Activistas en defensa del área protegida Tariquía, en Tarija, en una protesta pasada. Foto: Colectivo plurales
El Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental a Petrobras para ejecutar la exploración en el pozo Oso Domo X3, que está en el ingreso de la reserva de Tariquía. El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, cuestionó que el Gobierno no haya respetado la decisión de las comunidades indígenas.
“La Empresa Petrobras Bolivia S.A (…) ha presentado el Formulario de Nivel de Categorización Ambiental FNCA N° 2134/2024 y el correspondiente Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico del proyecto. ‘Perforación Exploratoria Pozo Dmo-X3, Bloque Exploratorio San Telmo Norte’, el mismo se encuentra ubicado en el Municipio de Entre Ríos, Provincia Burnet O’connor del Departamento de Tarija, habiéndose cumplido con los requisitos mínimos desde el punto de vista ambiental, por lo cual queda autorizada la implementación del Proyecto”, dice la declaratoria de impacto ambiental 2134/2025.
Campanini, en declaraciones a la ANF, cuestionó que el gobierno no actúe con transparencia, ya que el documento fue emitido el 10 de julio y recién se conoció a mediados de este mes. A la vez, lamentó que se desconozca la decisión que asumieron las comunidades indígenas, quienes rechazaron el ingreso de la petrolera.
“Lo que más nos llama la atención es que se ha desconocido la decisión de las comunidades, no se toma en cuenta y no se ha considerado para nada la posición de las organizaciones, de las comunidades, respecto al pozo. Recordemos que ellos han manifestado su rechazo, incluso se realizó una votación donde la mayor parte de los comunarios votaron en contra del proyecto”, afirmó.
Desde 2023, las comunidades indígenas que se encuentran en esa región realizaron cabildos y reuniones donde rechazaron el ingreso de Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), incluso se movilizaron e instalaron vigilias. La estatal petrolera inició una demanda penal contra aquellos que defendieron su territorio, actualmente el proceso continúa en curso.
A la vez, el documento señala que el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental fue aprobado, el Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) para la realización de los procedimientos de inspección, vigilancia y control establecidos en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental.
Observaciones
En ese contexto, Campanini consideró que otro de los factores para que ese proceso no se haga público de forma inmediata es para evitar una impugnación que debe realizarse en un plazo de 10 días, tal como establece la Ley 1333 de Medio Ambiente.
“Nuestra ley ambiental, aunque está caduca, pero señala que en un plazo de 10 días después de emitirse una licencia ambiental se puede plantear un recurso administrativo de oposición. Entonces, ni siquiera se ha permitido la posibilidad de recurrir a un instrumento que te da la ley para oponerte a un proyecto que está trayendo conflicto socioambiental en la zona”, puntualizó.
Asimismo, advirtió que la ejecución de ese proyecto abre las puertas para consolidar el bloque Churumas transformándolo en un área de explotación gasífera, donde existe un proyecto que tiene licencia ambiental de línea hasta San Alberto.
Al respecto, señaló que las próximas autoridades deben realizar una auditoría a todo ese proceso ante las diferentes irregularidades que se registraron, aunque dijo que se debe poner énfasis en los cambios que se realizaron al Plan de Manejo.
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