Conflictos en 2019. Foto: La República
Marcela Calle, presidenta de los detenidos y torturados en la crisis política del 11 de noviembre de 2019, denunció que el derecho a la justicia para las víctimas ha sido gravemente vulnerado, y que, a seis años de los hechos, no hay responsables identificados ni sentenciados.
“No existe ninguna persona sentenciada por las detenciones, las torturas o las lesiones”, afirmó Calle a ANF, subrayando la impunidad que persiste en estos casos.
Según la dirigente, tampoco se ha emitido imputación formal alguna contra los responsables. Calle responsabilizó directamente a la Policía por los abusos cometidos, señalando que los efectivos “cazaron” a las víctimas en distintos puntos de La Paz y El Alto, concentrándolos en el Distrito 3 y trasladándolos posteriormente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde se cometieron los crímenes.
En el caso que representa, 24 personas fueron detenidas, acusadas de terrorismo, sedición y de supuestos actos de violencia como quemas y robos. Todas sufrieron tortura y lesiones durante su detención. Un abogado tuvo que cubrir la audiencia de 17 de los detenidos, mientras que el tiempo de encarcelamiento varió entre dos y cuatro meses, tras lo cual todos pasaron a detención domiciliaria.
El proceso culminó con un sobreseimiento, luego de que la Fiscalía no pudiera demostrar las acusaciones. Los afectados debieron costear sus gastos legales de manera independiente, un proceso que se extendió hasta 2021. Calle enfatizó que, a pesar de esto, la reparación integral y el enjuiciamiento de quienes los encarcelaron injustamente aún están pendientes.
La dirigente y su organización esperan que el nuevo gobierno cumpla con la Ley de Reparación Integral, ya promulgada, y trabajan en el reglamento que permitirá que las víctimas reciban compensación y justicia efectiva. “Queremos que quienes nos encarcelaron sean procesados penalmente”, afirmó Calle.
El 11 de noviembre de 2019 marcó uno de los días más críticos de la crisis política que siguió a las elecciones de octubre y a la renuncia de Evo Morales. Bolivia quedó sumida en un vacío de poder tras la renuncia simultánea de autoridades nacionales, lo que intensificó la sensación de caos e incertidumbre.
Durante la jornada, la Policía y, posteriormente, el Ejército desplegaron operativos para controlar disturbios, saqueos y enfrentamientos en zonas de La Paz como Achumani, Obrajes, Cota Cota, Villa Fátima y Villa El Carmen. Miles de manifestantes llegaron desde El Alto, mientras grupos vecinales bloqueaban calles y organizaban resistencia, lo que derivó en violencia generalizada y ataques a viviendas de autoridades y periodistas.
Ese día también se produjo la renuncia o abandono temporal de varios funcionarios, mientras Jeanine Añez anunciaba su disposición para asumir la presidencia de manera transitoria. Para Calle, este contexto de vacío institucional y caos político facilitó los abusos policiales y la persecución contra quienes participaron en las movilizaciones, dejando a las víctimas en una situación de impunidad que hoy, seis años después, sigue sin resolverse.
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