Conclusión de la Cumbre de los pueblos en la COP30. Fotos: Comunicarte
Inés Gonzáles/Erbol desde Belém do Pará, Brasil
El domingo 16 de noviembre concluyó la Cumbre de los Pueblos que contó con la participación de la ministra de medioambiente de Brasil, Marina Silva, y el presidente de la COP30. Fruto de seis días de intensas y múltiples actividades, la Cumbre emitió una declaración que entre sus principales puntos señala al modo de producción capitalista como la causa principal de la creciente crisis climática y establece que las comunidades periféricas son las más afectadas por los fenómenos climáticos extremos.
También expresa la oposición de los pueblos a cualquier falsa solución a la crisis climática y advierte que el TFFF, al ser un programa financiado, no es una respuesta adecuada y demanda que todos los proyectos financieros deben estar sujetos a criterios de transparencia, acceso democrático, participación y beneficio real para las poblaciones afectadas.
El TFFF es un mecanismo ambicioso para financiar la conservación de los bosques tropicales con un enfoque de “inversión de largo plazo” más que donación, pero no está exento de desafíos políticos y sociales.
El documento también señala que se necesitan políticas públicas para avanzar en la recuperación de los Estados y hacer frente a las privatizaciones. En su parte propositiva, la declaración de la Cumbre de los Pueblos desarrollada en Belém do Pará afirma que el aire, los bosques, las aguas, las tierras, los minerales y las fuentes de energía no pueden seguir siendo propiedad privada ni ser apropiados, porque son bienes comunes de los pueblos. Por lo tanto, exige la participación y el protagonismo de las comunidades en la construcción de soluciones climáticas, y sostiene que los conocimientos ancestrales deben ser reconocidos por los Estados como referencias fundamentales para enfrentar las múltiples crisis que afectan a la humanidad y a la Madre Naturaleza.
Por otro lado, exigen la demarcación y protección de las tierras y territorios indígenas y de otros pueblos y comunidades locales, ya que son ellos quienes garantizan la vida del bosque. Asimismo, exigen a los gobiernos la deforestación cero, el fin de las quemas criminales y políticas estatales para la restauración ecológica y la recuperación de las áreas degradadas y afectadas por la crisis climática. La agroecología como garantía de la soberanía alimentaria y la lucha contra el racismo ambiental, además de la construcción de ciudades justas y periferias vivas mediante la implementación de políticas y soluciones ambientales, es parte de las propuestas dirigidas a los gobiernos reunidos en la COP30.
El documento exige el fin de las guerras y la desmilitarización; y que todos los recursos financieros destinados a las guerras y a la industria bélica se reviertan para la transformación de este mundo y la reparación justa y plena de las pérdidas y daños impuestos a los pueblos por los proyectos de inversión destructivos, las presas, la minería, la extracción de combustibles fósiles y los desastres climáticos.
Y, probablemente, la propuesta más radical de la cumbre es la de poner fin a la explotación de los combustibles fósiles y hace un llamamiento a los gobiernos para que desarrollen mecanismos que garanticen la no proliferación de los combustibles fósiles, con miras a una transición energética justa, popular e inclusiva con soberanía, protección y reparación de los territorios, en particular en la Amazonía y otras regiones sensibles y esenciales para la vida en el planeta.
La declaración también demanda un instrumento internacional jurídicamente vinculante en materia de derechos humanos y empresas transnacionales, que se construya a partir de la realidad concreta de las luchas de las comunidades afectadas por las violaciones cometidas, exigiendo derechos para los pueblos y normas para las empresas. Afirmamos además que la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) debe ser uno de los pilares de la gobernanza climática.
Tanto la declaración como la carta fueron presentadas al presidente de la COP30, al embajador André Corrêa do Lago, y al Gobierno Federal de Brasil, representado por las ministras Sônia Guajajara, Marina Silva y el ministro Guilherme Boulos. Corrêa de Lago recordó la petición del presidente Lula a la COP30 de tener en cuenta a la sociedad civil. En este sentido, destacó la importancia de los textos, que se llevarán a la reunión de alto nivel donde se toman las decisiones.
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