Por: Mercedes Fernández
En la Chiquitanía, donde el sol cae como un peso antiguo sobre la tierra rojiza y los vientos arrastran aromas de madera quemada y pasto seco, los ríos son más que agua, son memoria, alimento, refugio; son las venas azules que sostienen la vida en territorios que parecen, a simple vista, interminablemente verdes, pero que conocen la fragilidad mejor que nadie.
El río San Lorenzo era uno de esos ríos delgados pero constantes, uno que no hacía ruido, pero que sostenía la historia de cinco comunidades chiquitanas. Un río que alimentaba cultivos, que refrescaba a los niños, que era la ruta de los peces y la sombra de los árboles en verano. Un río que, como todos, solo pedía una cosa: seguir su camino.
No imaginaban que un día ese camino sería detenido, encapsulado, murmurado en un encierro gris de cemento. No imaginaban que un río podía ser enjaulado. Pero un día, ese río dejó de llegar.
El silencio fue primero una sospecha, luego una certeza dolorosa. El San Lorenzo había sido encajonado, casi literalmente: atrapado entre muros de cemento dentro de la hacienda San Lorenzo, en plena TCO Turubó Este. “Es como si le hubieran puesto un candado al agua”, diría más tarde una comunaria.
El propietario de la hacienda, Andrés Maggy, construyó represas, desvió el flujo natural del río, colocó cañerías internas y levantó un muro que detenía el caudal para beneficio propio. Su ganado bebía abundante agua embalsada, pero la gente y el ganado de las comunidades, no.
Desde ese momento, el río San Lorenzo se convirtió en un San Lorenzo truncado, un río al que le robaron el movimiento.
Ahora, tras una década de perjuicios, el caso ha llegado a un punto decisivo: la sentencia, anunciada para el 27 de noviembre de 2025 en el Juzgado Agroambiental de Roboré, podría convertirse en la primera de Bolivia que reconozca en términos prácticos y judiciales que los ríos son sujetos de derecho.
Cuando el agua dejó de llegar
Las comunidades de Ipias, Buena Vista, La Ramada, San Juan y Entre Ríos empezaron a sentirlo antes de entenderlo. Primero fue un rumor: el agua bajaba más delgada, más tibia, más lenta. Después, llegó la sequedad. El río venía sucio, casi detenido. Los peces morían. Los cultivos no alcanzaban. Los pozos se agotaban más rápido de lo habitual.
Y entonces llegó la vergüenza: comprar agua. Hacer filas para que una cisterna municipal les dejara, “como si fueran mendigos”, un poco del recurso que siempre había sido suyo.
“Nosotros muriendo de agua… y esperando como mendigos que la Alcaldía nos dé un poquito para vivir”, dijo una dirigente indígena al borde de una audiencia. Su voz tenía esa mezcla entre rabia y cansancio que solo se forma con los años. La gente se quedó en silencio, porque todos sabían que era verdad.
Durante mucho tiempo, las comunidades culparon al clima. ¿Quién podría pensar otra cosa? El Chaco y la Chiquitanía se habían vuelto territorios castigados por incendios voraces, sequías interminables, humo que llegaba hasta las hamacas. Pensaron que era el destino, la mala suerte o el castigo de una naturaleza que ya no podía más. Hasta que un día se animaron a mirar más arriba.
Los ríos son sujeto de derechos
Si el agua es vida, un río es una bendición que corre, vibra y respira. En Bolivia, donde los pueblos indígenas mantienen desde tiempos inmemoriales una relación espiritual con el agua, el río San Lorenzo es más que un cauce: es memoria, sustento, vínculo e historia. Sin embargo, su fluir fue “encajonado” como si tuviera dueño, como si pudiera pertenecerle a un solo hombre.
Un hacendado creyó que su ganado valía más que la vida de las comunidades. Y esa herida —un bloque de cemento sobre el cuerpo del río— se convirtió en el origen de una lucha que hoy intenta sentar un precedente para el país.
Las comunidades que conforman la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este, en San José de Chiquitos, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz, se unieron en un reclamo histórico: liberen al río San Lorenzo.
