Denisse Vargas
En Bolivia, la Constitución Política del Estado (Art 20) reconoce el acceso a la electricidad como un derecho fundamental y lo clasifica como un servicio básico universal. Este derecho no es independiente; está vinculado con la educación, la salud, el acceso a información y el derecho a una vivienda digna.
Al conversar con jóvenes líderes de distintas comunidades de Pando conocí desde su propia experiencia, cómo la realidad energética marca su vida diaria con cortes de luz constantes, dificultades para acceder al combustible y un sentimiento de abandono estatal. Escucharlos me permitió ver que, detrás de cada dato oficial, las personas buscan desarrollarse, estudiar y emprender, pero que tropiezan con limitaciones estructurales.
Por ejemplo, Rosa Vitalia, de la comunidad Motacusal en Puerto Rico, relata que, pese a la reciente instalación de electricidad, sufren apagones entre cuatro y cinco veces al mes, lo que daña sus electrodomésticos y los obliga a pagar facturas elevadas solo por encender un televisor o cargar un celular. Edilberto Manu, del municipio del Sena, agrega que la falta de luz genera inseguridad, que el difícil acceso al combustible los limita y los aísla, que el Estado ha olvidado a Pando, lo que frena incluso actividades productivas como la ganadería, considerando una situación injusta frente a otros departamentos. Sus testimonios son el reflejo de una realidad que se repite en gran parte del norte amazónico.
En muchos territorios indígenas, el acceso al gas licuado de petróleo (GLP) es limitado o costoso, entre 50 y 70 bolivianos, y en las zonas más alejadas los precios afectan directamente la producción y el transporte de sus productos. La desigualdad energética es aún más evidente al compararse con la capital del departamento, que también enfrenta apagones y dependencia de generadores a diésel, pero cuenta con mayor respaldo institucional y acceso a recursos.
Muchos proyectos anteriores no incluyeron las demandas legítimas de las comunidades, lo que amplió la brecha social y tecnológica. A medida que crece la cobertura, las condiciones rurales se vuelven más difíciles, evidenciando que los servicios básicos no deben ser un privilegio, sino un derecho que garantice el desarrollo, la economía local, el bienestar social y ambiental.
Esta situación refleja una pobreza energética, cuando los habitantes de Pando no tienen acceso seguro, asequible, confiable y justo a la energía que necesitan para realizar sus actividades normales. Esta vulnerabilidad afecta a una región que protege más del 90% de sus bosques y es el mayor productor de castaña en el mundo, un recurso que sostiene economías locales y abastece mercados internacionales, poniendo en riesgo tanto su desarrollo económico como la conservación ambiental.
Tratar la seguridad energética en Pando es urgente. La crisis de combustible y la dependencia del diésel limitan a los jóvenes, que quieren salir adelante, pero se topan con un Estado ausente de soluciones sostenibles a largo plazo. No es suficiente con la entrega de paneles solares por parte del gobierno, muchos de ellos son de baja calidad y con una vida útil limitada, por lo que no cubren todas las necesidades de las comunidades, especialmente en época de lluvia o baja radiación solar.
La deuda ambiental y energética de Bolivia con Pando no debe ser un favor, debe saldarse con una transición energética justa, que garantice energía constante, limpia y sostenible para aquellos que protegen el bosque y los recursos naturales. Solo así se podrá asegurar el derecho a la electricidad y generar oportunidades de desarrollo económico y social para las familias amazónicas. Se espera que acuerdos como el de ENDE con Brasil contribuyan a cumplir este objetivo.
–0–
Denisse Vargas es ingeniera, investigadora y activista de justicia climática.
Las opiniones de nuestros columnistas son exclusiva responsabilidad de los firmantes y no representan la línea editorial del medio ni de la red.
