Cinthya Andrea Copa Flores
Sin darnos cuenta, cada uno de nosotros se acerca a la edad de ser un adulto mayor. Esta etapa de la vida es inevitable y conlleva un proceso natural de desgaste físico y mental. En Bolivia, se considera a las personas de 60 años en adelante como adultos mayores, un grupo que merece un cuidado prioritario y responsable. Sin embargo, a pesar de que la ley los ampara, la realidad que viven muchos de ellos es de desvalorización y abandono.
La Ley N° 369, Ley General de la Persona Adulta Mayor, promulgada en 2013, es un marco legal sólido que reconoce derechos fundamentales como la protección, el trato preferente y la seguridad social. Más allá de esto, la ley subraya los deberes de las familias y la sociedad para con este grupo. Esto no es solo una obligación legal, sino un reconocimiento moral a quienes trabajaron y construyeron la sociedad en la que vivimos hoy. No obstante, esta normativa, en su mayoría, no es conocida ni aplicada.
La brecha entre la ley y la realidad
Los datos demográficos en Bolivia nos alertan sobre la urgencia de este problema. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población de adultos mayores en el país está en constante crecimiento, proyectándose un 11,5% para el año 2030. Esto significa que cada vez más personas dependerán de la aplicación efectiva de estas leyes. Lamentablemente, a pesar de este aumento, los derechos de muchos adultos mayores son vulnerados, a menudo dentro de sus propios hogares.
Los casos de abuso y abandono, con frecuencia ligados a temas hereditarios y económicos, son una triste realidad. La Defensoría del Pueblo ha emitido guías de protección que aconsejan a los adultos mayores a no entregar documentos personales ni firmar papeles en blanco. Esto refleja la gravedad de la situación, donde los mismos hijos, quienes deberían ser los principales protectores, se convierten en los principales infractores. El problema no es la falta de leyes, sino la falta de conciencia, empatía y aplicación de las mismas.
Un llamado a la acción colectiva
Proteger a nuestros adultos mayores es una responsabilidad compartida. La Defensoría del Pueblo y otras instituciones como la FELCC, el Ministerio Público y el SIJPLU están a disposición para investigar las denuncias. Pero la solución no puede limitarse a la vía legal.
La sociedad debe cambiar su percepción. Debemos reconocer que los adultos mayores no son una carga, sino una fuente invaluable de sabiduría y experiencia. Es fundamental que:
- Eduquemos a las familias y comunidades sobre los derechos establecidos en la Ley 369.
- Denunciemos activamente cualquier forma de maltrato o abandono.
- Promovamos el respeto y la valoración desde el núcleo familiar, inculcando en las nuevas generaciones la importancia de honrar y cuidar a sus mayores.
La dignidad de una nación se mide por cómo trata a sus ancianos. ¿Estamos a la altura de este desafío en Bolivia? La respuesta está en nuestras manos. La voz de nuestros adultos mayores es una voz que muchos no quieren oír, pero que hoy más que nunca, debemos escuchar y amplificar.
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Cinthya Andrea Copa Flores es activista, voluntaria y promotora de los Derechos Humanos
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