Participantes de la Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio Climático (LCOY Bolivia 2025). Foto: ANA
Con la participación de más de 120 jóvenes, representantes de organizaciones urbanas y rurales de todo el país se realizó en Santa Cruz de la Sierra la Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio Climático (LCOY Bolivia 2025), que se pronunció sobre la crisis medioambiental exigiendo justicia hídrica, medidas gubernamentales contra los alimentos procesados, entre otras demandas que están contenidas en una declaración.
El documento aborda seis temáticas: Bosques y biodiversidad, Sistemas productivos sostenibles, Agua, Transición energética justa, Desarrollo urbano sostenible, así como Territorios y pueblos indígena-originario campesinos, concluyendo con un llamado a jefes de Estado y delegaciones que se reunirán en la Conferencia de las partes (COP 30) a efectuarse el mes de noviembre en Brasil.
La declaratoria reconoce que los intereses del agronegocio, los avasallamientos de tierras y el modelo extractivista protagonizaron el peor desastre ambiental en la historia del país al provocar la quema de más de 12,6 millones de hectáreas de bosques y otros ecosistemas estratégicos, agudizando a su vez problemas como la pobreza extrema, la dependencia del sistema consumista y la migración de las áreas rurales a las ciudades y otros distritos.
Justicia hídrica y abrogación del paquete incendiario
En la temática de Bosques y biodiversidad se demanda al Estado la abrogación del paquete incendiario que promueve los incendios intencionalmente, exhortando además a garantizar espacios de conservación como las áreas protegidas rescatando la biodiversidad nativa, todo ello mediante prácticas y saberes ancestrales de los pueblos indígena-originario campesinos, así como la restauración ecológica con especies nativas, haciendo énfasis en todo ello con respecto a la Amazonía.
Con referencia a los sistemas productivos sostenibles la declaratoria rechaza los alimentos procesados que contienen exceso de azúcares, conservantes y químicos nocivos que afectan a la salud, demandando la creación de políticas que regulen el consumo en servicios de comida; que los gobiernos, la industria alimentaria y la comunidad internacional adopten medidas concretas y urgentes para transformar los sistemas agroalimentarios, reconociendo además los sistemas agroforestales como soluciones climáticas de urgencia.
Sobre el tema del agua, se observó la constante degradación de acuíferos a causa de actividades extractivas frente a la ausencia parcial o total de fiscalización por parte de las autoridades, por lo que la declaratoria denunció esa situación crítica exigiendo a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable, una fiscalización estricta, permanente y sin concesiones que aplique fuertes e inmediatas sanciones para frenar la degradación de las aguas, demandando en consecuencia justicia hídrica y la preservación de los ecosistemas ejemplificando al respecto el caso de la desecación del Lago Poopó, entre decenas de otros que provocan sequías y contaminación.
Acceso a la información ambiental
Otro eje de la declaratoria fue la demanda de una transición energética justa, exigiendo a las instancias competentes del Estado que de modo prioritario contemple financiamiento para proyectos de energías renovables, la adopción de energías limpias en el ámbito público y privado, todo ello tras analizar un contexto de dependencia de los combustibles fósiles generadores de dióxido de carbono y otros contaminantes al faltar, además, mecanismos de control social efectivos y escasa incorporación de tecnologías renovables.
De igual forma, en el marco relativo a territorios y pueblos indígena-originario campesinos, se demandó la inclusión del enfoque de justicia climática que se centra en reconocer la responsabilidad histórica de los países industrializados en el actual cambio climático, garantizando justicia en la implementación de soluciones que incluyan a grupos históricamente vulnerables como las naciones indígena-originario campesinas, haciendo que se cumpla el Acuerdo de Escazú al cual Bolivia está adscrito, proporcionando a la prensa y a la ciudadanía en general información inmediata y transparente sobre cualquier aspecto medioambiental, así como indicadores y estadísticas respectivas.
En relación a la cuestión urbana, en la que la expansión descontrolada genera deforestación, avasallamientos, loteamientos, destrucción de flora, fauna, espacios naturales y hábitats de animales silvestres, entre otros como la generación cada vez mayor de basura y escombros; la declaratoria, en referencia al desarrollo urbano sostenible, conminó al Estado a garantizar espacios de participación directa en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas públicas con acompañamiento técnico para la planificación territorial y manejo de residuos, comprometiéndose por su parte los firmantes a apoyar activamente con educación y fiscalización todas esas acciones.
La COP 30 que se efectuará en Brasil entre el 10 y el 21 de noviembre del presente 2025, se celebrará en el corazón de la Amazonía, es decir en la ciudad de Belén, capital del estado de Pará y reunirá a líderes mundiales, científicos y sociedad civil, protagonizando la trigésima versión de la conferencia anual de las partes, evento en el que se toma decisiones para implementar compromisos contra el cambio climático, todo bajo el marco de la Convención de la ONU sobre el cambio climático, siendo así que en el evento también participará Bolivia con una delegación de la juventud de nuestro país.
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