 32 nuevos hechos, en especial contra personas defensoras del territorio, del medioambiente y periodistas.
“Los datos que han salido realmente han sido muy graves, en el sentido de que hay una gran afectación a la parte emocional y eso algo que nunca habíamos considerado”, manifiesta Elizabeth Arrázola, quien es miembro del Comité Nacional de Defensores de Derechos Humanos.
Procesos a los defensores de Tariquía
A nivel jurídico, el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se ha consolidado como un emblema de la criminalización ambiental en Bolivia; tras un proceso iniciado en 2024 por la estatal YPFB y Petrobras contra 29 comunarios, la Fiscalía de Entre Ríos presentó en enero de 2026 una acusación formal contra 12 defensores ambientales (hombres y mujeres del cantón Chiquiacá), quienes ahora se enfrentan a un juicio oral bajo cargos de «estorbar el ejercicio de funciones» y «atentados contra la libertad de trabajo».
El detonante: 1 y 2 de octubre de 2024
Estos son los días que originaron la acusación formal. Los comunarios de Chiquiacá instalaron una vigilia pacífica para impedir el ingreso de maquinaria pesada de YPFB y Petrobras hacia el pozo Domo Oso X-3.
Los defensores bloquearon los accesos, argumentando la falta de consulta previa y el riesgo para sus fuentes de agua. YPFB los denunció inmediatamente por «atentar contra la libertad de trabajo», alegando pérdidas millonarias por el retraso logístico.
El operativo sorpresa: 5 de enero de 2026
Apenas comenzando este año, la tensión alcanzó su punto máximo. La madrugada de ese día, mientras los defensores mantenían la vigilia en la zona de Quebrada Las Vacas, fueron sorprendidos por un fuerte contingente policial.
Aproximadamente 40 efectivos escoltaron un convoy de 13 vehículos petroleros. Hubo forcejeos, gritos y momentos de alta violencia psicológica al verse superados en número en plena madrugada.
Juzgado dispone pausa temporal
A pesar de que el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos dictó recientemente una medida cautelar de suspensión temporal de actividades en el pozo Domo Oso X-3, el proceso penal contra los líderes continúa activo, utilizándose como un mecanismo de presión que no solo busca el resarcimiento económico por supuestos daños al Estado, sino que también erosiona la estabilidad emocional y económica de quienes resisten la avanzada extractiva en áreas protegidas.
En todo caso, la autoridad judicial también solicitó a la Defensoría del Pueblo proporcionar información sobre las defensoras y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, con el objetivo de que esta situación sea considerada para una eventual determinación de medidas cautelares específicas en su favor.
El secuestro de Percy Suárez
Uno de los casos reportados es del camarógrafo Percy Suárez, quien en octubre de 2021 fue secuestrado junto a seis periodistas y cuatro policías por avasalladores de tierras en Guarayos, Santa Cruz, mientras hacía una cobertura periodística. El caso es conocido como “Las Londras”, nombre del predio donde sucedió el hecho, en el que un grupo de avasalladores salieron disparando y tomando de rehenes a los periodistas, solo uno pudo escapar, cuenta Suárez.
A él, le quitaron su cámara en la que había registrado una imagen de uno de los hombres apuntándole con un arma directamente, una imagen que persiste en su cabeza hasta ahora. Incluso lleva una polera con esa imagen como símbolo de la impunidad en su caso.
Suárez recuerda que les pusieron boca abajo a todos los periodistas y policías rehenes y por alrededor de siete horas les pegaron, caminaban encima de ellos, les hacían repetir consignas y les interrogaban mientras escuchaba que querían matar a uno de los policías.
Luego les obligaron a firmar un documento para que ninguno de los secuestrados vuelva por esos lugares, le dieron un “cachazo” a Percy en la cabeza y les devolvieron sus equipos arruinados para luego liberarlos. Él no dejó de trabajar, no tuvo tiempo de entender bien la dimensión de lo que le había sucedido, solo siguió, pero con la firme posición de que se haga justicia por este atropello. Sus otros colegas producto de esta situación dejaron de trabajar en medios de comunicación y se dedicaron a otras cosas, ninguno estaba bien para seguir con el proceso judicial contra cinco personas acusadas por los presuntos delitos de tentativa de asesinato, privación de libertad, tortura, lesiones graves, secuestro, robo agravado, portación de armas.
El caso tuvo varias dilaciones, en agosto de 2025, los acusados objetaron la competencia del Tribunal de Sentencia de Concepción y pidieron ser juzgados a través de la justicia indígena originaria campesina, el caso quedó paralizado e impune luego de casi cuatro años del hecho.
“Yo sigo firme por esos otros colegas que no pueden dar la cara por diferentes motivos, por enfermedad, porque no quieren saber del tema, porque además se tiene que sentar un precedente, tiene que haber justicia, porque después de lo ocurrido en Las Londras hay un montón de abusos contra los periodistas”, sostuvo Suárez.
Producto de esta situación, Suárez dejó de trabajar en el medio de comunicación, después de meses volvió con más empatía por las injusticias, quiso dejar el caso por toda la presión y el estrés que le hacía sentir, pero callar le hacía peor. “No queremos saber que somos superhéroes, no lo somos, lo que sí, somos humanos y sangramos y lloramos”, enfatiza.
Esto también afectó a su salud, él tiene diabetes y el doctor le prohibió “enojarse” porque le hará peor, pero “a pesar de eso” pedirá justicia “hasta que la fuerza” esté con él, aunque acepta, entre lágrimas, que esta situación marcó su vida.
Varios defensores bolivianos pasan por situaciones de presión, estrés, ansiedad y miedo, pero que quedan invisibilizadas por la sociedad, por eso más de medio centenar de defensores reunidos en un encuentro en Cochabamba hablaron sobre la necesidad urgente de abordar esta temática y que también esté incluida en el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos que ellos mismos elaboraron.
Arrázola señala que por eso es urgente formar redes de contención para los defensores, y que quede esto en una normativa para que los líderes se protejan y que se haga prevalecer el derecho de vivir una vida tranquila.
Arrázola también señala que es necesario trabajar en un manual de autocuidado para la salud mental de los defensores como un mecanismo de protección.
Abordar la salud mental de los defensores de los derechos humanos no es un asunto secundario, sino un pilar fundamental para la sostenibilidad de la democracia y la justicia. La exposición constante a amenazas o la impunidad genera un desgaste emocional y psicológico que pone en riesgo su bienestar y, por ende, su invaluable labor.
Aquí puede leer el estudio completo:
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