Eliana Quiroz directora ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia. Foto: Captura de pantalla transmisión de la Defensoría del Pueblo
Durante el evento de «Presentación de los informes para el Examen Periódico Universal (EPU) de Bolivia», realizado por las organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, la integrante del Directorio y coordinadora de Proyectos de la Fundación Internet Bolivia, Eliana Quiroz, advirtió que la violencia digital, aunque es real y creciente, no está reconocida ni tipificada en el país, por lo que el vacío legal invisibiliza este problema que afecta mayormente a las mujeres.
Una problemática sin datos oficiales
En 2023, el Ministerio Público registró 51.770 casos de violencia de género -recuerda Quiroz- pero no existen estadísticas oficiales sobre agresiones digitales. «El Estado boliviano no ha recibido ninguna recomendación al respecto. Estamos intentando empujar una agenda que aborde estos derechos digitales», señaló.
La Fundación Internet Bolivia ha documentado algunos casos: 86 en 2021, 61 en 2022 y 112 en 2023, pero estos números apenas rozan la superficie del problema.
Quiroz enfatizó que la falta de tipificación legal deja fuera delitos como la extorsión digital, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y otros, por lo que una de las recomendaciones clave es incluir estas formas de violencia en la Ley 348 o el Código Penal, así como generar estadísticas estatales que dimensionen el problema.
Una encuesta de Fundación Internet y Oxfam reveló que el 75% de las mujeres políticas en Bolivia enfrentaron violencia en línea durante las últimas elecciones. Quiroz resaltó que las mujeres son un grupo especialmente vulnerable, por lo que es urgente garantizarles acceso a justicia y mecanismos de protección efectivos. “Estas agresiones no solo son una violación a sus derechos, sino que limitan su participación en espacios públicos y políticos”, dijo.
Brecha digital y propuestas para un marco legal
Además, Bolivia enfrenta una persistente brecha digital. Entre el 60% y 65% de la población utiliza internet, pero el acceso es desigual, y el resto ni lo utiliza. «No todas las personas utilizamos el mismo Internet, algunas utilizamos un internet más rápido y más barato y otras personas tienen que comprar datos cada día, y además ni siquiera cada día sino cuando lo necesitan, y tienen una conectividad diferente con menos posibilidades de acceder a información y de poner su voz en internet», explicó Quiroz.
La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización, pero también evidenció las profundas desigualdades en acceso y calidad de la conectividad.
En temas de protección de datos personales, Bolivia carece de una legislación específica. A pesar de propuestas legislativas y esfuerzos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), estas iniciativas no han avanzado. En ese sentido, Quiroz recomendó que cualquier normativa futura contemple una autoridad independiente que garantice la aplicación efectiva de la ley.
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