Los nuevos escenarios nos ponen frente a grandes desafíos. Si queremos avanzar, ya no se trata solo de superar la crisis económica, política o esperar que las nuevas autoridades se ocupen de mejorar las cosas: se trata de que los bolivianos debemos cambiar de chip y de repensar la forma en que actuamos, exigimos y construimos el país que tenemos en mente.
Durante demasiado tiempo hemos permitido que el cálculo político pese más que el bien común, y que tragedias como los feminicidios, los incendios o la minería ilegal se vuelvan parte de la normalidad. Esos tiempos deben quedar atrás y debemos retarnos a mirar las cosas de otra manera. Ya no hay excusa para no mejorar y ser más exigentes en todo.
Sólo para empezar a nombrar algunas cosas, los nuevos asambleístas, elegidos por voto popular, deben recordar que su mandato es servir al país y no a los intereses de un partido o de una cúpula protagonizando escándalos vergonzosos; tienen la obligación de distinguirse de la ALP anterior y entender que legislar o fiscalizar tiene sentido cuando se lo hace de cara a la ciudadanía, con respeto, transparencia y rendición de cuentas.
Las instituciones deben recuperar la confianza de la gente, especialmente aquellas encargadas de impartir justicia. Y aunque seguimos viendo intentos por aferrarse al poder a pesar del nuevo tiempo que vive el país, también se perciben señales frescas de renovación. La reforma judicial no puede esperar. El respeto al ciudadano, la independencia, la probidad y la eficiencia deben ser los pilares de una justicia que entienda que administrar poder no es un privilegio, sino una responsabilidad.
El organismo electoral ha trabajado con compromiso y eficiencia para llevar adelante las elecciones generales de 2025, pero aún debe entender que en periodos no electorales tiene el deber de trabajar, por lo menos, en la promoción de una cultura democrática, en el fortalecimiento de las organizaciones políticas y en la actualización de su normativa. Es tiempo de que el OEP reflexione sobre su estructura y reafirme su independencia no solo en la norma, sino en cada una de sus acciones.
El Banco Central y la Contraloría General del Estado deben recuperar su rol de ser garantes de la estabilidad y la transparencia, promoviendo una rendición de cuentas real, capaz de enfrentar la corrupción con hechos y no solo con discursos. Los medios de comunicación, por su parte, tienen el desafío de ejercer un periodismo más crítico y transformador, justificando cada día la necesidad de la libertad de expresión y el acceso a la información.
La educación debe salir de los postulados populistas para pensar en una reforma que permita recuperar estándares mínimos de competitividad y creatividad para formar ciudadanos críticos y democráticos. Y la salud debe asumirse como un derecho humano esencial, garantizado con eficiencia, con un presupuesto adecuado y con respeto por la dignidad de cada persona, sobre todo de las que viven con alguna discapacidad.
Las universidades, demasiado tiempo encerradas en sí mismas, deben abrirse a la sociedad, investigar, proponer soluciones y participar en el debate público. Los estudiantes, por su parte, deben atreverse a pensar, a cuestionar y a usar la inteligencia artificial como una herramienta para aprender mejor, no para copiar más rápido.
El cambio que Bolivia necesita no es solo político y económico, sino cultural y ético. Las instituciones deben recuperar la confianza de la gente, los funcionarios deben cumplir la ley sin excusas, y la ciudadanía debe asumir que el país no va a mejorar si seguimos mirando hacia otro lado para conseguir mejores oportunidades.
Cambiar el chip significa dejar atrás la cultura del “aprovecharé”, del “todo vale” y del “no se puede”. Significa recuperar la identidad verdadera de Bolivia, esa que nace de la diversidad, de la dignidad y del respeto. Solo así podremos encontrar el camino hacia una reconciliación que nos permita construir el país que nos merecemos.
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Sandra Verduguez es Comunicadora social, integrante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD).
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