Valeria Campos
Con datos de la Encuesta de conciencia ambiental y cambio climático en el Área Metropolitana Kanata, de Cochabamba, de diciembre del 2024, el Ecobarómetro de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, presenta valiosos resultados sobre la percepción de quienes residen en los municipios que conforman esta área metropolitana, acerca de las áreas protegidas y la explotación de recursos naturales.
- Valoración de las áreas protegidas
Existe un amplio consenso, respecto a la importancia vital de las áreas protegidas para la preservación de la biodiversidad, que está respaldado por un 93% de los encuestados.
- Impacto de las áreas protegidas en el desarrollo
Sobre la relación entre la preservación de estas áreas y el desarrollo del país, más de la mitad de la población (52%) no está de acuerdo con que dicha preservación perjudique el desarrollo del país.
- Beneficios percibidos de las áreas protegidas
Respecto a tales beneficios, las respuestas se distribuyeron de la siguiente manera: el 35% considera que su principal beneficio es mejorar la calidad de vida de los habitantes; el 25% opina que su función esencial es proteger la diversidad de flora y fauna; y, para el 23%, su beneficio clave es garantizar un mejor medio ambiente para el país.
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA
Bolivia es el hogar de 4 de los 8 biomas o unidades ecológicas que hay en el mundo. Los ecosistemas más importantes son de Los Yungas, la Amazonía, el bosque Chiquitano, el Gran Chaco y los bosques Interandinos. Se cuenta con 64 áreas protegidas, de las cuales 22 tienen carácter nacional y el resto son departamentales o municipales, estas últimas no son tan estrictas en su conservación. Se estima que más de 150 mil personas viven en estas áreas de gran riqueza natural y la mayoría de estas son comunidades indígenas. Estas áreas tienen una extensión total de 17 millones de hectáreas, que representa el 15.5% del territorio boliviano.
Se cuenta con un marco legal para la protección de estas áreas. De acuerdo al artículo 385 de la Constitución Política del Estado:
Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.
Por lo tanto, como todo bien común y patrimonio del país, las áreas protegidas son inembargables, imprescriptibles e inalienables.
De acuerdo a la ley de medioambiente, el propósito de las áreas protegidas es “…proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país”. Esa es su razón de ser y por la que cuentan con la protección del Estado. En el reglamento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), se clasifican de la siguiente manera:
- Parque nacional. Lugar que requiere de protección estricta y permanente de los recursos naturales, ecosistemas y provincias biogeográficas que existen en él, para conseguir que también sea de beneficio para las futuras generaciones. Estos son los parques nacionales: Carrasco, Noel Kempff Mercado, Sajama, Toro Toro, Tunari e Isiboro Sécure.
- Monumento natural. Exige preservar los rasgos naturales sobresalientes de sitios con paisajes espectaculares que cuentan con formaciones geológicas, fisiográficas y yacimientos paleontológicos, además de una rica diversidad biológica.
- Reserva nacional de la vida silvestre. Área en las que se debe proteger, manejar y utilizar de manera sostenible la vida silvestre, bajo vigilancia oficial. Estas son las que existen en el país actualmente: Reserva Biológica de la Cordillera de Sama, Eduardo Abaroa, Manuripi y Reserva Nacional de Tariquía; y las reservas de la biósfera: Estación Biológica del Beni y Pilón Lajas.
- Santuario nacional. Protección estricta y permanente de aquellos sitios que albergan especies de flora y fauna silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de extinguirse, una comunidad natural o un ecosistema singular.
- Área natural de manejo integrado. Espacio donde se debe compatibilizar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local. Estas son las áreas de manejo integrado: Apolobamba y El Palmar; además, existen áreas que son de manejo integrado y también parques nacionales: Madidi, Amboró, Cotapata, Kaa-laya del Gran Chaco, Otuquis, San Matías, Serranía del Aguaragüe y Serranía del Iñao.
- Reserva natural de inmovilización. Son aquellas áreas cuya evaluación preliminar amerita su protección; sin embargo, requiere de mayores estudios para determinar qué tipo de protección o manejo se tendrá en la misma. El régimen de inmovilización tiene una duración máxima de cinco años, durante la cual está prohibido el aprovechamiento de los recursos naturales, los asentamientos humanos, adjudicaciones y concesiones de uso, encontrándose bajo tuición de la autoridad nacional o departamental.
A pesar de este marco legal, a la vez se realizan acciones y se decretan otras leyes que vulneran y ponen en riesgo su cuidado. El Decreto Supremo N º 2366 de 20 de mayo de 2015 permite la apertura de las áreas protegidas de Bolivia a operaciones petroleras. Esto posibilita que una gran parte de estas áreas sea de exploración y explotación de hidrocarburos, vulnerando su razón de ser y exponiéndolas a impactos ambientales y sociales irreversibles. Por otro lado, el Decreto Supremo N º 4667 de 11 de febrero de 2022, se emitió con el fin de modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas, estableciendo el incremento del número de áreas reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para que desarrolle actividades de exploración y explotación, por sí misma, en asociación o a través de contratos de servicios petroleros.
La dependencia extractivista: un riesgo para la función primordial de las áreas protegidas
Desde la colonia hasta hoy, Bolivia ha centrado sus actividades económicas y estrategias de desarrollo económico en el extractivismo, mediante la venta de recursos naturales. Esta «dependencia extractivista» se refleja en la mentalidad ciudadana, en contradicción con el interés y preocupación por el cuidado del medio ambiente. La información procesada por el Ecobarómetro, para el Área Metropolitana Kanata, confirma lo siguiente:
- La mayoría de las personas entrevistadas (58%), considera que, para países como Bolivia, la mejor estrategia de desarrollo consiste en explotar y exportar sus recursos naturales; mientras que, el 27% de estas, se declara en contra de tal afirmación, y el 14% mantiene una postura neutra, indefinida.
- Un 63% de la población considera válida la afirmación de que, “las áreas protegidas que cuenten con recursos como gas natural o minerales deben ser explotadas para beneficio del país”.
- Mientras que un 86% de los habitantes del área metropolitana de Cochabamba, está de acuerdo con la propuesta que sostiene que “los recursos naturales pueden ser aún más aprovechados para generar mayor desarrollo en el país”
Considerando que, Bolivia es un país que se dedica a la venta de recursos naturales desde la Colonia, pasando por la República y ahora como Estado Plurinacional y que, la situación económica del país ha sido el reflejo de la inestabilidad del precio internacional de estos recursos sin haber avanzado en la mejora, ¿deberá seguir siendo esta, la única opción para superar la crisis económica? La disyuntiva entre la explotación inmediata de recursos naturales, o la conservación a largo plazo de nuestras áreas protegidas, define no solo el futuro de estas áreas, sino el del país mismo.
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Valeria Campos es profesional área social del proyecto Ciudadanía Ambiental y Cambio Climático de Ciudadanía
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