En el actual clima político de Bolivia, la labor periodística se ha convertido en una profesión de alto riesgo. La creciente polarización y la intensificación de conflictos internos han expuesto a periodistas a agresiones físicas, amenazas y restricciones que vulneran su derecho fundamental a informar y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Según el Informe sobre libertades fundamentales e institucionalidad democrática de UNITAS, en 2024 se registraron 150 vulneraciones a la libertad de prensa en Bolivia, de las cuales, 42 son casos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra periodistas, 30 corresponden a impedimentos de acceso a la información pública, y se reporta un preocupante aumento de la criminalización de periodistas, que pasó de un caso en 2023 a 11 en 2024.
Estas vulneraciones se han concentrado especialmente en contextos de alta conflictividad política y social. Un ejemplo reciente es lo ocurrido el 17 de mayo de 2025, cuando al menos seis periodistas fueron agredidos durante una movilización de seguidores de Evo Morales en la ciudad de La Paz. Durante los disturbios, manifestantes arrojaron piedras y objetos contundentes, mientras la Policía respondió con gasificación indiscriminada y disparos de balines, algunos de los cuales impactaron en las y los reporteros.
Ante estos hechos, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales emitieron un pronunciamiento condenando enérgicamente las agresiones. Denunciaron que la violencia provino tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden, evidenciando una falta de respeto generalizada hacia el trabajo de la prensa. La ANPB advirtió que este tipo de hechos no son aislados, sino parte de un patrón sistemático de agresiones que ocurre en distintos escenarios sin que las autoridades actúen con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar.
Recordaron, además, que la labor de la prensa está amparada por la normativa nacional y tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, el derecho a la información y la protección de los trabajadores de la comunicación en contextos de riesgo.
La falta de respuesta efectiva por parte del Estado ante estas agresiones ha generado un clima de impunidad que alienta la repetición de estos actos. La ausencia de investigaciones diligentes y sanciones a los responsables envía un mensaje preocupante: agredir a periodistas no tiene consecuencias. Esta situación no solo pone en riesgo la integridad de los comunicadores, sino que también limita el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna.
La libertad de prensa es un derecho humano fundamental y una herramienta esencial para la vigilancia ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Su deterioro no afecta solo a periodistas y medios, sino a toda la sociedad. Cuando se silencia a la prensa, se oscurecen también las posibilidades de un debate público informado, se obstaculiza el control del poder y se socavan las bases mismas de la democracia.
Frente a este escenario, es imperativo que el Estado boliviano adopte medidas concretas para proteger la labor periodística:
- Establecer protocolos y sistemas de protección para periodistas en situaciones de riesgo, incluyendo asistencia jurídica y psicológica.
- Asegurar que todas las denuncias de violencia contra periodistas sean investigadas de manera oportuna y que las y los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
- Promover campañas de sensibilización sobre la importancia de la libertad de prensa y el respeto a la labor periodística, tanto en instituciones estatales como en la sociedad civil.
- Modificar leyes que puedan ser utilizadas para criminalizar el trabajo periodístico y garantizar el acceso a la información pública.
La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. Proteger a quienes ejercen el periodismo no es solo una obligación del Estado, sino una necesidad imperante para preservar la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Bolivia.
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Claudia Terán es abogada especialista en Derechos Humanos.
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