Representantes de más de 100 organizaciones de la sociedad civil presentaron una carta pública en la Casa Grande del Pueblo. Foto portada: Yenny Escalante/Sumando Voces
Más de un centenar de redes, instituciones y organizaciones de la sociedad civil solicitaron una reunión con el presidente Rodrigo Paz Pereira y el vicepresidente Edmand Lara Montaño para presentar una propuesta orientada a fortalecer la gestión ambiental del país y garantizar la protección de las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. Las plataformas exigen que el nuevo gobierno cumpla su compromiso de “defender ríos, bosques y glaciares” y adopte medidas urgentes frente a la crisis ecológica que atraviesa Bolivia.
“Como Plataforma por las Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos de Bolivia, les solicitamos una reunión con ambos mandatarios para presentarles nuestra visión sobre las necesidades de la gestión ambiental”, enfatiza la carta pública presentada este martes en ventanilla única de la Casa Grande del Pueblo.
En la carta, los colectivos recordaron que Bolivia suscribió el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, que establece como meta conservar de manera efectiva al menos el 30% del territorio nacional hasta 2030. “La protección de estos espacios garantiza biodiversidad, agua, clima y medios de vida para millones de bolivianos”, señala el documento. Las organizaciones también solicitaron que el Ministerio de Medio Ambiente sea dirigido por una persona idónea y con experiencia técnica para encarar la “situación ambiental más crítica de las últimas décadas”.
Según el análisis presentado, el país enfrenta una acelerada pérdida de biodiversidad, contaminación de ríos, expansión de actividades extractivas en áreas protegidas y territorios indígenas, así como niveles históricos de deforestación. Solo en 2024 se perdieron 1,4 millones de hectáreas de bosques, ubicando a Bolivia entre los países más deforestadores del mundo. A ello se suma el incremento de la minería aurífera, particularmente en la cuenca del norte paceño, que ha generado contaminación por mercurio y convertido varias regiones en “zonas de sacrificio ambiental”.
“Hemos hecho una investigación que nos da como resultado que apenas cerca del 17% está efectivamente conservado, el resto está siendo invadido, avasallado y contaminado, lamentablemente”, sostuvo Jenny Gruenberger de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).
El documento advierte además que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) atraviesa una severa crisis presupuestaria y operativa, marcada por la reducción del número de guardaparques, falta de logística, cierre de campamentos y ausencia de control efectivo en zonas críticas. Esta precariedad, señalan, dejó a varios parques nacionales expuestos a incendios, avasallamientos, expansión agrícola, carreteras y megaproyyectos.
Como respuesta, las organizaciones plantean una agenda ambiental para el periodo 2026–2030, centrada en la reestructuración del Sernap, el incremento presupuestario, la selección técnica de autoridades, el fortalecimiento de la investigación científica, la creación de nuevas áreas protegidas y la aplicación rigurosa de salvaguardas contra actividades extractivas. También proponen mejorar la gestión de humedales RAMSAR, fortalecer territorios indígenas y reconocer iniciativas comunitarias de conservación como OMEC.
OMEC significa “Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en Áreas” (en inglés: Other Effective area-based Conservation Measures).
Son espacios geográficos que, sin ser formalmente áreas protegidas, contribuyen de manera duradera y efectiva a la conservación de la biodiversidad. Pueden ser manejados por comunidades indígenas, organizaciones locales, municipios, cooperativas o incluso actores privados, siempre que cumplan con criterios de conservación a largo plazo.
“Tenemos la esperanza de que este nuevo Gobierno pueda abrir su agenda e integre en su plan de desarrollo este tipo de acciones y planificación (para conservar las áreas protegidas)”, indicó Konka Jauregui, voluntario del colectivo Tayka.
Las plataformas solicitaron al Ejecutivo fijar una fecha para la reunión “en las próximas semanas” con el fin de explicar a detalle la propuesta y coordinar acciones hacia un modelo de desarrollo sostenible. “Nuestro compromiso es trabajar por los derechos de las actuales y futuras generaciones a un ambiente saludable, protegido y equilibrado”, concluye la carta.
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