Jaguar. Foto: bolivia.wcs.org
Organizaciones ambientalistas denunciaron, mediante un comunicado, que el Gobierno pretende anular el fallo que protege al jaguar, a los defensores ambientales y a la naturaleza en su conjunto.
“Expresamos nuestra preocupación y denunciamos públicamente la grave amenaza que enfrenta el jaguar y su hábitat, producto de la solicitud del ministerio de Medio Ambiente y Agua, ABT y SERNAP para anular la resolución agroambiental que protege al jaguar (Phantera onca) y su hábitat, considerando que el principal objetivo institucional de estas instancias es la preservación del patrimonio de todos los bolivianos”.
Las organizaciones firmantes del comunicado son los colegios profesionales de ingenieros ambientales, ingenieros forestales, biólogos, además de los colectivos ambientales Alas Chiquitanas, Movimiento de defensa del Valle de Tucabaca y Fundación Ñandé.
“Esta solicitud representa un grave retroceso en los derechos ambientales consagrados en la Constitución y atenta contra el principio de no regresión, reconocido a nivel internacional que prohíbe deshacer los avances logrados en conservación, representando una amenaza directa a la biodiversidad, a nuestros bosques, fuentes de agua y, por tanto, al bienestar humano”, señalan las organizaciones.
En abril de este año, el Tribunal Agroambiental emitió una inédita resolución de 12 puntos en la que dispone una pausa ecológica en Bolivia, establece “medidas de protección reforzada” para los defensores ambientales y medidas cautelares para el jaguar panthera onca.
La pausa ecológica incluye la paralización de todas las autorizaciones para quemas que fueron emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), así como la suspensión de futuras autorizaciones. La denuncia de una posible anulación de esta sentencia coincide con el inicio de la época de incendios, los que estarían prohibidos en caso de aplicarse el fallo del Tribunal.
Frente al riesgo legal, las organizaciones piden al Tribunal que “mantenga vigente la resolución” por considerar que es un avance jurídico y ambiental sin precedentes. También piden que se respete los compromisos ambientales asumidos.
La diputada María René Álvarez (de la alianza Creemos), quien es una de las beneficiarias con medidas de protección por parte del Tribunal, atribuyó este intento regresivo a una motivación política. “Motivación política, por supuesto que hay, y compromiso de entregar nuevamente tierras a cambio de votos, también. Pero también pienso, más allá de la transgresión, que esto es una estrategia más del Gobierno para inviabilizar las elecciones (generales) creando nuevamente el desastre provocado por los incendios forestales”, dijo en declaraciones a El Deber.
El Gobierno no se ha pronunciado al respecto todavía.
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