Estos son los cinco magistrados prorrogados en el TCP. Foto: ANF
Con datos de ANF y Erbol
Tras casi dos años de permanencia ilegal en sus cargos, los magistrados prorrogados en sus cargos son obligados a marcharse, con una orden de aprehensión que pende sobre sus cabezas y la prohibición expresa de ingresar a las que fueron sus oficinas.
La sala Constitucional de Potosí decidió cesarlos en sus funciones y un juzgado de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión en su contra.
De hecho, el Tribunal Constitucional, donde estaban cinco de los siete prorrogados, pudo sesionar por primera vez sin ellos, y eligió a su nueva presidenta, cargo que recayó en la magistrada Paola Verónica Prudencio.
Los magistrados prorrogados concluyeron sus funciones en diciembre de 2023, pero decidieron prorrogar sus mandatos suspendiendo las elecciones en varios departamentos.
En un último intento por irse de manera decorosa, los magistrados prorrogados emitieron este martes el Auto Constitucional 0087/2025 poniendo fin a su «autoprórroga” y dándose 10 días para cumplir con su salida.
Sin embargo, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yvan Espada Navia, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas, los cinco autoprorrogados del Tribunal Constitucional, quedaron cercados por acciones populares y denuncias penales por haber prorrogado su mandato por dos años, cuando la Constitución establece que su gestión no debe sobrepasar los seis años.
La nueva presidenta
Prudencio fue elegida por unanimidad de la Sala Plena conformada por los magistrados electos Ángel Edson Dávalos, Amalia Laura Villca y Boris Wilson Arias. Además, acordaron varias medidas para evitar que el Tribunal Constitucional se convierta en “un instrumento de presión”.
En su primer discurso como presidenta del TCP, Prudencio afirmó que se restableció la legalidad y la institucionalidad y que el tiempo del autoprórroga ha concluido.
“Quiénes intentaron gobernar este tribunal, con mandatos fenecidos, emitiendo resoluciones para proteger sus propios cargos y amenazar a otros jueces, han cesado en sus funciones. A partir de este momento, las puertas de este tribunal se cierran a la arbitrariedad y se abren nuevamente a la supremacía de la Constitución Política del Estado”, dijo.
“No existe ningún óbice constitucional ni legal para que el Tribunal Constitucional Plurinacional funcione con los cuatro magistrados electos. El día de hoy sesionamos en sala plena se ha elegido una presidencia, seguramente se van a conformar las salas y se va a aprobar los reglamentos al interior del Tribunal Constitucional”, sostuvo Prudencio.
Consideramos que se ha coartado el derecho de cinco departamentos Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija de elegir a sus autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y otros dos departamentos para elegir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Confiamos y somos respetuosos de las competencias de los otros órganos del Estado, y confiramos en que las autoridades electas en el Legislativo y en el Ejecutivo asumirán las determinaciones conforme a la Constitución y a las leyes», añadió.
Asimismo, anunció que tomaron la decisión de realizar auditorías de manera inmediata. Informó que heredaron presumiblemente más de 17 mil causas pendientes, no obstante requerirán informes para contar con la información precisa acerca de la carga procesal.
Respecto a la conformación de salas y la comisión de admisión; la transmisión pública de los sorteos de expedientes; la unificación jurisprudencial y la acumulación de expedientes para reducir la carga procesal; y el tratamiento de los reglamentos de funcionamiento de la Sala Plena, de la comisión de admisión y del reglamento de advocaciones, que serán publicados en la página institucional. Se dispuso la reestructuración y convocatoria pública para los cargos jurisdiccionales y administrativos.
Potosí y La Guardia
El juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, que está a cargo del Juzgado de Instrucción primero del municipio de La Guardia, emitió cuatro órdenes de aprehensión contra cuatro prorrogados: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rene Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Gallardo. La medida no alcanza a Isidora Jiménez porque renunció.
Por otra parte, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz determinó prohibir el ingreso a los cinco magistrados autoprorrogados a instalaciones del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Y exhortó a la policía tomar conocimiento de la disposición y ejecutar la resolución.
El vocal José Manuel Gutiérrez Velásquez señaló que al otorgarse la tutela de la acción popular que se interpuso se determinó de manera inmediata el cese de los magistrados, dejando sin efecto cualquier resolución emitida por estos a partir de la decisión asumida en la Sala Constitucional, se lee en el portal de la Agencia Judicial de Noticias (AJN).
Asimismo, se exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Presidente del Estado la aprobación del marco normativo que permita sesionar a los magistrados electos en la gestión 2024 a la brevedad posible velando también por cubrir de manera oportuna las acefalías que quedan.
Los prorrogados se quedaron en sus cargos a través de disposiciones que ellos mismos dictaron en su beneficio, actuaron bajo la protección del anterior gobierno de Luis Arce y en ese entonces del Ministerio de Justicia y hasta de la Procuraduría General del Estado, pese a que ellos sólo podían estar en funciones por un periodo constitucional de seis años.
El Presidente
El presidente Rodrigo Paz destacó la salida de los prorrogados indicando que “se recupera una instancia judicial al servicio del pueblo, se recupera un Tribunal Constitucional que tendrá que reorganizarse, fortalecerse y generar los procesos para su modernización”.
Según el mandatario, el TCP forma parte de uno de los tres “símbolos de la injusticia” junto con el Ministerio de Justicia, la Procuraduría ya que “no estaban al servicio de las grandes mayorías, sino al servicio de los intereses y de los poderes”.
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