Marco Pumari fue trasladado a la cárcel de San Pedro esta mañana a la espera de su audiencia. Foto: Captura
El gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exdirigente cívico de Potosí, Marco Pumari, concurren hoy a una audiencia donde se revisarán los plazos de sus detención preventiva, lo que, según diversos actores políticos y judiciales, llevaría a su liberación, tras años de estar detenidos acusados por el gobierno de Luis Arce de haber perpetrado un golpe de Estado en 2019.
La audiencia llega en medio del entusiasmo y expectativa de los familiares, amigos y opositores, que esperan la liberación de ambos líderes de la protesta social del 2019, que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales.
Sin embargo, el anuncio también ha desatado una polémica porque diversos actores consideran que el pedido de revisión de plazos procesales debería ser universal, es decir, debería aplicarse a todos los detenidos preventivos y no únicamente a Camacho y Pumari.
El instructivo para la revisión de los plazos, que están vencidos, proviene del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y alcanza también a la expresidenta Jeanine Añez, sin embargo, su caso es diferente porque ella fue excluida el caso golpe, sin embargo, está sentenciada en uno de los procesos y es detenida preventiva en otras causas. De todas formas, según su defensa, ella también concurrirá a una audiencia este lunes por el caso Senkata y no por el caso Golpe.
Los pedidos para revisar todos los casos y no únicamente los tres señalados, provienen del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé; del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya; y de Viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya.
Rodríguez escribió en su cuenta X, que “el examen de la situación de los detenidos preventivos en Bolivia comprende a más de 20.000 internos. El TSJ, la judicatura y el TCP hicieron de la detención preventiva una regla y no la excepción como dispone la norma. La reposición de las garantías del debido proceso es oportuna pero debe ser universal, dispuesta por autoridad competente y sin privilegios particulares”.
En la misma línea, Callisaya escribió que “a junio de 2025, el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”.
Agregó que “garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”.
Pumari reaccionó indignado, también a través de redes sociales, indicando que el Defensor nunca se pronunció sobre su caso.
“Sinvergüenzas!!! Son más de 3 años y 8 meses de mi secuestro por parte del masismo del cual ustedes son parte, ¿En qué momento reclamaron o denunciaron como Defensoría estas ilegalidades?. ¿En qué momento reclamaron o lucharon por los inocentes que se encuentran en las cárceles?”, indicó reposteando un mensaje atribuido al Defensor.
Entre tanto, al viceministra Arraya expresó, en declaraciones a los medios, que “este instructivo debería haber sido universal”. Calificó la decisión del presidente del TSJ como política y dijo que la prueba de ello es que sucede después y no antes de las elecciones.
Camacho lleva preso en la cárcel de Chonchocoro desde diciembre de 2022 (dos años y ocho meses); Pumari está detenido desde diciembre de 2021 (tres años y ocho meses), mientras que Añez lleva presa desde marzo del 2021 (cuatro años y cinco meses).
Para asistir a la audiencia en La Paz, Pumari fue trasladado desde Potosí y a su ingreso a la cárcel de San Pedro arengó con un “viva Bolivia”.
Camacho y Pumari deben presentarse a las 14.00 de este lunes en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El instructivo de Saucedo es el siguiente: “Todas las autoridades jurisdiccionales en todos los Tribunales Departamentales de Justicia de manera inmediata (…) en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la presente disposición, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra los ciudadanos Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari”.
Respecto a la audiencia de Añez por el caso Senkata, su abogado Luis Guillén explicó que “dentro de este proceso como defensa se ha interpuesto una excepción de incompetencia, toda vez de que este proceso ha sido llevado hasta la etapa de juicio por una vía que no corresponde vulnerando el juicio de responsabilidades”.
El caso hace referencia a la intervención militar y policial ocurrida en noviembre de 2019 en El Alto, durante la presidencia de Añez, en la que al menos 10 personas murieron durante una protesta de sectores sociales que rechazaban la renuncia de Evo Morales, denunciada como resultado de un fraude electoral.
Los líderes opositores celebraron el anuncio de la posible liberación. El candidato presidencial, Rodrigo Paz, dijo que «el Tribunal Supremo de Justicia escuchó el mensaje del pueblo boliviano, debemos luchar contra la retardación de justicia, la detención preventiva tal como pasó con Camacho, Añez, Pumari y otros bolivianos. El escenario político muestra señales de un cambio en la justicia».
Samuel Doria Medina, que concurrió a las últimas elecciones en alianza con Luis Fernando Camacho, dijo que la liberación «será un acto de reparación de una injusticia y también un símbolo de que el cambio ha llegado».
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