El equipo de la CIDH escuchó a los representantes indígenas en San Ignacio y ya emitió sus impresiones preliminares. Foto: CEJIS
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Mientras el Relator Especial (REDESCA) de la CIDH, Javier Palummo, visitaba el país la semana pasada, todavía pudo ver arder algunas zonas de la Chiquitanía cuando se trasladaba vía aérea hacia San Ignacio de Velasco. Eso se refleja en su comunicado preliminar sobre esa visita, en el que además observa que la deforestación sin precedentes está “impulsada por un marco normativo que facilita el desmonte y la quema de bosques, (un paquete de normas) conocidas como ‘leyes incendiarias’”.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estuvo de visita de trabajo en Bolivia, entre el 9 y el 11 de diciembre. En esta estadía mantuvo reuniones en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y San Ignacio de Velasco. En su visita pudo escuchar a comunarios y dirigentes de los territorios indígenas de la Nación Cavineña, Chácobo Pacahuara, Monte Verde, Lomerío y Zapocó, además de representantes de sus organizaciones.
En su informe preliminar, la REDESCA afirma que “los incendios forestales tuvieron un impacto significativo, incluyendo el desplazamiento de poblaciones locales, la alteración de los medios y modos de vida, y el deterioro de los recursos naturales esenciales para la subsistencia de las comunidades”.
“Como resultado de la magnitud del desastre —continúa—, comunidades enteras se vieron obligadas a evacuar, dejando atrás hogares y territorios completamente devastados. También se documentaron afectaciones en la educación de niños, niñas y adolescentes debido a la pérdida de clases, así como impactos significativos en la salud mental de las comunidades, que reportan altos niveles de estrés y ansiedad (…) Las comunidades indígenas y rurales, que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, enfrentaron niveles aún más severos de contaminación, lo que provocó efectos inmediatos, como el aumento de enfermedades respiratorias agudas y riesgos a largo plazo para la salud cardiovascular y pulmonar”.
El CEJIS, a través de su Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA), reporta que este año se identifican 2,6 millones de hectáreas con cicatrices de incendio en los territorios indígenas más afectados, lo que representa el 20,6 % de 13 millones de hectáreas reconocidas como propiedad colectiva de los pueblos indígenas en tierras bajas del país.
La REDESCA recogió datos oficiales que muestran que, en Santa Cruz, más del 60% de las hectáreas afectadas fueron áreas boscosas, mientras que un 38% del territorio de pueblos indígenas resultó impactado.
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