Nueva directiva de la Cámara de Diputados para la legislatura 2025-2026. Foto: ALP
José Luis Vargas, Agencia de Noticias Ambientales
Los flamantes senadores y diputados tienen como desafío aprobar leyes para cuidar y conservar los bosques, garantizar la provisión del agua y realizar un ordenamiento territorial de acuerdo a su vocación productiva y su capacidad de carga, además de promover las finanzas sostenibles, ligadas a soluciones duraderas, sustentables y efectivas para enfrentar la crisis económica de un modelo de desarrollo que no deprede la biodiversidad, coincidieron una diputada y un investigador del CEDIB.
Los 130 diputados y 36 senadores pertenecen al periodo constitucional 2025-2030, juraron al cargo el 4 de noviembre de 2025, y sus funciones comenzaron el 8 de noviembre.
En las últimas semanas, que cesaron las funciones del Legislativo, se aprobaron en el Senado, proyectos de Ley sobre la reducción y eliminación del uso de bolsas plásticas, la reducción y eliminación del mercurio en la minería del oro, la de conservación de bosques, entre otros, sin embargo, leyes estructurales, como la los bosques o la derogatoria de las leyes incendiarias quedaron pendientes.
Leyes y desafíos pendientes
Sobre las leyes pendientes y desafíos, la Agencia de Noticias Ambientales (ANA) conversó con la ambientalista y exsenadora Cecilia Requena y ahora flamante diputada, además del investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Miguel Miranda.
Ambos sostienen que se debe escuchar las voces de la sociedad civil, que apoyan esta causa, y no se debe olvidar a las comunidades indígenas que están asumiendo los peores impactos de la destrucción de la naturaleza.
Escandalosos
“Hay cosas que han quedado pendientes de la anterior Asamblea Legislativa que son escandalosas. Que no hayamos resuelto, por ejemplo: la abrogación de las normas incendiarias. Eso es una vergüenza”, expresó la diputada Requena en una entrevista al final de la primera sesión.
Requena aclara que no fue por falta de voluntad, porque en el caso del Senado se aprobó, pero en Diputados se trancó; a lo que se sumó la inacción del ahora expresidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, que no puso en agenda estas normas, lo que se constituye en un “desastre”.
Sin embargo, dijo que con la abrogación de las normas incendiarias “no se resolvía todo. Seguimos teniendo un problema de normativa que está promoviendo la destrucción y la devastación de nuestros bosques”.
Bolivia tiene aproximadamente 53,4 millones de hectáreas de bosques, lo que representa el 48% del territorio nacional y un 1,28% del total mundial, según datos de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema).
Inútilmente se trató la semana pasada el proyecto de ley 118,“Ley por los bosques y otros sistemas de vida”, norma que sanciona actividades extractivistas y quemas que afectan a la Amazonía, la Chiquitania y otros ecosistemas, además de frenar la expansión de la frontera agrícola
“Pero hemos perdido porque no hemos tenido el apoyo de la gente de esos departamentos que han dicho cosas que no son ciertas, que no hemos querido socializar”, apunta Requena.
No obstante, el proyecto de Ley 118 fue socializado aproximadamente desde abril de este año, a fin de evitar la repetida propagación de incendios y deforestación.
Prioridad
Para Requena son prioritarias leyes sobre los bosques, el agua, el ordenamiento territorial y las finanzas sostenibles.
El tema de la minería está incluido dentro del agua. El país enfrenta desafíos ambientales como la contaminación de fuentes hídricas, los efectos del cambio climático como sequías e inundaciones.
En el caso del ordenamiento territorial, “porque es la base de que no se den tierras que no tienen vocación agropecuaria, sino sólo forestal, eso protegería en gran medida el asunto de los bosques”.
Agrega que “tenemos que apostar a las finanzas sostenibles para que la conservación tenga dinero, que no tiene. Y no estoy hablando de bonos de carbono, por favor, no se me entienda mal, que están dentro, pero muchas otras cosas más”.
Intereses
Para el investigador del CEDIB, Miguel Miranda, se trata de una situación compleja por el trabajo que realizan los parlamentarios, porque responden a diferentes regiones con intereses económicos, por ello es pesimista de acuerdo a las mismas propuestas electorales ofrecidas.
A su juicio, se apuesta por “modelos que están depredando la naturaleza, la biodiversidad, bajo pretexto de generar divisas, alimentos; mentira, el agronegocio no alimenta al país. Está demostrado y siguen los legisladores, la gran mayoría, le van a apostar a la soya, a la carne de exportación, a los monocultivos, a la minería aurífera, al litio, sin una claridad en las condiciones de los contratos”.
Desconocimiento
Desde el punto de vista de Miranda, falta conocimiento sobre el medio ambiente y la falta de sensibilidad con la naturaleza es alarmante.
Hace notar que no puede existir una disyuntiva en términos de protección al medio ambiente y a la salud, como la venta de bonos de carbono que no son beneficiosas para los países que lo implementaron.
Donde ocurrió todo lo “contrario que es privatizar los bosques y expulsar a las comunidades, entonces ya se ve lo corto de visión que tiene la gran mayoría abrumadora de los legisladores que van a asumir el control de la legislatura”.
Por si fuera poco, se “destruye las comunidades en la Chiquitania, las comunidades indígenas, campesinas, las comunidades antiguas, están viendo cómo están siendo despojadas de su territorio literalmente; es literal, con toda la depredación que se está dando de los bosques”.
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