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El análisis del gasto del presupuesto público, por sector económico, establece una fuerte concentración de recursos asignados a la Administración General, que absorbe el 27% del presupuesto total; además de un peso desproporcionado de la burocracia que cubre sueldos, beneficios laborales y servicios no personales, por lo que urge reducir esos gastos para enfrentar el déficit fiscal, según un estudio realizado por Fundación Jubileo.
“Cuando vemos por sector económico a detalle, vemos que la gran mayor parte de los recursos es para gasto administrativo, para gasto burocrático”, señaló el especialista en presupuestos públicos de Fundación Jubileo, René Martínez, al hacer énfasis en que el gasto muestra una fuerte concentración de los recursos asignados a Administración General que absorbe 27% del presupuesto total.
Esto subraya el peso desproporcionado de la burocracia cubriendo principalmente sueldos, beneficios laborales y servicios no personales, y destaca la urgencia de implementar medidas que incrementen la eficiencia y recorten los gastos superfluos. Reducir estos gastos es esencial para enfrentar el déficit fiscal, que estaría cerca de 10% del Producto Interno Bruto (PIB), y para asegurar una mejor sostenibilidad en la gestión de los recursos públicos, disminuyendo así la dependencia del endeudamiento público.
El sector de Educación recibe 19% del presupuesto, con una asignación prioritaria. En Salud, 12% del presupuesto total del Gobierno General (Gobierno Central, gobernaciones, municipios y otras entidades estatales) prioriza el funcionamiento y los gastos corrientes para mantener la operatividad de los servicios de salud, asegurando la provisión de personal y otros recursos. La inversión en infraestructura y equipamiento médico es menor.
El gasto en Transportes (caminos y otros) abarca 6% del total y destaca por su proporción destinada a proyectos de inversión, reflejando una apuesta importante en infraestructura vial.
El presupuesto de gastos de las universidades públicas del país asciende a 5.796 millones de bolivianos, con el 5% y quinta prioridad en el destino de los recursos.
El análisis del gasto por sector económico evidencia una realidad donde la Administración General sigue teniendo un peso considerable en la asignación de los recursos, lo cual plantea la necesidad de ajustar el gasto administrativo y liberar fondos que puedan ser utilizados de manera más eficiente. Este enfoque en la optimización del gasto resulta crucial para mejorar la sostenibilidad fiscal sin necesariamente incurrir en gastos que no correspondan a las necesidades reales del país.
Por otro lado, el análisis del gasto del Gobierno General muestra una discrepancia entre la clasificación por finalidad y función, y la distribución por sector económico; ya que mientras la finalidad de Asuntos Económicos absorbe 22% del presupuesto y se posiciona como el propósito principal de la asignación de recursos, sugiriendo un enfoque orientado al desarrollo económico y proyectos de infraestructura clave como el transporte vial, la realidad presentada en la clasificación por sector económico revela que el mayor gasto (27%) se concentra en Administración General.
Esta diferencia sugiere que, a pesar de las intenciones declaradas de promover el desarrollo económico y otras áreas productivas, en la práctica, una parte significativa de los recursos se destina al mantenimiento de la estructura burocrática, además de la gestión de la deuda pública.
También refleja un uso de los recursos que podría estar priorizando la sostenibilidad del aparato administrativo y el cumplimiento de obligaciones financieras sobre el impulso efectivo de políticas que generen crecimiento y empleo.
La disparidad entre las asignaciones proyectadas para cumplir con finalidades estratégicas y la realidad económica del gasto apunta a la necesidad de revisar la eficiencia del gasto público y de implementar medidas que reduzcan costos operativos innecesarios para mitigar el déficit fiscal y optimizar el uso de los recursos en función de las verdaderas necesidades del país.
Este análisis se basa en el Presupuesto General del Estado vigente para la gestión 2024, mediante una metodología que combina una sistematización y revisión exhaustiva por niveles de gobierno, clasificada tanto por finalidad y función, como por sector económico.
Este enfoque integral permite visualizar la distribución y el destino de los recursos públicos en Bolivia, destacando las principales tendencias en su asignación y uso. Si bien se ha analizado la gestión 2024, el presupuesto normalmente se define con tendencias que se mueven en el mediano o largo plazo, por lo que es una muestra de la tendencia general de los últimos años.
El análisis de la distribución del presupuesto público en Bolivia pone de manifiesto desafíos y contradicciones en la gestión y asignación de recursos, especialmente al contrastar los objetivos declarados por finalidades y funciones con la distribución efectiva del gasto según sector económico. Así, mientras las finalidades apuntan a promover el crecimiento económico, la equidad y el fortalecimiento de servicios esenciales, la asignación según sector económico parece desviarse hacia el mantenimiento de la estructura burocrática y la gestión de la deuda pública.
La Fundación repara en el cuestionamiento al cumplimiento del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que el Gobierno ha impulsado durante casi 20 años. A pesar de la retórica oficial que promueve la diversificación económica y la industrialización, el presupuesto muestra que sectores clave para la diversificación, como la industria y la agricultura, reciben asignaciones significativamente menores respecto a otros sectores orientados a mantener la burocracia estatal. Esto subraya la necesidad urgente de reevaluar, alinear el presupuesto público y promover la sostenibilidad fiscal, para reducir el déficit fiscal, según el reporte.
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