El caso recae en el Juzgado Agroambiental de las provincias Germán Busch y Chiquitos, con asiento en Roboré, a cargo del juez Álvaro Torrez, quien deberá decidir si en Bolivia los ríos son realmente sujetos de derechos, como proclaman las leyes y como exigen las comunidades.
Los afectados esperan que el juez ordene no solo la restauración del ecosistema y la eliminación de las infraestructuras que “aprisionaron” el curso del agua, sino también una compensación de 16 millones de bolivianos.
Para el abogado ambientalista Rodrigo Herrera, representante de las cinco comunidades, este no es un juicio cualquiera. Es un momento definitorio: “Se debe hacer justicia y sentar un precedente de que los ríos son sujetos de derecho y no pueden ser violentados en su curso ni en su uso”.
Repasando las huellas: una década de agravio
La historia se remonta a 2014, cuando —sin ficha ambiental, sin autorización estatal y sin consulta previa— se instalaron represas y un sistema de riego dentro de la hacienda privada. Diez años después, recién se formalizó la demanda.
Los derechos protegidos por la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Medio Ambiente, la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral y diversas normativas destinadas a resguardar el fluir natural de los ríos, fueron vulnerados.
En agosto de 2024, el cacique de Buena Vista, Wilson Humberto Hurtado Perrogón, presentó la demanda ante el juzgado agroambiental de Roboré. Desde entonces, comenzó un litigio lleno de obstáculos. El hallazgo fue brutal: el río San Lorenzo estaba truncado, encerrado, inmovilizado. Lo habían convertido en una represa privada, dentro de una hacienda. Un muro de concreto cortaba el curso natural del agua, las cañerías conducían el líquido lejos de su cauce original y el molino instalado adentro funcionaba con la fuerza de un río que ya no pertenecía a quienes vivían río abajo, sino a quien se consideraba dueño de la tierra donde fluía.
El propietario de la hacienda San Lorenzo, Andrés Maggy, había decidido intervenir el curso del río sin autorización, sin ficha ambiental, sin consulta a las comunidades y sin derecho alguno. El río había sido convertido en servidumbre del ganado. A partir de ahí, la historia cambió para siempre.
La demanda que nació del cansancio y una inspección que cambió todo
Diez años después de la intervención, el cacique de Buena Vista, Wilson Humberto Hurtado Perrogón, presentó una demanda ambiental ante el Juzgado Agroambiental de Roboré. No era una acción más. Era el inicio de una lucha nueva, colectiva, rabiosa, que unió a cinco comunidades bajo un mismo reclamo: liberen el río.
El proceso fue largo, lleno de audiencias suspendidas, idas y venidas, discusiones técnicas, negaciones del propietario y su abogado, y una paciencia que solo tienen quienes dependen de la naturaleza para sobrevivir.
Pero hubo un día clave: la inspección técnica del 9 de octubre de 2024. Ahí estaba todo: El muro, la represa, los restos de intervención, el camino del agua alterado, el molino y las tuberías largas como serpientes. Las evidencias que durante años habían sido intuiciones se volvieron pruebas. Aun así, el representante legal de la hacienda, Juan Carlos Prado, negó todo. Negó el muro, la represa, el desvío, el daño e incluso la falta de agua en las comunidades.
Prado insistió incluso que la Autoridad Boliviana de Tierras (ABT), la Gobernación y el Servicio de Encauzamiento de Ríos (SEARPI) no certificaron afectaciones en el río San Lorenzo.
La pericia ambiental fue el punto de quiebre
La ingeniera ambiental Carla Patricia Álvarez, nombrada de una terna seleccionada por el juez, elaboró una pericia técnica determinante. Prado pidió que se la rechace, alegó falta de objetividad, pero para el abogado Herrera, el informe cumplía con todos los requisitos solicitados por el juzgado.
El 8 de octubre, en audiencia, el juez Torrez validó la pericia como prueba contundente de la intervención y afectación al río San Lorenzo. Ahora se espera la sentencia: 27 de noviembre de 2025. Una fecha que podría marcar un antes y un después en la justicia ambiental boliviana.
