Así lució la audiencia de la CIDH sobre Tariquía. Foto: Captura
Durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Tariquía, realizada de forma virtual este viernes, los representantes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Defensor del Pueblo y comunarios de la zona coincidieron que los defensores ambientales de esa y otras reservas forestales sufren la criminalización y hostigamiento del Estado por su labor de protección del medio ambiente.
Ante esa situación, la Comisión exhortó al diálogo entre las partes, mientras que el gobierno de Bolivia descalificó a los defensores ambientales de Tariquía llamándolos “autodenominados defensores ambientales” y justificó el juicio penal que YPFB les sigue a 28 comunarios de Chiquiacá y uno de Tariquía, a los que acusó de haber agredido violentamente a los funcionarios estatales y de haberles impedido el derecho al trabajo.
El Gobierno pretende extraer hidrocarburos de esa región de Tarija y ha chocado con la oposición de las comunidades locales.
Alto Comisionado
Javier Mena, en representación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para América del Sur, dijo que en Bolivia “las personas defensoras continúan enfrentando riesgos como la estigmatización, la criminalización, las amenazas, los hostigamientos y atentados contra sus vidas”, pese a que en lo legal Bolivia suscribió el acuerdo de Escazú, aunque no existen mecanismos para su adecuada implementación.
En ese marco, el representante hizo un llamado “a perfeccionar el sistema de consulta previa, libre e informada”, además de resaltar que existe la necesidad de políticas públicas para las personas defensoras ambientales de Bolivia.
Señaló que las personas defensoras suelen encontrarse en situación de vulnerabilidad, la que aumentó sus riesgos con los últimos incendios forestales.
Mena se refirió no solo al caso de Tariquía, sino también al de Acre Antequera, cuyas autoridades originarias fueron judicializadas por exigir consulta previa para la minería, y también citó el caso del guardaparque Marcos Uzquiano, que fue retirado de su cargo, aunque luego fue restituido.
Defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, asumió una posición contundente de crítica al Estado y de defensa de los comunarios de Chiquiacá.
Dijo, entre otras cosas, que “el Estado no ha cumplido con su obligación de garantizar la consulta previa a las comunidades afectadas” y que tampoco ha proporcionado información suficiente sobre las afectaciones que pueda sufrir la reserva forestal, comprometiendo el agua, la seguridad alimentaria y el modo de vida de las comunidades indígenas.
Incluso expuso que sus propios requerimientos de información no han sido respondidos con la debida profundidad, lo que provocó preguntas de los comisionados a los representantes del Estado sobre “valor que tienen para el Estado, las recomendaciones del Defensor del pueblo”.
“La Defensoría expresa su preocupación por el ambiente de intimidación de los defensores en Tariquía y en otros casos, en diferentes lugares del país”, dijo Callisaya en la audiencia.
Asimismo, indicó que ha exhortado al Estado boliviano a cumplir con sus compromisos internacionales, en particular el Acuerdo de Escazú, así como los protocolos de consulta previa, libre e informada.
El Estado respondió que en el caso de Tariquía no corresponde hacer consulta previa porque los proyectos petroleros no afectarán el área núcleo de la reserva y porque en la zona no hay pueblos indígenas. En cambio, señaló que se impulsó solo consultas públicas para recoger recomendaciones a diferentes actores de la sociedad.
Los comunarios respondieron que fue el propio gobierno el que achicó el área núcleo de la reserva para que los proyectos queden fuera de la misma, lo que no significa que no vayan a afectar los medios de vida de los pobladores.
La CIDH
El presidente de la CIDH y a la vez relator para Bolivia, José Luis Caballero, dijo que Bolivia debe seguir honrando sus compromisos internacionales y sus mandatos constitucionales en el marco del Estado Plurinacional, por lo que exhortó “muy enfáticamente al diálogo sostenido entre el Estado, las comunidades indígenas, la sociedad civil” y se ofreció a acompañar ese diálogo para avanzar en la solución del problema.
La sociedad civil
La presidenta de la Contiocap, una organización que agrupa a territorios indígenas y áreas protegidas, Ruth Alipaz, contextualizó que Bolivia tiene como única política económica el extractivismo, que está provocando incendios para dotar de tierras a la ganadería, el agronegocio, la palma africana, afectando a los pueblos indígenas.
Citó cuatro casos de criminalización de los defensores ambientales, el de Acre Antequera, el juicio contra los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano por defender el Madidi, el despido de Marcos Uzquiano del Sernap y el proceso penal en contra de los defensores de Tariquía.
