Antes de escribir esta columna, me vinieron a la memoria las múltiples veces que enfrenté una atención negligente, fría o directamente maltratadora por parte de algunas y algunos servidores públicos. No hablo desde el prejuicio, sino desde la experiencia: saludos ignorados, gestos de fastidio, respuestas mecánicas o nulas ante una simple consulta. ¿Por qué esa amargura? ¿Por qué atender mal?
No generalizo. Sé que hay funcionarias y funcionarios públicos comprometidos, empáticos, que reconocen la dignidad de cada persona. Pero hay también una práctica extendida –y tolerada– de atención deshumanizada, que se vive en oficinas de ministerios, gobernaciones, municipios, entidades desconcentradas e incluso en nuestras universidades públicas.
En Bolivia, la función pública está regulada en el artículo 232 y siguientes de la Constitución Política del Estado y otras normas complementarias. Sin embargo, más allá del marco jurídico, hay una dimensión ética y humana que parece ausente: la vocación de servicio.
Una parte del problema tiene raíces estructurales. Muchas personas ingresan al aparato estatal no por méritos, sino por favores políticos, como parte de cuotas de poder partidario, sindical o corporativo. En cada elección, cientos se movilizan en caravanas, aplauden, pelean, insultan, interactúan en las redes sociales – como está pasando ahora en las campañas electorales rumbo a las elecciones nacionales. No son acompañadas por ideales, sino por la promesa de un cargo, una fuente económica de ingresos en el aparato estatal público. El resultado es preocupante: funcionarias y funcionarios que no quieren estar donde están, que ven su puesto como una recompensa, como algo que les debían y no como una responsabilidad y un trabajo.
Esa falta de motivación se traduce en burocracia insensible. Personas que repiten: “Lea todo lo que está en la pared”, “mire la página web”, como si esa fuera toda su función. A veces con una congoja interna me he dirigido a una oficina, pensando no haber olvidado una copia, por no faltar un papel, porque sabe que el mínimo error puede ser excusa para retrasar todo.
Pero también hay otra cara: cuando uno “cae bien”, cuando uno es “recomendado”, o “hay dinero de por medio” el trato cambia. La celeridad aparece con buena atención y modales. Y eso desnuda otra gran herida: la desigualdad colonial, económica, racista y de género en el trato. A eso suma “las apariencias”.
Necesitamos repensar la función pública desde la dignidad, desde el principio pro persona, desde la humanidad básica que debe mediar entre el Estado y su gente. Porque todas, todos y todes merecemos un trato como humanos.
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J. Alex Bernabé Colque es Defensor de Derechos Humanos
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