El 24 de septiembre del presente año se presentaron los resultados de la Evaluación piloto de impactos del mercurio en la salud de mujeres indígenas de la cuenca amazónica de Bolivia, realizada por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) en el auditorio de la Asociación de Periodistas de La Paz. Asistí al evento. Uno de los expositores lamentó la baja asistencia de medios de comunicación y de la población en general. Se mostró sorprendido por el escaso interés de la sociedad civil ante una amenaza tan seria para la salud y la fauna, provocada por la contaminación con mercurio en los ríos amazónicos, consecuencia de la minería cooperativista e ilegal.
Tras días de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, las redes sociales se inundaron de mensajes racistas y discriminatorios contra la población rural que dio su voto mayoritario a Rodrigo Paz Pereira, declarado presidente electo. Un incendio de odio y racismo emergió de la población urbana donde la mayoría votó por el liberal Jorge Quiroga.
¿Qué relación tienen la exposición del CEDIB y la preferencia del área rural por Paz Pereira? Es sencilla: la crisis económica se vive de forma distinta en el campo que en la ciudad.
Olvidamos los privilegios que gozamos al vivir en una urbe. Tenemos agua potable, energía eléctrica, escuelas, un sistema de salud deficiente, sí, pero existente, y centros de recreación. En cambio, la realidad de las comunidades indígenas y campesinas es radicalmente distinta.
El Movimiento al Socialismo (MAS) mantuvo a la población de la área rural del país durante dos décadas en los márgenes de la pobreza para poder manejarlas fácilmente o manipularlas. No se la integró a la economía nacional. Un ejemplo claro son los bloqueos de carreteras: no representan grandes pérdidas económicas para esos sectores, por lo que pueden sostenerlos semanas enteras a cambio de un monto mínimo de dinero, debido a los paupérrimos ingresos que generan sus actividades económicas.
Si el MAS hubiese fortalecido la producción rural, mejorado sus procesos y acceso a insumos, e integrado a los pueblos originarios al mercado, hoy sentirían con mayor fuerza la crisis de los combustibles o la escasez de dólares. Pero, debido a sus bajos ingresos, cualquier propuesta política que ofrezca bonos sigue resultando atractiva. Rendimientos decrecientes en los cultivos, desastres naturales y contaminación de sus fuentes de agua afectan dramáticamente su economía y calidad de vida.
Mientras tanto, el sector empresarial y la población urbana, son bombardeados a diario con noticias sobre la corrupción gubernamental, la mala gestión de carburantes y la política monetaria errática. Por lo cual sentimos la crisis con más intensidad porque vivimos completamente integrados al mercado, como también situamos los temas políticos como prioridad.
Volviendo al desinterés ciudadano frente a la contaminación por mercurio y la escasa participación de la población en las marchas solicitando frenar la contaminación de ríos, deforestación o los incendios, cabe preguntarse: ¿es justo tildar de ignorante al indígena por su decisión política, si desde la ciudad solo opinamos y compartimos tragedias desde la comodidad de una pantalla?
Somos una sociedad con tintes de hipocresía que mantiene en su punto ciego a la población rural. Reclamamos su voto, pero miramos hacia otro lado cuando esas mismas comunidades exigen atención por la contaminación de sus ríos, los avasallamientos o las amenazas que sufren en su propio territorio.
Ese punto ciego se refleja incluso en el nuevo gobierno, que anunció la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, degradándolo a un viceministerio dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Una decisión que revela la visión dominante: para el poder, la naturaleza sigue siendo solo un recurso a explotar.
¿Quién velará entonces por los ecosistemas y las fuentes de agua? Para los nuevos gobernantes, la vida de millones de animales calcinados el año pasado no significó nada. Tampoco los millones de hectáreas de bosque arrasadas, ni el sacrificio de cientos de bomberos voluntarios que lo dieron todo.
La sociedad y el gobierno tienen una deuda moral con las comunidades indígenas. Utilizarlas o juzgarlas nos conducirá, una vez más, a un estancamiento moral y económico.
Y mientras sigamos mirando desde el balcón, seguiremos siendo parte del problema.
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Rubén Ticona Quisbert es economista y activista del Colectivo Lucha por la Amazonia.
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