A miles de jubilados y de adultos mayores les brillaron los ojitos ante la promesa de uno de los candidatos de incrementar a Bs 2.000 la renta dignidad. Sería una buena noticia para ese conjunto de seres humanos que viven su pobreza día a día, esperando esa preciada renta cada fin de mes. Demasiado bueno como para ser verdad y realizable.
Sin embargo, luego vino el batacazo: el asesor económico de la dupla que hizo la promesa dijo que era insostenible y por tanto la desahució. Lo que se produjo entonces es un desencanto mayor y molestia.
No se puede jugar así con el hambre, la necesidad y los problemas de tanta gente que en la recta final de sus vidas reciben pensiones miserables por sus jubilaciones y muchos miles solo esperan cada mes la renta dignidad de Bs 350, y deben hacer de todo para sobrevivir y llegar a fin de mes.
Ahí vemos a nuestros ancianos arrastrando sus pobrezas para sobrevivir: vendiendo helados, hamburguesas, guardias, taxistas, etc.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, en Bolivia viven 841.275 personas mayores de 65 años que tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez, que deberían recibir una pensión de jubilación acorde a las necesidades; pero en los hechos los jubilados llegan a percibir rentas miserables que oscilan entre los Bs 870 y los Bs 4.000, mientras que otros sectores privilegiados, que son beneficiados por el Estado como los militares perciben el 100% en sus jubilaciones, es decir, si ganaban un sueldo de Bs 8.000, 10.000, 15.000 esa cantidad llega a sus cuentas bancarias cada mes ya cuando están jubilados o en reserva.
Esto constituye una injusticia e inequidad que debe ser reparada lo más pronto posible.
Pero, más allá de las promesas electorales, es un problema que se debe discutir seriamente y asumir una realidad: el modelo neo-liberal cometió una gran injusticia con los trabajadores, implementando un sistema de jubilación miserable e inequitativo, sumiendo en la pobreza a quienes cumplieron con su ciclo laboral. El modelo socialista, por su parte, no pudo o no quiso remediar o mejorar este sistema, que sin duda, benefició a transnacionales extranjeras, que se llevaron millones de dólares, gracias a los aportes de cada uno de los trabajadores, profesionales, directivos de empresas públicas y privadas, y de los aportes voluntarios e independientes para asegurarse una pensión de jubilación.
El derecho a la jubilación está íntimamente vinculado con los otros derechos fundamentales, como la vida, la salud física, psicológica, seguridad económica y psicológica, y la dignidad. Estos derechos son la base y fundamento para afrontar en mejores condiciones la vejez, puesto que muchas veces, los adultos mayores conviven con enfermedades, accidentes, abandonos, engaños y muertes repentinas.
En ese sentido, debe entenderse que el ejercicio de estos derechos no puede estar supeditado a las promesas electorales ni a los cálculos de los nuevos gobernantes, sino que debe ser tema prioritario y de urgencia a tratar, porque estamos hablando de los derechos que deben ser protegidos, pues en la medida en que exista demora en hacer efectivo el derecho a la jubilación, la persona no podrá desarrollar su vida dignamente, ante la falta de recursos para afrontar las necesidades básicas que tiene como ser humano y para darle felicidad en la recta final de sus vidas.
El tema está en el tapete del diálogo, chismes y opiniones de la gente, como también entre los cuatro candidatos que han quedado para la segunda vuelta electoral: La dupla Paz-Lara habla de incrementar Bs 500 de forma paulatina la renta hasta lograr los Bs 2.000, aunque eso generó aclaraciones y más aclaraciones. Por su parte, Quiroga-Velasco han señalado que la renta Dignidad será incrementada un pequeño porcentaje.
El sistema actual se fortaleció con el gobierno neoliberal del MNR, constituyéndose en un engaño para la clase trabajadora. El gobierno socialista del MAS no movió un solo dedo para mejorarlo o transformalo en función de los derechos de los más de 500.000 jubilados que hoy dependen del Estado cada mes y que, en su mayoría, perciben rentas miserables y vergonzosas, que han sido calculadas para que usted viva entre 100 a 120 años, cuando sabemos que no alcanzaremos vivir un siglo con su yapa.
La SCP 0280/2012 de 4 de junio, estableció que: “En nuestro país, el beneficio de jubilación que recibe un adulto mayor, es un derecho en razón de poder cubrir sus necesidades básicas, puesto que con su pago se sustenta a sí mismo, y eventualmente a los familiares que sigan bajo su dependencia, más aun tomando en cuenta que las personas de la tercera edad, constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento. El Estado y la sociedad en su conjunto por los riesgos a los que están expuestos, tiene la obligación de dar prioridad a la prevención y el cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del Estado desde el sector activo, correspondiendo que ahora pertenecen al sector pasivo, se reconozca las consecuencias de su trabajo y la calidad de grupo de atención prioritaria”.
El Convenio 102 de la OIT respalda plenamente este derecho de las prestaciones. También el Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: ‘Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…’, teniendo derecho a la vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Hay elementos suficientes para debatir y encarar profundas reformas al injusto y engañoso sistema de jubilaciones que hoy impera en la Bolivia plurinacional, que en su Constitución establece que uno sus principios es la igualdad y la equidad.
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Hernán Cabrera es periodista y Lic. en Filosofía
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