CEJIS
A pesar de las denuncias y la evidencia de más de 485 hectáreas deforestadas en el Territorio Indígena Monte Verde, continúa el avance del desmonte y la explotación ilegal de recursos naturales. Ante la inacción de las autoridades, tres centrales indígenas de la Chiquitanía convocaron a una asamblea para el 28 de agosto, en la que definirán medidas para desalojar a los usurpadores.
La Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), la Central Indígena Paiconeka de San Javier (CIP-SJ) y la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) se reunirán en una gran asamblea el 28 de agosto en la comunidad indígena Monte Verde con un único punto a tratar: “Avasallamiento TCO Monte Verde”.
En julio pasado, ante la alerta del monitoreo territorial indígena, las centrales indígenas sorprendieron in fraganti a un campamento de menonitas en tareas de deforestación al norte del territorio, colindante con la TCO Guarayos. Ya en marzo de este año, se denunció ante la ABT “la construcción de más de 80 km de camino y el desmonte de más de 100 ha con maquinaria pesada” hasta diciembre de 2024, según informe de la CIP-JP.
En un monitoreo actualizado a julio de este año, del Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del CEJIS, se verificó una deforestación de 485.623 hectáreas entre caminos y polígonos de bosque.
«Siguen trabajando, sigue el desmonte y es por eso que se ha decidido hacer la Asamblea con toda nuestra base para poder organizarnos y poder ir al desalojo”, dijo Vania Paine, secretaria de Tierra y Territorio de la Central Indígena Paiconeka de San Javier (CIP-SJ), a propósito de la asamblea del día 28.
En la asamblea participarán, junto a las tres centrales indígenas, el Comité de Fiscalización y Justicia que es el ente encargado de fiscalizar y supervisar las operaciones forestales y la gestión de recursos naturales dentro de su territorio.
Reynaldo Góngora, cacique de la CICOL, ratificó que “el motivo principal de la asamblea es sobre el tema de avasallamiento que están ocurriendo en la TCO Monte Verde”.
“En segundo lugar, queremos hacer visible al mundo y frente a cualquier gobierno que nos toque, sabiendo que viene la segunda vuelta, que estamos aquí, que nosotros somos gobierno y que cualquier gobierno tiene que respetarnos como pueblos indígenas”, dijo Góngora.
La TCO Monte Verde no solo está afectada por el desmonte ilegal que las autoridades estatales no han podido parar, sino que también sufre con actividad de minería ilegal que sucede a pesar de que las autoridades indígenas han denunciado su presencia en reiteradas oportunidades a los niveles correspondientes del gobierno nacional.
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