Presentación del proyecto normativo. Foto: Sumando Voces
El proyecto de Ley 118 por los bosques y otros sistemas de vida, también conocido como «Ley Antiincendios», es impulsado por seis senadores y plantea una regulación estricta de las quemas no autorizadas en Bolivia y, al mismo tiempo, propone un sistema de incentivos estatales para quienes desarrollen actividad agropecuaria sin desmontar ni degradar el bosque. La propuesta normativa responde a los incendios que cada año afectan millones de hectáreas en el país, muchos de ellos vinculados al avance desordenado de la frontera agrícola.
El anteproyecto, que fue presentado este viernes por la senadora ambientalista Cecilia Requena a los periodistas, establece un marco claro para autorizar las quemas cuando son necesarias y seguras, y desincentiva aquellas prácticas que destruyen ecosistemas frágiles o se realizan sin permiso.
«Ahora sí que tenemos que ser mucho más estrictos en lo que vendría a ser la quema legal, autorizada, pero con parámetros más exigentes, para que esas quemas no destruyan más (…) Entonces, no es que aquí la norma está prohibiendo ahora todas las quemas», aclaró la senadora.
Objeto de la ley: Establecer medidas para revenir, controlar y reducir, hasta eliminar, los desmontes ilegales, quemas ilegales e incendios de forma progresiva e incremental, con la finalidad de detener la deforestación; garantizando la conservación, restauración y regeneración de los sistemas de vida para Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra.
La propuesta diferencia entre chaqueos tradicionales, quemas controladas e incendios forestales. Incluye calendarios regionales, monitoreo satelital, y sanciones tanto para quienes causen daño ambiental como para funcionarios que, por negligencia, no actúen ante alertas de fuego. Incluso se plantea penalizar a servidores públicos que omitan su deber de prevención y respuesta.
Incentivos
Requena manifestó que abrogar el «paquete de leyes incendiarias» es importante, y de hecho eso está contemplado en el proyecto, sin embargo, el anteproyecto 118 mas bien pretende responder a incentivos positivos.
Por ejemplo, se propone que quienes desarrollen sistemas agroforestales, silvopastoriles o silvoganaderos tengan acceso preferencial a las compras estatales, como los alimentos del desayuno escolar. Además, se plantea la creación de mecanismos de crédito accesible, asistencia técnica especializada y certificaciones que respalden la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos, similares a las etiquetas “Hecho en Colombia” o “Hecho en Costa Rica”. Estas certificaciones podrían aplicarse a productos como el cacao o el café boliviano, aumentando su valor en mercados internacionales, explica Requena.
La norma también sugiere que el Estado promueva la mecanización selectiva en zonas como el Beni, donde una alternativa a la quema de pasturas es el retiro controlado de vegetación seca para convertirla en alimento ganadero. Estas tecnologías, que deben aplicarse con cuidado para no afectar la biodiversidad, podrían desarrollarse mediante programas públicos o alianzas público-privadas. La propuesta reconoce que muchos ganaderos no cuentan con recursos suficientes, por lo que el apoyo estatal sería clave para facilitar la transición hacia prácticas que conserven el bosque y mejoren la productividad.
La legisladora destacó experiencias como las de Alto Beni o Palos Blancos, de donde se exporta cacao y café cultivados bajo principios sostenibles, generando ingresos sin destruir el entorno.
Los senadores proyectistas son: Cecicilia Requena, Andrónico Rodríguez, Miguel Rejas, Fernando Vaca, Andrea Barrientos y Patricia Arce.
Otro cambio estructural es que el proyecto redefine el cumplimiento de la función económico-social de la tierra: conservar el bosque y otros sistemas de vida serán reconocidos como una forma válida de producción. Esto representa un giro en la visión institucional que hasta hoy premia el desmonte como señal de uso productivo.
Además, la norma busca eliminar los «incentivos perversos» que han llevado a que se queme o desmonte con la expectativa de acceder luego a tierras fiscales o derechos mineros. En ese sentido, las tierras afectadas por quemas ilegales quedarán inmovilizadas por al menos 15 años y no podrán ser adjudicadas.
También se contemplan medidas especiales para pueblos indígenas, cuyas prácticas tradicionales de quema serán reconocidas mediante un procedimiento diferenciado. A la vez, se garantiza atención médica gratuita a los bomberos voluntarios, quienes hoy no están cubiertos por el sistema de salud.
En la actualidad el Sistema Universal de Salud (SUS) no cubre la atención a quienes se exponen a riesgos de manera voluntaria. En ese sentido, Requena explicó que eso es precisamente lo que hacen los bomberos voluntarios para ayudar a salvar vidas. Sin embargo, el SUS no toma en cuenta ese aspecto. Es por ello que ahora, con la Ley 118, estos «héroes» estarían protegidos.
El proyecto de ley propone un nuevo tarifario de sanciones para las quemas y desmontes ilegales, uno de los temas más sensibles para los sectores productivos. A diferencia de las normativas anteriores —como la Ley 1700, que establecía sanciones de apenas 4 bolivianos por hectárea, o la 1171, que promediaba 16 bolivianos—, la propuesta eleva la multa a alrededor de 240 bolivianos por hectárea. Sin embargo, está por debajo de las sanciones impuestas por un reciente decreto supremo del Gobierno, que, según la senadora Requena, plantea montos “impagables” y poco realistas.
El texto legislativo busca un equilibrio: evitar sanciones simbólicas que fomenten el descuido ambiental, pero también impedir que las multas sean confiscatorias. Por ello, se establece un tope del 30% del valor de la propiedad afectada para cualquier sanción por quema o desmonte ilegal. Además, se diferencia entre chaqueo, quema controlada e incendio, reconociendo que no todas las situaciones tienen el mismo impacto ni responsabilidad, y que muchos incendios hoy se agravan por el cambio climático. La intención es aplicar sanciones proporcionales, que realmente desincentiven la destrucción ambiental sin llevar a la quiebra a los pequeños productores.
El anteproyecto también incluye la creación de una plataforma digital de información georreferenciada, donde estarán disponibles datos sobre uso de suelo, derechos mineros y propiedad de tierras, facilitando el control social y la transparencia en el manejo del territorio.
Para Requena, la iniciativa ofrece una salida sensata al dilema ambiental-productivo del país. «Creemos que esta es una respuesta que no es anti sector productivo», aclara, sino mas bien es una invitación a hacer las cosas bien, sin destruir el medio ambiente, los boques y el agua.
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