Julio Prudencio, investigador y panelista en el Foro sobre Agroecología en Tarija. Foto: Sumando Voces
En el foro “Cultivando el cambio: producción agroecológica en Tarija”, el investigador y consultor internacional Julio Prudencio expuso este viernes los resultados preliminares de su estudio sobre los llamados “costos ocultos” del sistema agroalimentario boliviano, advirtiendo que las políticas de fomento a las agroexportaciones concentran beneficios en grandes empresas mientras que los pequeños y medianos productores enfrentan desventajas significativas.
Durante su presentación, Prudencio detalló cómo los subsidios, créditos y exoneraciones impositivas destinados al sector de la soja, la caña de azúcar y la ganadería favorecen a un reducido número de grandes productores, dejando a la mayoría de los agricultores familiares con recursos limitados y menores oportunidades de desarrollo. “Este modelo macroexportador solo es viable gracias a fondos públicos», dijo Prudencio y advirtió que no reflejan los costos reales de producción ni las consecuencias sociales y ambientales.
El investigador explicó que entre 2012 y 2023 los fondos de pensiones y la banca nacional canalizaron más de 13 mil millones de dólares hacia los sectores de oleaginosas, ganadería, lácteos, harina y caña de azúcar, mientras que los pequeños productores de alimentos básicos como papa, cebolla y arroz recibieron una fracción mínima de esos créditos. Además, destacó que las exoneraciones de impuestos a la importación de agroquímicos y maquinaria agrícola han beneficiado de manera desproporcionada a empresas grandes en Santa Cruz, consolidando un modelo que prioriza la exportación sobre la seguridad alimentaria y la agricultura familiar.
Prudencio también abordó los efectos ambientales del modelo agroexportador, mencionando el aumento de la deforestación, el uso intensivo de agroquímicos y la pérdida de biodiversidad en Santa Cruz y Tarija. Indicó que el incremento de hectáreas quemadas y el uso masivo de plaguicidas no solo afectan a la tierra y al agua, sino también la salud de los trabajadores y comunidades locales y pueblos indígenas..
El estudio incluye además un análisis comparativo de la carga impositiva de Bolivia frente a otros países exportadores de soja y carne, mostrando que mientras Argentina, Brasil y Paraguay aplican gravámenes significativos, en Bolivia los impuestos sobre la exportación y la renta de estas actividades son mínimos o inexistentes, reforzando la concentración de beneficios en pocos actores económicos.
Prudencio concluyó destacando la necesidad de un replanteamiento de las políticas públicas para equilibrar el sistema agroalimentario, priorizando la agricultura familiar y los productos de consumo interno, así como la transparencia en el uso de recursos públicos y la fiscalización de los subsidios.
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