«Nosotros, muriendo de ser»: la voz de los afectados
Antes de entrar a una audiencia, una dirigente indígena expresó su indignación: “Nosotros muriendo de agua… Nosotros comprando agua y esperando como mendigos las cisternas de la alcaldía para que nos den un poquito de agua para vivir. No, no es justo”.
La voz quebrada de la mujer resumía una década de angustia. Porque las comunidades creían que la sequía era solo consecuencia de los incendios y del cambio climático. No imaginaban que el agua estaba siendo deliberadamente retenida.
Las comunidades encuentran su fuerza
Con la certeza del daño, el sufrimiento cobró otro significado, ya no era destino, era injusticia. “Lo caciques siempre hemos estado firmes y no nos vamos a rendir hasta que liberen las aguas del río San Lorenzo”, dijo el cacique Esmin Paraba, recordando viajes interminables desde su comunidad para llegar a Roboré cada vez que había audiencia.
En la TCO Turubó Este, la gente no solo caminó para defender agua, caminó para defender su memoria, porque un río, para ellos, no es un accidente geográfico: es un vínculo entre generaciones.
El cacique Lisandro Tomichâ lo expresó con una claridad incontrastable: “Nacimos y crecimos con nuestros ríos y vamos a reclamar sus derechos”.
Los testimonios fluían con la misma fuerza del río que ya no podían ver: “Las aguas llegaban sucias, contaminadas… nuestros animales se enfermaban”. “Se secaron los pozos… sufrimos mucho”. “Antes teníamos agua normal. Hoy ya no”.
Las comunidades descubrieron, con dolor, que el río estaba detenido para que el agua sirviera a un solo interés. Ellas, en cambio, sobrevivían con migajas.
Incendios, sequías y el gran engaño
En la Chiquitania, los incendios forestales, la deforestación y las sequías están entrelazados. Pero en este caso, la falta total de agua era un síntoma más profundo: el río estaba literalmente encerrado. Las medidas correctivas recomendadas nunca fueron aplicadas por el propietario de la hacienda. Aun así, las comunidades siguieron insistiendo.
El río clama su liberación: dimensiones ambientales y legales
En cada audiencia, el abogado ambientalista Rodrigo Herrera repetía como un mantra el artículo 376 de la Constitución boliviana, el que declara que los ríos, lagos y lagunas son recursos estratégicos para la soberanía del país, y que el Estado debe evitar toda acción que dañe sus ecosistemas.
Asimismo, el jurista recitó una y otra vez este artículo que es el corazón jurídico del caso y que declara:
• Que los ríos son recursos estratégicos
• Que el Estado debe evitar acciones que dañen los ecosistemas
• Que se debe preservar sus caudales para el bienestar de la población
Pero Herrera fue más allá: habló de los ríos como sujetos de derecho, con derecho a existir, a fluir. a regenerarse, a no ser dañados, a mantener la calidad de sus aguas y a conservar su cuenca.
Era una idea profunda, casi poética, pero también jurídica. Y no era nueva en el mundo: Nueva Zelanda, India y Colombia ya habían reconocido legalmente a algunos de sus ríos como seres vivos con derechos. Si el río San Lorenzo ganaba este juicio, Bolivia podría sumarse a esa lista.
El mundo también está hablando: los ríos ya son sujetos de derecho. Bolivia no está sola en este debate. En el mundo, varios ríos ya son sujetos de derechos:
• Río Atrato (Colombia), 2016
• Whanganui (Nueva Zelanda), 2017
• Ganges y Yamuna (India), 2017
• Río Magdalena (Colombia), 2020
El caso San Lorenzo podría convertirse en la primera referencia boliviana y sudamericana oriental sobre el reconocimiento pleno de los derechos de los ríos.
Herrera lo explicó así: “El daño no solo es a estas comunidades, es a Santa Cruz, es al sistema del río Paraguay, es a la cuenca del Plata. Un río no es una línea de agua: es un organismo que conecta territorios”.
En su planteamiento, liberar al San Lorenzo era, de alguna forma, liberar también una parte del país. Y respetar los principios esenciales del “río como sujeto de derecho” que, además de ser compatibles con la legislación boliviana, están alineados con nuevas corrientes globales de justicia ecológica.
