UNITAS con el apoyo de la Unión Europea presenta el Informe Enfoque País sobre Ambiente Habilitante en La Paz. Foto: Sumando Voces
El Informe Enfoque País sobre Ambiente Habilitante revela que las condiciones para el ejercicio de derechos y la acción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Bolivia enfrentan un deterioro sostenido. El estudio identifica persistentes restricciones legales, dificultades financieras, limitaciones en el acceso a información pública, así como un clima de estigmatización hacia voces críticas y un entorno digital con riesgos de seguridad.
El documento fue elaborado a partir de un panel de expertos, así como defensoras y defensores de derechos. Se ha desarrollado en formato híbrido (presencial y virtual), complementado con entrevistas y con un análisis de evidencia cualitativa y cuantitativa. El Informe no pretende representar a la totalidad del tejido social boliviano, pero sí ofrecer un panorama orientativo sobre los principales desafíos que enfrenta la sociedad civil. La evaluación se organizó en torno a seis principios internacionales que definen un entorno habilitante: libertades fundamentales, marco jurídico, recursos sostenibles, apertura estatal, cultura pública y entorno digital.
Principales hallazgos
El informe cita las vulneraciones cometidas en contra de las libertades fundamentales en Bolivia, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos, cuyo análisis muestra que el espacio cívico cada vez está más restringido y genera un efecto de desincentivo en la organización y participación ciudadana.
En el plano normativo, la vigencia de la Ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas y el DS 1597 continúa subordinando a las OSC a la agenda estatal. Según el informe, los trámites de registro de personalidad jurídica pueden extenderse por más de un año y están sujetos a criterios discrecionales que afectan con mayor dureza a organizaciones pequeñas, indígenas o críticas.
En materia financiera, la escasez de divisas, las trabas fiscales y la reducción de la cooperación internacional limitan los recursos disponibles para las OSC. Además, el sistema tributario dificulta el autofinanciamiento, mientras que los fondos existentes suelen ser escasos, de corto plazo y poco flexibles. Esta fragilidad financiera pone en riesgo la sostenibilidad de las OSC y profundiza las desigualdades entre organizaciones.
El acceso a información pública también sigue siendo limitado y confuso: los procesos de solicitud carecen de plazos claros y, en muchos casos, no reciben respuesta. La falta de datos actualizados sobre temas relevantes como la crisis económica o la explotación de recursos estratégicos, como el litio, refuerza la percepción de opacidad estatal y reduce la confianza ciudadana.
En el ámbito del discurso público, predomina una narrativa oficial que desacredita a defensores y activistas, en un ecosistema mediático polarizado y dependiente de recursos estatales. Asimismo, persisten barreras estructurales que limitan la participación de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales. Esta combinación de polarización y estigmatización debilita la legitimidad y la eficacia de la sociedad civil.
Finalmente, aunque no existen bloqueos de internet, el espacio digital presenta crecientes riesgos: acoso en línea, discursos de odio, ciberataques y desinformación. La ausencia de una ley de protección de datos deja en vulnerabilidad a los usuarios, mientras que el costo elevado y la baja velocidad de internet colocan a Bolivia entre los países con peor conectividad de la región, profundizando la brecha digital.
El informe hace un llamado a distintos actores para revertir el deterioro del espacio cívico. Al Estado le recomienda garantizar una justicia independiente, reformar la Ley 351 y simplificar los trámites de registro, ampliar el acceso a financiamiento nacional e internacional, fortalecer la transparencia y el acceso a información pública, reconocer el rol de las organizaciones sociales y asegurar un entorno digital seguro y libre de amenazas.
A las organizaciones de la sociedad civil les sugiere fortalecer su articulación y capacidades, apostar por la transparencia y el trabajo en red, y utilizar tecnologías digitales seguras que protejan a sus integrantes.
En el caso de los medios de comunicación, el informe resalta la importancia de reforzar la ética periodística y promover un periodismo plural e independiente que dé voz a la sociedad civil.
Finalmente, a la cooperación internacional le plantea respaldar un sistema plural de financiamiento que reconozca la diversidad organizativa y garantice la participación activa de las OSC en todas las etapas de los proyectos de desarrollo.
UNITAS impulsa desde hace varios años un monitoreo sistemático del entorno habilitante en Bolivia, reflejado en informes anuales que registran vulneraciones, tendencias, alertas y buenas prácticas sobre las libertades fundamentales. Actualmente, este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto implementado junto a FORUS, parte del Sistema de la Unión Europea para un Entorno Favorable a la Sociedad Civil (EU SEE), que fortalece el espacio cívico en más de 80 países. El proyecto promueve la vigilancia constante a través del Mecanismo de Alerta Temprana (MAT) y los Informes Específicos por País (IEP).
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