Autoridades de la ABT hicieron su rendicion de cuentas en marzo, cuando dieron a conocer el dato de los procesos. Foto: Facebook de ABT
Durante su Rendición Pública de Cuentas Final 2024, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) informó que el año pasado se iniciaron 136 procesos judiciales por incendios forestales, según un reporte de la Fundación TIERRA. Sin embargo, apenas seis concluyeron con sentencia.
Entre tanto, en 2023 se registraron 29 demandas y se concluyó esa gestión con tres sentencias. Esta situación generó críticas sobre la eficacia del sistema judicial y la gestión institucional frente a la crisis ambiental que vive el país.
El Director General de Asuntos Jurídicos de la ABT, Antonio Vidaurre, señaló que el uso de tecnología e imágenes satelitales permitió identificar a los responsables de las quemas, comparando esta información con datos del derecho propietario y certificaciones del INRA. «Nos ha permitido identificar plenamente a los responsables y causantes de incendios”, señaló durante su intervención.
El director de la institución, Luis Flores, lamentó que la legislación actual sea débil y no disuada a quienes provocan incendios. Apuntó especialmente al artículo 206 del Código Penal, que establece penas de entre dos y seis años de cárcel. “Al que quema lo pillan en el monte, se devastan más de miles de millones de hectáreas, se somete a un procedimiento abreviado y tiene (solo) dos años de cárcel y al otro día está libre”, cuestionó, al pedir una reforma legal.
Desde la sociedad civil también hubo observaciones. La abogada Jhovanna Morales, de la Fundación TIERRA, expresó su preocupación por la falta de transparencia y seguimiento real a estos procesos. “Todavía estos procesos por incendios forestales siguen en trámite. Sería bueno conocer en qué estado están. Van a haber resultados si realmente estos procesos están encaminados. ¿Será que se van a sancionar a los responsables en sí o solamente se iniciaron a otras personas que no son los incendiarios?”, preguntó.
La ABT también reportó que se iniciaron 1.145 procesos administrativos sancionadores, de los cuales, 862 fueron resueltos. Aunque esto refleja un mayor número de casos atendidos que en 2023, aún quedan más de 700 sin resolución. Para Morales, esto demuestra la existencia de una gran carga rezagada y lentitud burocrática.
En 2024, el Gobierno también aprobó el Decreto Supremo 5203, que incrementó las sanciones económicas por quemas ilegales hasta 976 UFV (2.587,4 bolivianos por hectárea), especialmente en áreas protegidas y reservas forestales. La ABT reglamentó estas medidas y estableció cuatro niveles de gravedad según el tipo de tierra afectada. No obstante, no se informó cuánto se recaudó por concepto de estas multas, ya que la Dirección General Administrativa y Financiera solo presentó ingresos generales por 118,1 millones de bolivianos, sin detallar su origen.
Una de las mayores omisiones fue la falta de información sobre la superficie total de bosque quemado en el año. La ABT optó por resaltar la realización de 152 talleres de prevención de quemas. “¿Por qué hubo tanta quema si hubo talleres? ¿Van a seguir haciendo lo mismo este año mientras en julio y agosto se sigue quemando?”, cuestionó Morales, quien insistió en la necesidad de un cambio de estrategia y mayor transparencia.
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