La segunda vuelta electoral en Bolivia no debería entenderse únicamente como un mecanismo de definición política. Desde una perspectiva de derechos humanos, este momento revela mucho más: es un espejo del estado del espacio cívico en el país.
El ejercicio de los derechos políticos —votar, ser elegido, participar en campaña, acceder a información veraz— está íntimamente ligado al respeto de libertades fundamentales como la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. Estos no son favores del Estado, sino garantías reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cuando un proceso electoral se desarrolla en medio de hostigamiento a candidaturas, discursos de odio o manipulación mediática, lo que está en juego no es solo la legitimidad de los resultados, sino la vigencia misma de los derechos ciudadanos.
La segunda vuelta tendría que ser una oportunidad para ampliar consensos, garantizar condiciones de igualdad y fortalecer la confianza en las instituciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado en reiteradas ocasiones que los procesos electorales solo son democráticos cuando ofrecen condiciones equitativas para todos los competidores, con acceso sin discriminación a los medios de comunicación y con garantías de seguridad para candidatos y votantes.
En el caso boliviano, esto implica que las instituciones encargadas del proceso actúen con imparcialidad y transparencia, y que los actores políticos renuncien a prácticas que erosionen el debate público, como la desinformación, el discurso de odio o el uso indebido de recursos públicos.
El espacio cívico se evidencia en la libertad con la que las personas pueden expresar sus opiniones, organizarse y participar en los asuntos públicos sin temor a represalias. Si en la segunda vuelta prevalecen la descalificación y la intolerancia, si se obstaculiza la labor de periodistas, si se intimida a defensores de derechos o si se limita el derecho a la protesta pacífica, lo que se revela es un debilitamiento estructural de nuestra democracia. En ese escenario, la ciudadanía no ejerce plenamente sus derechos políticos, sino que lo hace bajo condiciones restrictivas que distorsionan la esencia del voto libre.
Un proceso electoral democrático no se mide únicamente por la instalación de urnas ni por la suma final de los votos. Se mide por la existencia de un debate informado y plural, por la capacidad de las instituciones de garantizar reglas claras e imparciales, y por la convicción de que la competencia política no puede estar por encima del respeto a los derechos humanos.
La segunda vuelta electoral en Bolivia es, en ese sentido, mucho más que la definición entre dos candidaturas, es un momento que desnuda la calidad del espacio cívico y muestra hasta qué punto somos capaces de construir una democracia basada en derechos. Lo que se refleje en ese espejo marcará no solo el rumbo político inmediato, sino también la profundidad y la solidez del ejercicio democrático en los años por venir.
Por eso, el desafío no recae únicamente en las instituciones o en los actores políticos, también interpela a la ciudadanía. Participar, informarse críticamente, rechazar los discursos que promueven odio y exigir transparencia son parte del ejercicio activo de los derechos políticos. El voto es un derecho, pero también es una responsabilidad: participar con conciencia y respeto durante esta segunda vuelta contribuye a las bases de una democracia más sólida y plural.
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Claudia Terán es abogada especialista en DDHH
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