Defensor del Pueblo durante la presentación de la «alerta temprana». Foto: DP
La Defensoría del pueblo informó que sólo el 1,03% de los casos de detención preventiva fueron revisados luego de la liberación del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Pumari.
En ese contexto, emitió una “alerta temprana”, elaborada por el Mecanismo de Prevención de la Tortura, en la que demanda una serie de acciones para aliviar el sistema penitenciario, entre ellas, el uso de manillas en reemplazo de la detención preventiva. Esta iniciativa, según dice la Alerta, fue aprobada por la Asamblea, pero la sesión en la que se trató el tema quedó anulada por decisión del Tribunal Constitucional.
El documento recuerda que el 9 de septiembre de este año, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, declaró públicamente que todos los tribunales departamentales del país dieron cumplimiento al instructivo de revisar las detenciones preventivas y que se habían realizado más de 200 revisiones de plazos de detención preventiva como uno de los primeros resultados de esta medida. “No obstante, este número representa apenas el 1,03% del total de 19.235 privados de libertad bajo detención preventiva, lo que evidencia la limitada cobertura inicial de la iniciativa frente a la magnitud del problema estructural”, señala la alerta.
En ese marco, pide limitar el uso de la detención preventiva y la aplicación de un enfoque diferenciado en el juzgamiento de grupos vulnerables” y exhorta a “la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad establecidas en la norma nacional”.
En su segundo punto, demanda “aprobar el uso de manillas electrónicas a través del Proyecto de Ley N° 358/22-23 para el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia ampliando su cobertura a todos los delitos que el Código Penal no establezca como delito sin derecho a indulto, excluyendo a graves violaciones a derechos humanos”.
También recomienda separar y clasificar a los privados de libertad según la naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo, tal cual manda el artículo 74 parágrafo I de la Constitución Política del Estado.
Finalmente, pide mejorar el acceso al derecho a la salud y consolidar un nuevo acuerdo entre los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal, para que todos cumplan de una manera más eficiente sus responsabilidades en el tema carcelario.
De acuerdo al documento, la población penitenciaria ha mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando a julio de 2025 un total de 33.058 personas privadas de libertad (PPL), con un hacinamiento superior al 105 % a nivel nacional.
El documento, presentado la tarde de este martes, identifica que la sobrepoblación, el hacinamiento y el uso excesivo de la detención preventiva son problemas estructurales del sistema penitenciario que comprometen gravemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
“La sobrepoblación impide garantizar condiciones mínimas de dignidad, seguridad y acceso a servicios básicos, generando un entorno inhumano e insostenible. Además, la población penitenciaria crece cada año de manera preocupante, sin que existan políticas efectivas para revertir esta tendencia”, indicó el defensor Pedro Callisaya.
Para la autoridad defensorial, a esta problemática, se suma el “uso excesivo de la detención preventiva, que contribuye significativamente al hacinamiento y agrava la crisis del sistema carcelario”.
Entre los datos que respaldan esta afirmación, la alerta temprana evidencia que, por ejemplo, el penal de San Pablo de Quillacollo, que tiene una capacidad para 110 personas, a la fecha cuenta con 674 internos, lo cual representa un hacinamiento del 513%. Similar situación se da en el Penal de San Sebastián, que con una capacidad para 250 personas, actualmente alberga 1115 personas, teniendo un 346% de hacinamiento.
Otros penales que están en la misma situación son Palmasola en Santa Cruz, con un hacinamiento del 205% y el de San Pedro de Oruro con un 243%. Esta situación sería una de las causas del debilitamiento de la seguridad penitenciaria que se refleja con la muerte violenta en cárceles de 15 internos, asimismo, ocasionaría deficiencias graves en la atención en salud y la alimentación, y una infraestructura débil y ausencia de programas de reinserción.
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