La sentencia que dicte el juez deberá considerar todas las pruebas: las documentales, las periciales, las fotografías, los testimonios y las inspecciones oculares.
Entrevista LOS RIOS SON SUJETOS DE DERECHOS. Rodrigo Herrera, abogado especialista en temas ambientales, espera un fallo justo para que el rio San Lorenzo corra libre su camino.
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Una cuenca que es parte del sistema hídrico del continente
El río San Lorenzo forma parte de la cuenca del río Paraguay y del Sistema del Río de la Plata, que conecta a Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Su afectación no es un hecho local, sino parte de un sistema continental.
Herrera lo destacó así: “El daño no solo es a las comunidades de la TCO, sino a Santa Cruz y al sistema de agua del Río de la Plata”.
La otra batalla: el desconocimiento urbano
El abogado Herrera reflexionó sobre la distancia cultural entre quienes viven en las ciudades y quienes viven en comunidades indígenas: “Este chorrito de agua en las comunidades, es también parte del agua que se interconecta en otros territorios… La calidad de vida de las capitales depende de los ciclos hídricos en áreas de reservas naturales”.
La juventud boliviana —que representa el 60% de la población— es clave en esta comprensión. Las nuevas generaciones, sensibilizadas en causas ambientales, serán las que transformen la relación país-naturaleza.
Juventudes, ciudades y territorios: el país descubre un río
Mientras el caso avanzaba, algo particular ocurrió: jóvenes de ciudades comenzaron a interesarse en el juicio, quizá porque ya habían visto demasiadas noticias sobre incendios en la Chiquitanía, quizá porque, como dice Herrera, las nuevas generaciones comprenden mejor que sus abuelos que la crisis climática no es una amenaza lejana, sino una presencia diaria.
“El agua que llega a las capitales depende de los ciclos hídricos en áreas naturales”, insistió Herrera y repitió: “Este chorrito aquí sostiene a miles más allá”.
La idea, tan simple como verdadera, empezó a resonar. Las comunidades, con sus caminatas, sus pancartas escritas a mano y su insistencia, despertaron algo que dormía en las ciudades: la conciencia de que los ríos son patrimonio colectivo, no propiedad privada.
Cuando el agua duela: los relatos del sufrimiento
El 27 de noviembre podría definirse un antes y después. Pero para las comunidades, la tragedia ya ocurrió. “Las aguas llegaban sucias, contaminadas… nos estábamos enfermando”, relatan los caciques.
Los ganaderos, dicen, parecían tener más derechos que la gente. El agua dejó de ser un recurso común. Y la vida dejó de ser sostenible. La TCO Turubó Este vivió años de sed, compra de cisternas, enfermedades, pérdida de cultivos, muerte de peces, destrucción de ecosistemas.
Los caciques Lisandro Tomichâ (Entre Ríos) y Esmin Paraba (La Ramada) son claros: “Nacimos y crecimos con nuestros ríos y vamos a reclamar sus derechos”. “No nos vamos a rendir hasta que liberen las aguas del río San Lorenzo”.
Las comunidades afectadas no son solo puntos en un mapa. Son historias vivas:
• Buena Vista
• La Ramada
• Entre Ríos
• San Juan
• Ipias
Cinco comunidades, cientos de familias, una década de sed y un río que todavía respira bajo el concreto.
La última palabra: el río San Lorenzo espera justicia
Una verdad que late como un tambor: “Es el río nuestra vida”. Para ellas y ellos —los pueblos que viven y sienten el territorio— liberar al San Lorenzo no es un trámite judicial. Es un acto de supervivencia y memoria.
El 27 de noviembre, un juez podría cambiar la historia, no solo del San Lorenzo, no solo de la Chiquitanía, sino de Bolivia, porque cuando un río es reconocido como ser vivo, también lo es la vida que lo rodea, y cada comunidad indígena que lo defiende encuentra, finalmente, un eco en la justicia.
Las comunidades esperan, el país observa, el río respira y la sentencia está por escribirse.
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