Foto: A la izq. Maquinaria de Petrobras; a la der. la Defensoría del Pueblo en el Juzgado Agroambiental. Composición Sumando Voces
La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía continúa en la mira del debate ambiental y político de Tarija. Mientras la Defensoría del Pueblo acudió a la vía judicial para frenar de manera preventiva un proyecto de exploración hidrocarburífera, surgen denuncias sobre movimientos de maquinaria y presuntos vicios en el proceso que reavivan la preocupación de comunidades y autoridades locales.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó una solicitud de medidas cautelares ambientales ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, en Tarija, con el objetivo de suspender temporalmente la ejecución del proyecto de perforación exploratoria del pozo Domo Oso X3, en el bloque San Telmo Norte. La acción busca evitar posibles daños irreversibles mientras se aclaran observaciones técnicas, legales y procedimentales vinculadas a la licencia ambiental y al derecho a la consulta pública.
Desde la institución defensorial se advirtió que el proyecto podría incumplir estándares internacionales en materia de participación y protección ambiental, lo que representaría un riesgo directo para Tariquía, un área protegida clave para la biodiversidad y la recarga hídrica del sur del país. La Defensoría remarcó que su intervención se sustenta en el mandato constitucional de defensa del derecho a un medio ambiente sano y en compromisos internacionales asumidos por el Estado, como el Acuerdo de Escazú.
La solicitud judicial se conoce en un contexto de creciente tensión social. El concejal tarijeño Rodrigo Altamirano denunció públicamente el ingreso de maquinaria pesada en la ciudad de Entre Ríos, presuntamente vinculada a la empresa IST, subsidiaria de Petrobras, lo que —según afirmó— evidenciaría un avance operativo previo a que se despejen las observaciones legales y ambientales.
Altamirano sostuvo que existen denuncias de familias del barrio La Pista sobre el almacenamiento de maquinaria en predios privados y cuestionó duramente el proceso seguido por Petrobras, al que calificó de “viciado” desde sus etapas iniciales. El concejal vinculó estas acciones a decisiones normativas previas, como la rezonificación del área protegida, y alertó sobre lo que describió como un “fast track” para viabilizar la exploración en una zona sensible.
En ese marco, el edil llamó a parlamentarios y autoridades nacionales a ejercer control y seguimiento, señalando que las comunidades de la región no deberían asumir las consecuencias de presuntas irregularidades acumuladas durante años. También cuestionó el rol de YPFB en la promoción del proyecto y advirtió sobre los riesgos de permitir actividades extractivas en una zona de recarga hídrica fundamental para Tarija.
Mientras el Juzgado Agroambiental evalúa la solicitud de medidas cautelares, la Defensoría del Pueblo anunció que hará seguimiento permanente al proceso judicial y a la situación en Tariquía. El caso vuelve a poner en evidencia la tensión entre la política extractiva del Estado y la protección de áreas estratégicas para el equilibrio ambiental y la vida de las comunidades locales.
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