Protesta de reclusos en Palmasola. Foto: Informe Exclusivo
Ante la ola de protestas de parte de detenidos en las cárceles bolivianas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó este lunes que se instalen “jornadas de verificación” del cumplimiento de las medidas cautelares de detención preventiva.
“Todas las autoridades jurisdiccionales en todos los tribunales departamentales de justicia de todo el Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les investiguen (deben) proceder a la organización de ‘jornadas de verificación’ del cumplimiento de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos a cargo de cada juzgado y/o tribunal de cada distrito”, dice la orden del TSJ, informó el diario Correo del Sur.
Tras el cambio producido por el resultado electoral, que marcó el fracaso del MAS, la semana pasada el TSJ emitió un instructivo exigiendo que se revisen los plazos de quienes son considerados los tres principales presos políticos del país: el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez.
La decisión causó polémica por su aparente cálculo político y por ser discriminatoria: en el país, unos 20.000 detenidos, de los 33.000 presos de las cárceles, están en sistema de detención preventiva, sin que sus procesos avancen.
Ante la situación, miles de detenidos de distintas cárceles bolivianas protestaron por la decisión del TSJ, exigiendo ser beneficiados por los mismos derechos. Lamentaron que el TSJ “se acuerde recién” de este tema, cuando desde hace años se denuncia que esta situación existe.
“Igualdad de derecho, igualdad de derechos”, gritaban este lunes los detenidos del penal de San Pedro.
En Trinidad, un delegado de los detenidos leyó un comunicado en el que se denuncia “discriminación” por parte de las autoridades judiciales.
“Nosotros tenemos en Trinidad una decena de personas que están cinco años con detención preventiva y no se inician sus juicios. Y ahora se les da preferencia a tres que son de renombre político”, dijo uno de los representantes a radio Fides. La misma situación se veía en el resto del país.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, coincidieron en que la revisión de plazos debe aplicarse de forma universal.
Callisaya precisó que, a junio de 2025, el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en Bolivia se encuentra en detención preventiva.
Rodríguez Veltzé recordó que la cifra de los “detenidos preventivos” supera las 20.000 personas en los recintos penitenciarios del país, recordó el portal Sumando Voces.
Marco Pumari, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez fueron acusados por el gobierno del MAS de ser responsables de la crisis que llevó a la salida de Evo Morales en 2019, una narrativa que el oficialismo denominó «golpe de Estado».
Pumari, detenido desde diciembre de 2021, fue trasladado desde Potosí para la audiencia de este lunes en La Paz. Al ingresar a la cárcel de San Pedro, arengó con un “¡viva Bolivia!”. Camacho está recluido en Chonchocoro desde diciembre de 2022. Áñez, por su parte, permanece detenida desde marzo de 2021, aunque fue excluida de la acusación de «golpe»; su defensa alega vicios procesales en los otros juicios que enfrenta.
La expectativa por su posible liberación es alta entre sus simpatizantes, que ven en estas audiencias un hito simbólico de una nueva etapa política. El candidato presidencial Rodrigo Paz afirmó que “el TSJ escuchó el mensaje del pueblo boliviano”, mientras que Samuel Doria Medina señaló que sería un “acto de reparación de una injusticia”.
Camacho llegó hoy al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a eso de las 12:30 para asistir a la audiencia de medidas cautelares programada para las 14:00. Pumari llegó pasadas las 13:15.
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