Denunció que la justicia acusa a los pueblos indígenas de avasallamientos de las áreas mineras por lo que “nos despojan de nuestros territorios y somos criminalizados como avasalladores”.
Alipaz presentó ante la Comisión 270 casos de ataques y vulneraciones de derechos de defensores ambientales en Bolivia, para que tome nota del riesgo por el que atraviesan en el país.
Francisco Romero, de la Subcentral de comunidades de Tariquía, dijo que los proyectos petroleros significarían “la muerte de esta área protegida, por eso los rechazamos”.
Explicó que el Gobierno pretende desarrollar tres proyectos: Astilleros, Churumas y San Telmo, dividido en dos: San Telmo norte y San Telmo sur.
Indicó que estos proyectos ya cuentan con licencias ambientales y contratos pese a existir resistencia de las comunidades, a las que no se aplicó la consulta previa.
Denunció que, para evitar la consulta, “se ha reducido el área de aprovechamiento y uso múltiple para los habitantes de la zona”.
Romero hizo una recapitulación de la protesta de los comunarios desde el 2017, con marchas, vigilias y votos resolutivos que no han sido escuchados y que, por el contrario, han sido pasados por alto porque el Gobierno reactivó los proyectos e ingresó a la zona sin consentimiento por la comunidad de Cajón.
Juan Mendoza, del Comité de Defensa de Chiquiacá, dijo que él es una de las víctimas del juicio de YPFB y Petrobras.
Explicó que son 10 comunidades que se oponen a la explotación petrolera en la zona, pero “hemos sido atropellados por la policía, han sido vulnerados nuestros derechos”.
“Lamentablemente soy de esas personas, me he sentido muy triste, pero nosotros hemos hecho las cosas legales, transparentes, ha sido duro para nuestra gente, han buscado gente de nuestras comunidades, para decir que nos van a meter a la cárcel, alejar de la familia, seguimos luchando creyendo que vamos a tener justicia”, indicó.
Juanita Martina Mercado, comunaria de Chiquiacá, relató que los comunarios no tienen dinero ni para defenderse, al punto que tienen que vender hasta sus gallinas para trasladarse a las audiencias.
“La policía nos ha pateado, nos han pechado, somos bien humillados, nosotros nos vamos a seguir defendiendo, aunque seamos pechados, humillados. Es penoso que la empresa no nos respete”, señaló.
Lamentó que las petroleras hayan dividido a las comunidades e incluso a las familias para obtener la autorización prometiendo grandes cosas cuando “solo tendremos migajas”.
El Gobierno
La gerente legal corporativa de YPFB, Julia Esther Gonzales Magarzo, fue dura en sus comentarios contra los comunarios de Tariquía, a quienes llamó “grupo de autodenominados ambientalistas y defensores de la madre tierra, quienes se han opuesto a las actividades legítimas de YPFB y Petrobras”.
Señaló que la oposición a estas actividades “ha llevado a actos de violencia y agresión que no pueden ser ignorados”.
Aseguró que sus funcionarios “han sido objeto de agresiones físicas como verbales, así como de ataques a su libertad de trabajo”.
Y fue señalando uno por uno los delitos por lo que se acusa a los comunarios, entre ellos impedir el ejercicio de funciones, instigación pública a delinquir, amenazas.
“Las acciones llevadas a cabo no representan una criminalización, todo ciudadano tiene derecho a expresarse, pero no puede ser usado como justificación de la violencia”, dijo.
En su criterio, la denuncia presentada ante la CIDH es “un intento por desvirtuar los hechos de sus acciones ilícitas”. Pese a eso, dijo estar dispuesta al diálogo.
El viceministro de Hidrocarburos, Freddy Gustavo Velásquez Robles, dijo que el proyecto de San Telmo carece de licencia ambiental, por lo que los funcionarios solo estaban entrando a recoger información para el estudio de impacto ambiental analítico específico.
Aseguró que no llevaron maquinaria y que los proyectos no están dentro de la reserva. “Considerando que el proyecto de perforación no se sobrepone a territorios indígenas originarios campesinos, no corresponde realizar la consulta previa”, dijo, sin embargo, señaló que se hizo consulta pública para “recoger las observaciones, sugerencias, complementaciones y recomendaciones de la población”.
“Esa delegación se encuentra abierta al diálogo que creemos beneficiará a Bolivia”, mencionó al final.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, prefirió referirse a aspectos macro y no al caso específico de Tariquía, por lo que dijo que Bolivia tiene una amplia gama de derechos reconocidos en la Constitución, que respeta a los pueblos indígenas y que la consulta se aplica adecuadamente.
Puedes ver la audiencia completa aquí:
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