Incendios. Foto tomada de redes sociales
El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió un comunicado oficial (TA Nº 017/2025) en el que establece una serie de medidas de cumplimiento obligatorio para la prevención de incendios forestales durante la gestión 2025, entre ellas la ratificatoria de que existe una pausa ambiental en el país. La decisión responde a la catástrofe ambiental de 2024, que arrasó más de 12 millones de hectáreas de bosques y pastizales, principalmente a causa de quemas ilegales y descontroladas.
«El Tribunal Agroambiental hace conocer a la ciudadanía y a las autoridades competentes del Estado que en memoria de la catástrofe de 2024, que devastó más de 12 millones de hectáreas de bosque a causa de quemas ilegales y quemas legales descontroladas, y el mandato constitucional de velar por el derecho a un medio ambiente sano y ejercer una justicia preventiva, ha consolidado una línea jurisprudencial para actuar antes de que el daño sea irreparable», menciona el comunicado.
Entre las principales disposiciones figura la continuidad de la “Pausa Ecológica”, inicialmente implementada para proteger el hábitat del jaguar. Esta medida prohíbe actividades de quema y chaqueo en áreas de alta sensibilidad ambiental, como tierras fiscales no disponibles, parques nacionales, áreas protegidas y sitios RAMSAR, entre otros.
Además, mediante el Auto de Admisión Ambiental N° SP-TAA 003/2025, se dictó la prohibición total e inmediata de cualquier quema a cielo abierto en todos los ecosistemas de alto riesgo, especialmente en regiones que ya fueron severamente afectadas como los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz, incluyendo áreas críticas como el ANMI San Matías, el TCO Bajo Paraguá, el Humedal Pantanal y el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
El Tribunal también instruyó a instituciones como la ABT, el MMAyA, el Viceministerio de Defensa Civil, la Policía (POFOMA), el INRA, gobiernos subnacionales, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas a reforzar la vigilancia y el monitoreo intensificado —por vía satelital, aérea y terrestre— para actuar de manera inmediata ante cualquier foco de calor. Se declaró además una política de “cero tolerancia”, que implica sanciones y procesos penales ante cualquier quema ilegal.
Estas resoluciones están acompañadas por campañas de concienciación ciudadana, y su cumplimiento será supervisado directamente por el Tribunal Agroambiental. Su presidente, el magistrado Richard Cristhian Mendez Rosales, recalcó que prevenir los incendios forestales “es un deber de todos los ciudadanos en el marco del respeto a nuestros ecosistemas en todo el territorio nacional”.
Aquí puede leer el comunicado:
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